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Marruecos cierra en falso

La fuerza islamista más votada pierde poder en el nuevo Gobierno

El rey Mohamed VI de Marruecos, junto a los miembros de su nuevo Gobierno.
El rey Mohamed VI de Marruecos, junto a los miembros de su nuevo Gobierno.

El nuevo Gobierno nombrado por el rey de Marruecos la pasada semana deja a los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en mal lugar ante sus militantes y electores. Y eso no contribuye a afianzar la estabilidad de la que ha hecho gala Marruecos desde que Mohamed VI heredó el trono en 1999. El PJD ganó las legislativas del 7 de octubre con los mejores resultados de su historia: 125 escaños sobre los 395 del Parlamento, superando en 18 diputados el resultado de las elecciones de 2011, donde también vencieron. Para gobernar, le hacía falta fraguar alianzas con otros partidos.

El secretario general del PJD y jefe de Gobierno hasta hace un mes, Abdelilah Benkirán, se negó a aceptar las condiciones que le exigían las otras fuerzas políticas, en su mayoría próximas a las directrices del Palacio Real. Finalmente, el rey destituyó a Benkirán y nombró jefe de Gobierno al número dos del PJD, Saadedín el Otmani. El Otmani aceptó en cinco días todo lo que Benkirán había rechazado durante cinco meses. Y por fin, la semana pasada el rey pudo nombrar Gobierno, con seis partidos y 39 carteras, y donde los islamistas, que aportan el 52% de los parlamentarios a la coalición, solo dispondrán de 11 carteras (el 28% del total).

Que nadie se llame a engaño. Los islamistas del PJD, más allá de asumir las directrices del Gobierno, tienen sus propia escala de valores. El propio Benkirán, que acaba de renunciar a su acta de diputado, denunció en 2015 a un canal público por retransmitir un concierto de Jennifer López. Sin embargo, nadie gana debilitando a los islamistas del PJD, quienes —a diferencias de otros musulmanes marroquíes— han aceptado al rey como líder espiritual de los creyentes y han sido leales al jefe de Estado. Un Gobierno que no refleja el resultado de las urnas contribuye al descrédito de la política en un país donde, en las últimas elecciones, solo votaron 5,7 millones de personas de los 28 que podían hacerlo.

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