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Bahréin ha desaparecido del radar (informativo)

El régimen cambia la Constitución para poder juzgar civiles en tribunales militares

Bahréin ha desaparecido del radar (informativo)

Bahréin ha desaparecido del radar. No es que las aguas del golfo Pérsico se hayan tragado a ese pequeño archipiélago árabe, es que ya no aparece en los medios de comunicación internacionales. Los problemas de sus 1,4 millones de habitantes (la mitad de ellos extranjeros) quedan eclipsados ante los dramas de Yemen, Siria o la ciudad iraquí de Mosul. Sin embargo, la herida sectaria no ha dejado de agravarse desde que en 2011 los bahreiníes (dos tercios de los cuales son chiíes) se echaran a la calle para pedir democracia y la familia real (suní) se negara a dar medio paso atrás.

Las protestas en las barriadas de las afueras de Manama siguen produciéndose esporádicamente (como tras la ejecución el pasado enero de tres chiíes acusados de la muerte de tres policías en 2014). Pero ya no hay aquellas manifestaciones multitudinarias que atrajeron a la prensa de medio mundo en los albores de la malograda primavera árabe. La represión se ejerce sobre todo en los tribunales. A principios de marzo, la Cámara Alta del Parlamento (designada por el rey) selló la aprobación de una enmienda constitucional para permitir juzgar a los civiles en la jurisdicción militar.

Las organizaciones de derechos humanos temen que el objetivo sean algunos destacados activistas y opositores de entre los centenares de detenidos en estos seis años y a los que a menudo se acusa de cargos tan genéricos como “dañar el interés público” o “terrorismo”. En la mente de muchos está Issa Qasem, el más respetados clérigo chií de Bahréin, quien ya fue privado de su nacionalidad el año pasado y se encuentra procesado.

A la espera de juicio se halla también el prominente activista chií de los derechos humanos Nabil Rajab que desde 2011 ha sido encarcelado reiteradamente por sus tuits críticos con las autoridades. Pero el objetivo del régimen bahreiní no son sólo los chiíes, sino cualquier contestación al poder absoluto de la familia real. Así lo señala el proceso iniciado por el Ministerio de Justicia para disolver la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waad, en su acrónimo árabe), un grupo político de oposición laico (no están permitidos los partidos) cuyo presidente, Ebrahim Sharif (suní), también ha estado encarcelado.

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