¿Se puede combatir la discriminación de género?

ANTES DE casarse, Sonia (nombre ficticio) y su entonces marido decidieron que ella abandonaría su trabajo. A partir de ese momento llevaría la casa y, con el tiempo, cuidaría de sus hijos, dos chicas que hoy tienen 22 y 20 años y acaban de hacerla abuela. Unos años después sobrevino el divorcio y los problemas con el pago de la manutención. Tras más de un decenio sin desempeñar un cargo remunerado, Sonia tuvo que volver a buscar empleo. Y los puestos –“limpiando un museo, un laboratorio…”– se fueron encadenando. “Casi todos han sido a tiempo completo, pero siempre trabajos temporales”, explica esta burgalesa de 50 años. Unos contratos alcanzan los tres meses, otros siete días. Alguno apenas cubre un fin de semana. “Y a veces requieren traslados de una hora y media, con lo que el sueldo ni siquiera te alcanza”. Antes de la crisis, y de su matrimonio, Sonia se ganaba el sueldo realizando tareas de limpieza doméstica o cuidando enfermos o ancianos. “Pero eso ahora lo hacen los familiares”. Esta mujer tiene muy clara la palabra con la que definiría su coyuntura: “Incertidumbre”. Lo significativo es que su caso se encuentra lejos de ser algo excepcional.

La atención a niños y dependientes junto con las tareas domésticas suponen cargas que casi invariablemente, y en cualquier latitud y contexto, recaen sobre las mujeres. Muchas veces gratuitamente. Por doquier, ellas tienden a especializarse en este tipo de trabajos no pagados, en oposición a los empleos de los hombres, asalariados. Como señala Nilüfer Çagatay, experta de ONU Mujeres, lo hacen en una proporción global de 2,5 veces más. “De ahí que necesitemos expandir nuestra visión de la economía más allá del dinero, porque las mujeres llevan a cabo una labor no reconocida pero fundamental para cubrir las necesidades de los seres humanos”. Hace falta reflexionar sobre lo que realmente significa trabajar, y cómo, cuánto y por qué se prolonga esa actividad a lo largo de la jornada. Para las mujeres, esos esfuerzos se acaban convirtiendo en horas extras de balde: según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) extraídos a finales de 2015 de 65 países desarrollados, ellas pasan de media 4 horas y 20 minutos llevando a cabo tareas no remuneradas, casi el doble que las 2 horas y 16 minutos que invierten ellos.

Para el desarrollo profesional de Sonia, mantener sola a sus hijas le ha supuesto “simplemente, un lastre”. “Me han ofrecido trabajos fuera de Burgos, pero cuando pides la conciliación te borran de la lista de candidatos”. La traducción de la mayor implicación femenina en los cuidados y las tareas domésticas se resume en que muchas mujeres tienen que conformarse con que, fuera de casa, solo cuenten con ellas en puestos a tiempo parcial o temporales. En la UE de los 28, según Eurostat, en 2015 los contratos de jornada parcial sumaban 42.097.000 (19,6% del empleo total), de los que 31.820.000 correspondían a mujeres y 10.277.000 a hombres. Una proporción –en torno al triple– muy similar a la de España. Esos trabajos, añade Çagatay, “plantea un impedimento para su integración en la economía formal y es causa de desigualdades como la brecha salarial o la inferioridad de estatus”. ¿Un ejemplo flagrante de este último caso? A junio de 2016, solo un 22,8% de los parlamentarios del mundo eran mujeres, mientras que una decena habían alcanzado el nivel de jefas de Estado y nueve el de presidentas nacionales.

Un claro inconveniente de este desequilibrio procede del hecho de que se trata de un sesgo “involuntario”. No es una elección, sino todo lo contrario. En una encuesta reciente se preguntó a mujeres de 142 países qué percibían como un reto a la hora de ingresar en el mundo laboral. “Y las que no forman parte del mercado señalaron que querrían incorporarse, pero no pueden”, subraya Verónica Escudero, investigadora de la OIT, que apunta que en ese sondeo “se mencionó casi universalmente como razón la imposibilidad de conciliar familia y empleo, dado que no se ofrece ni flexibilidad horaria ni acceso asequible a cuidadores”. El encadenamiento del trabajo no remunerado con la precariedad desemboca a su vez, como ilustra la también investigadora Sheena Yoon, “en una segregación ocupacional”: la mayoría de mujeres, un 62%, se colocan en el sector servicios, que engloba desde el turismo y la hostelería hasta las ventas o la educación. La agricultura y la industria, del otro lado, son coto de los hombres.

Islandia, el país con mejores condiciones laborales para las mujeres, tiene una brecha salarial del 17,5%.

La muy documentada “sobrerrepresentación” de las mujeres en el sector terciario y, sobre todo, en los espacios de mayor inestabilidad y pobreza se acrecienta inevitablemente con las crisis económicas. De ahí que en España “la reducción de la inversión pública en los servicios haya penalizado particularmente a las mujeres”, como indica Cristina Borderías, experta en desigualdades de género de la Universidad de Barcelona. Como le ha ocurrido a Sonia, que de soltera se ganaba la vida cuidando a dependientes, ya que hoy día son sobre todo las mujeres del entorno las que cubren estas necesidades gratuitamente. Desde entidades como ONU Mujeres se intenta llevar a cabo acciones que ayuden a equilibrar la balanza, desde analizar qué significa trabajar hasta dar soporte a las estructuras legales de los diferentes países. “Pero un problema importante es que en las crisis se tiende a construir infraestructuras físicas para potenciar la creación de empleo, cuando esos trabajos van a parar generalmente a hombres”, alerta Çagatay. Una solución pasaría, según recomienda la experta, por “fomentar las infraestructuras de asistencia y cuidados de personas”.

En países como Islandia hace décadas que combaten la discriminación de género tanto desde el activismo como a través de las instituciones. Un reflejo de los resultados puede verse en un dato: en los últimos ocho años, el país ha alcanzado el mejor resultado en la lista del informe que elabora el Foro Económico Mundial sobre las brechas de género. En el documento de 2016, España se sitúa en el número 29. “La experiencia de otros países muestra que es posible implantar medidas”, subraya Borderías. “No hablamos de una revolución, sino de reformas razonables que benefician a toda la sociedad”. Los remedios abarcan desde la reducción de la jornada para hombres y mujeres hasta la implementación de políticas de conciliación, así como los permisos de paternidad y maternidad intransferibles, la inversión en guarderías públicas o las políticas fiscales.

Incluso en Islandia, aún no se puede hablar de unas condiciones laborales igualitarias. Allí, por ejemplo, la brecha salarial continúa siendo pronunciada: en 2015 ascendía al 17,5%. “Debemos entender que no se puede castigar a la mujer por tener hijos y cuidar de ellos, y que hay que tomar medidas no solo en lo que se refiere a los salarios, sino también en cuanto al reconocimiento social”, receta Çagatay. De lo contrario, se malgasta el potencial y se generan repercusiones: “Desde las éticas, ya que vives sabiendo del sufrimiento del otro, hasta las políticas, dado que crecen las tasas de desempleo generales, lo que provoca un aumento de la violencia social. Eso sin mencionar las consecuencias físicas y mentales, puesto que a mayor desigualdad, más casos de suicidios y depresiones”.