El impacto del comercio justo: el cambio de mentalidad a largo plazo

Hay muchos enfoques para identificar el impacto que están teniendo las relaciones de comercio justo y solidario en las comunidades de pertenencia de pequeños productores y trabajadores, agrícolas y artesanales. También, naturalmente, hay muchas dimensiones del desarrollo que podemos considerar para ver qué tipo de cambios están ocurriendo: aspectos económicos, de ingresos, de sostenibilidad del negocio, entre otros; aspectos sociales, de educación, salud, de fortalecimiento de la asociatividad o del tejido comunitario; aspectos ambientales, de manejo de los recursos naturales, adaptación a los efectos negativos del calentamiento global; y aspectos políticos, relacionados con el empoderamiento de actores económicos que nunca antes han entendido realmente su potencial. Quizás porque no se lo hemos permitido.

Pero también hay aspectos culturales profundos, que quizás no sean tan fáciles de identificar o de cuantificar, pero que realmente resultan ser muy relevantes si queremos cambiar ciertos esquemas económico preestablecidos. Aquí les presentaré una breve historia, un caso para mí digno de ser contado y ojalá replicado por otras asociaciones de trabajadores que trabajan en plantaciones bananeras privadas certificadas Fairtrade.

Durante la primera semana de marzo pude acompañar en sus procesos a trabajadores rurales de varias empresas privadas del Urabá Antioqueño (Colombia), que comercializan sus bananos a través de los circuitos Fairtrade. Y también tuve la oportunidad de visitar dos de ellas. Les contaré la experiencia que se está viviendo dentro de la empresa “Finca La Frontera”, donde los trabajadores de la empresa, asociados en la “Corporación Social Eurofrontera” (corporación es el término que se usa en Colombia para este tipo de asociaciones de trabajadores), se preguntaron: “¿Qué haremos si un día la empresa deje de vender bananos en condiciones de comercio justo?” La pregunta es muy pertinente, porque la existencia de la asociación de trabajadores depende del premio de comercio justo (1 dólar por caja de banano vendida bajo criterios Fairtrade), que representan los ingresos que los trabajadores de empresas certificadas reciben para implementar proyectos sociales y mejorar las condiciones de vida de sus familias y la comunidad de acuerdo a los criterios de comercio justo.

Me reciben Julieth, secretaria de la corporación, Javier Antonio, representante de la junta de la corporación, y Luis Carlos, administrador general de Finca La Frontera y representante de la empresa en el Comité de Trabajadores Fairtrade de la misma.

“En marzo de 2007 conformamos la corporación”, comenta Julieth, “cuando empezamos a trabajar bajo estándares Fairtrade. Ahora representamos a 37 trabajadores, de los cuales 4 de administración, trabajando en una extensión de 48 hectáreas bananeras. Realmente es una finca pequeña, una empresa familiar y las relaciones también son así”. A parte una trabajadora, comenta Javier Antonio, “todos vivimos en este corregimiento de Currulao (Turbo) y la edad promedio están en los 40 años. Los más antiguos llevan 20 o 25 años en la empresa”. Para responder a esa pertinente pregunta sobre la sostenibilidad de la asociación, los trabajadores de la finca decidieron apostarle a un proyecto productivo propio: fue así que, con aportaciones del premio Fairtrade, compraron una parcela, donde se producen plátanos (no los bananos convencionales como fruta para postre), también para la exportación. “De momento solo estamos produciendo plántanos en la parcela, pero en un futuro quisiéramos incluir otros cultivos e incluso animales de corral para responder a diferentes necesidades”, explica Javier Antonio.

Al lado la parcela, se construyó la infraestructura necesaria para el manejo de la fruta y también la vivienda de la familia del trabajador que cuida el terreno. “El premio Fairtrade nos dio para la inversión, y ahora las mismas ventas de esta parcela, nos dan para cubrir el sueldo, la seguridad social y garantías prestacionales del trabajador, además de los gastos de la vivienda, ya que la familia no paga arriendo”, comenta Julieth. “Finalmente, la parcela está generando otros ingresos para la corporación de trabajadores, así no dependemos solo del premio Fairtrade y podemos hacer mejores inversiones en los aspectos sociales identificados en las familias y la comunidad”, explica Javier Antonio.

“Este activo”, sigue Luis Carlos, “ya está contribuyendo a los proyectos sociales de la corporación. Fundamentalmente en ámbito educativo, donde estamos apoyando concretamente a los procesos educacionales de muchos jóvenes”. En la parcela, sigue Luis Carlos, “estamos mejorando las condiciones de productividad, aunque el objetivo no es la alta rentabilidad: su objetivo de fondo es que, en la eventualidad de que ya dejemos de recibir premio Fairtrade, los trabajadores tengan otros ingresos para mantener sus apoyos a la comunidad desde la corporación, y puedan manejar ellos mismos los activos que la corporación tenga. Como es el caso de esta parcela de tres hectáreas”.

Es el comienzo de un proyecto productivo que representa una apuesta clara a largo plazo, anticipándose a cualquier eventualidad, pero también siendo estratégicos hacia la construcción de un compromiso y un rol más protagónicos de los trabajadores en la comunidad. Los trabajadores, hace tiempo están pensando en la compra de otros terrenos, pero el precio de la tierra en el Urabá se ha disparado, y ya el tema no es tan sencillo. Luis Carlos, calcula que, hoy en día, una hectárea en esta zona puede llegar a costar cien millones de pesos colombianos (34.000 dólares). “De por sí, la compra de la tierra fue una buena inversión; en el peor de los casos, el dinero de la inversión nunca se va a perder; hay que ir más allá claro, pero todo lo que se ha hecho hasta ahora es fruto del trabajo de los trabajadores de la finca. Todo depende de ellos y ellos se han dado cuenta que con el fruto de su trabajo le pueden ayudar a otros también”.

Según Luis Carlos, “lo mejor que pudo haber pasado gracias al comercio justo, es que personas con muy bajos niveles educativos y ningún conocimiento en gestión, como lo eran nuestros trabajadores al principio, ahora puedan asumir responsabilidades en los procesos internos de la finca y hasta puedan, a través de su asociación, construir un proyecto a largo plazo propio, siendo propietarios de una pequeña parcela productiva. Lo mejor es el cambio de mentalidad que ha permitido el comercio justo”. Una cambio de perspectiva importante en el empoderamiento de los trabajadores agrícolas, especialmente en ámbitos rurales como el Urabá en Colombia, una zona con muchísimas necesidades y duramente golpeado por el conflicto armado.