El coste humano de la renovación urbana de Bogotá
La alcaldía ha recibido un aluvión de críticas por el trato que han recibido las personas desalojadas de un barrio conflictivo
Las lecturas juveniles de Alberto López de Mesa parecían una premonición de lo que sería su vida algunos años después: Huckleberry Finn, Oliver Twist o Los Miserables ocupaban un lugar privilegiado en su estantería. “Fíjate qué callejeros”, dice frente a un café en un bar del barrio Chapinero, su favorito de Bogotá. Alberto vivió en la calle durante 12 años como consecuencia del consumo de drogas, ahora lleva casi un año limpio y fuera de las calles.
Bogotá tiene un centro histórico colonial bonito pero pequeño, y lo que lo rodea está en gran estado de abandono y según qué días de suciedad. Los habitantes de calle, término usado para desterrar desechable como sinónimo de vagabundo, y consumidores de drogas se encuentran en cualquier punto y en cualquier situación, desde consumiendo hasta haciendo sus necesidades. El proyecto de renovación urbana de Bogotá ha recibido un mar de críticas, sobre todo desde la intervención del Bronx, un foco de suciedad, drogas y delincuencia, por la deficiente atención que han recibido las personas vulnerables que se encontraban dentro.
Uno de los problemas a los que se enfrenta Bogotá es la existencia de ollas —zonas de expendio de drogas— en varias zonas de la ciudad. Johan Avendaño, geógrafo de la Universidad Central y especialista en análisis de políticas públicas, explica la creación de estos espacios con la llegada a la ciudad a mediados del siglo pasado de poblaciones populares que se asentaron en lo que hasta entonces eran barrios de élites que se fueron hacia el norte y cuyas casas fueron subdivididas y sobreocupadas. “Asociado a ese uso intensivo se empiezan a vincular en el imaginario, no tanto en la realidad, a actividades ilegales”, añade.
La intervención en el Bronx
El Cartucho fue la primera olla de Bogotá y en 1999 fue desalojada durante el primer mandato del actual alcalde Enrique Peñalosa. Alberto iba esporádicamente. “Yo todavía tenía una vida social activa, controlaba la droga porque estaba en una etapa que la llaman técnicamente de funcionalidad”, cuenta. Tras el desalojo del Cartucho, otra olla de menor tamaño que ya existía al otro lado de la calle, se potenció. Era el Bronx. “Como consecuencia de la cosa, para dónde se van los jíbaros —vendedores de droga— y para dónde nos vamos los callejeros: al Bronx. Y aquello empieza a volverse un emporio increíble”, recuerda Alberto.
El 28 de mayo de 2016 Alberto había salido de uno de los centros de paso que ofrece la Secretaría de Integración Social para los habitantes de calle. “Acababa de pasar ocho días en el hospital por una anemia tenaz y ese día yo tenía mi platica y dije: '¡Voy a consumir un rato!”. Su intención era entrar al Bronx, donde pasaba el tiempo desde 2009, a fumar basuco, una droga procedente de la base de la cocaína, de ahí su nombre, muy destructiva y adictiva. De camino vio cómo se bajaban policías de camiones de reparto. “Ellos me veían que yo venía bien vestidito, llevaba días de reposo y no se metieron conmigo. Yo pensé. ‘Hijueputa no puedo entrar, ¡operativo!’. Fue verraquísimo”.
Uno de los problemas a los que se enfrenta Bogotá es la existencia de ollas —zonas de expendio de drogas— en varias zonas de la ciudad
A la Ele, como también eran conocidas estas tres calles, ese día entraron 2.250 policías, fiscales, y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), todo rodeado por un anillo de seguridad del Ejército. Lo que se encontraron dentro ocupó portadas de periódicos y trascendió las fronteras colombianas. “Había evidencia de explotación sexual de menores, instrumentalización de habitantes de calle, asesinato de manera selectiva, y otros delitos como tráfico de armas, receptación de objetos hurtados, tráfico al por mayor de sustancias estupefacientes, prostitución a gran escala y era una zona donde las autoridades no tenían control territorial”, enumera Daniel Mejía, Secretario de Seguridad del Distrito.
Las razones para entrar en el Bronx se sustentan en tres objetivos: retomar el control territorial de la zona para acabar con el microtráfico, restablecer los derechos de los habitantes de calle y menores del lugar, y finalmente, el proyecto de renovación urbana. Existe unanimidad en que era necesario terminar con los delitos que se cometían en El Bronx, pero la Alcaldía ha recibido muchas críticas por la manera en la que fue gestionada la atención a los habitantes de calle que salieron del lugar y porque tras la intervención hubo una diáspora de estas personas por toda la ciudad.
Proceso de renovación urbana
Muchas críticas comparan la intervención en El Cartucho con la de El Bronx. Alberto tiene claro cuáles fueron las razones para intervenir la primera olla en 1999. “A Peñalosa le interesaba desalojar la zona, es un discurso del corte de la gentrificación: yo dejo que eso se deteriore, el precio de la tierra me baja y cuando yo los tenga los pongo al precio que quiera”. Son las mismas críticas que está recibiendo la alcaldía por la intervención en el Bronx, unido a la poca respuesta con los habitantes de calle.
Marcela Tovar, directora del Centro de Pensamiento y Acción y la Transición (CPAT), comparte la opinión. En un informe de su organización llamado Después del Bronx se recoge la variación del precio del suelo de El Cartucho: “La compra de predios que se dio a partir de 1999 se realizó a un valor de menos de 400.000 pesos de hoy (unos 130 euros) por metro cuadrado de suelo”, por su parte, y según datos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, “los actuales valores de referencia del suelo alcanzan un valor de 4,7 millones de pesos (1.547 euros) en la zona sin desarrollar y de 10,5 millones pesos por metro cuadrado en la zona comercial construida (3.457 euros)”.
Por lo tanto, es evidente que la zona en la que hoy se encuentra el Parque Tercer Milenio ha sido exitosa en materia de valorización del suelo, pero no tanto en materia de recuperación y uso efectivo de los espacios, así como en el tratamiento humano a las personas que hacían uso de ese suelo antes de la intervención. Adriana Lloreda, de la ONG Parces, asegura que nadie utiliza ese parque: “A mí me parece muy importante que una ciudad cuente con parques, Bogotá apenas tiene, pero este no se utiliza. No sé por qué, no sé si existe una estigmatización en el imaginario de las personas y la gente siente que es muy peligroso”.
El proyecto que existe para el espacio que ocupaba el Bronx comprende la construcción de viviendas, locales comerciales, la nueva Alcaldía Local del barrio de Los Mártires y se contempla una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Avendaño asegura que en esta zona de Bogotá se va a producir “una gentrificación que va a tener que buscar un término complementario porque no es solamente el regreso de la élite en términos físicos, allí vamos a tener posiblemente una gentrificación que yo denomino comercial”.
Ventanas rotas
Se teme que con el desalojo del Bronx la gente que vivía y consumía ahí se dirija a otras zonas de la ciudad y se potencien otras ollas que ya existen. En el Bronx operaban siete ganchos —organizaciones expendedoras de droga — cuyos líderes no han sido capturados. El secretario de Seguridad lo explica diciendo que dos de los líderes fueron detenidos hace más de un año y que uno fue puesto en libertad y el otro se encuentra en arresto domiciliario. Sin embargo, quedan otros cinco que no han sido procesados. El día de la intervención se detuvo a 21 personas que hoy en día se encuentran en prisión.
“Veo que funciona a manera de una red, tiene jerarquías, estructuras, y por eso haberlo acabado físicamente es una solución de payasos”, asegura Avendaño. Esas redes, que no han sido desmanteladas, probablemente encuentren un nuevo Bronx en el que operar. Ahí es donde surgen las dudas sobre la verdadera intención de la alcaldía al intervenir estos espacios, tan cercanos al centro. Avendaño cree que el acalde Peñalosa “busca este lugar porque cruza avenidas principales, es el eje de uno de los comercios más fuertes que tiene Bogotá, y había que sacarle una renta al suelo, pero con viciosos, prostitutas, todas las cosas que siempre han estado, pues no lo podían desarrollar”.
El Bronx era un barrio sin ley. Había evidencia de explotación sexual de menores, asesinatos y tráfico de armas entre otros muchos delitos
Daniel Mejía reconoce que, de alguna manera, la política de recuperación del espacio público se apoya en la teoría de las ventanas rotas. Asegura que el mantenimiento de los espacios de la ciudad limpios y cuidados reduce las tasas de vandalismo y criminalidad. “La gente dice que el desorden y la falta de iluminación no generan crimen, no estoy tan seguro de eso, y la percepción se ve afectada mucho. Que no existan evaluaciones no significa que no funcione, significa que no existen evaluaciones”, asegura el secretario de Seguridad. En el mes posterior a la intervención, los atracos aumentaron en Bogotá, sin embargo, en el cómputo anual le acompañan las cifras, pues todos los indicadores de seguridad que se refieren a crímenes a la propiedad se han reducido, excepto el robo a vehículos que ha aumentado en casi un 15%.
El secretario reconoce el problema de desplazamiento de habitantes de calle y lo justifica asegurando que evitando las aglomeraciones se evitaba el establecimiento de nuevos puntos de venta, por eso la policía desplazaba grupos enteros de habitantes de calle de unas calles a otras. Aun así, reconoce que volvería a tomar la decisión de intervenir: “Yo te soy sincero, un solo niño rescatado justificaba la operación, y fueron 173. Incluso, te lo digo y lo sostengo, con el desplazamiento posterior que hubo de habitantes de calle, lo volvería a hacer”.
El factor humano
Tras la intervención del Bronx, Parces hizo un seguimiento de los habitantes de calle a través de una serie de trabajos de campo y con lo observado y los testimonios de los propios afectados llegó a una serie de conclusiones entre las que destacan las siguientes: violencia policial, desplazamiento de los habitantes de calle especialmente del centro de la ciudad y violencia y rechazo ciudadano. Además, las cifras de asesinatos y desapariciones no son claras. “En campo se referencian más desapariciones que las cifras oficiales y es difícil de contrastar dado que la administración no ha llevado a cabo un censo en los nuevos lugares de asentamiento”, reza el informe. Además, critican que lo que desde la administración se llama “ayuda integral” en realidad se refiere a apuntar su nombre, proporcionarles baño, y cortarles el pelo.
La secretaria de Integración Social, María Consuelo Araújo, se acoge al fallo de 2015 de la Corte Constitucional que ampara el libre desarrollo de la personalidad de los habitantes de calle e impide a las instituciones obligarles a aceptar los servicios del distrito. “Nosotros tenemos que respetar la Constitución de Colombia y la ley, no podemos coartar la libertad de nadie ni doblegar la autonomía de ninguna persona”, señala. Sin embargo, este dato se sabía antes de la intervención, y no se diseñaron ofertas los suficientemente atractivas para los potenciales usuarios. “¿Cómo voy a meter en un sitio a una persona que ha hecho de la ciudad su hábitat, en un espacio de 4x4?”, se pregunta Johan Avendaño. “Ellos vienen de sentir de otra manera la ciudad, por supuesto va a ser un fracaso” añade.
Una de las opciones que se plantean es la creación de espacios de consumo higiénico y supervisado, pero en Integración Social están trabajando “en que no exista el consumo controlado entre otras cosas porque al basuco científicamente todavía no se le ha encontrado un sustituto”, señala la secretaria. El Distrito aboga por un proceso de abstención e internación en los centros que ofertan, pese a que este método tampoco garantiza científicamente la rehabilitación. Uno de estos centros es El Camino, que ofrece un proceso de nueve meses de duración para superar la adicción a las drogas, pero los resultados no son los más alentadores. Aunque no existen datos registrados, el índice de éxito varía entre el 2 y el 3% según algunos internos y el 10% según su director, Bernardo Franco.
Alberto hizo todo el proceso en El Camino y a los siete meses de estar limpio recayó, “con el mismo rasero que se cura el alcoholismo curan todo lo demás, desde anorexia al basuco, todo con el mismo método. Los fracasos con el basuco son tenaces”, señala. Ahora, Alberto lleva un año limpio y fuera de la calle: “Los religiosos dicen que Dios participó, las instituciones dicen ‘cuánto les ayudamos’, pero yo digo que fue inspiración, más sencillo, más tranquilo”.
