Imperio de la ley: así sí

La ofensiva secesionista de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña recibió el martes un duro golpe cuando el Tribunal Constitucional acordó la suspensión inmediata de las partidas reservadas en los Presupuestos catalanes de 2017 para celebrar el referéndum independentista anunciado por el president, Carles Puigdemont. La decisión iba acompañada de una advertencia a todo el Govern y a los altos cargos vinculados a la ejecución de las cuentas autonómicas de las consecuencias penales en que pueden incurrir si desatienden su requerimiento.

La decisión del Tribunal Constitucional, adoptada una vez más por unanimidad, no solo pone de manifiesto que el Estado de derecho tiene medios y legitimidad para combatir las transgresiones de la ley, sino que hay fórmulas especialmente eficaces para evitar que se vuelvan a cometer abusos contra la legalidad vigente. La advertencia de las responsabilidades penales que podrían tener hasta 19 personas concretas (14 miembros del Govern, cuatro altos cargos y una funcionaria) si incumplen la resolución dictada no deja lugar a dudas sobre la intención de actuar inmediatamente contra ellos.

Los recientes juicios contra cuatro miembros de la Generalitat cuando se celebró la consulta del 9-N de 2014 (Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs) han puesto de manifiesto que toda la arrogancia pública por defender la decisión política de la consulta se venía abajo al asumir responsabilidades jurídicas por desobedecer las resoluciones del Constitucional. Todos ellos se escudaron en que la justicia no había prohibido con suficiente contundencia y claridad la celebración de la consulta.

Después de más de una decena de resoluciones dictadas en los últimos tres años sobre el proceso independentista catalán, el máximo tribunal afinó al máximo esta semana, actuando sobre la línea de flotación del procés.Por un lado, suspende los fondos presupuestados para la celebración del referéndum y, por otro, señala a las personas responsables de continuar con un procedimiento ilegal. Si las sentencias dictadas en marzo contra los responsables de la anterior consulta se limitaron a condenas por desobediencia, el escrito del Constitucional abre una vía clara para acusar de prevaricación a cualquier de los 19 señalados.

La actitud de la justicia y la fiscalía españolas en defensa de la legalidad contrasta con los hechos que se empezaron a investigar ayer en la comisión parlamentaria sobre la denominada “policía patriótica”. Ayer declaró el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en relación a la supuesta existencia de una guerra sucia, llevada a cabo por comisarios de la Policía Nacional, para desacreditar a algunos de los más destacados líderes catalanistas. Estas actuaciones no solo contribuyen a legitimar al independentismo y a desacreditar al Estado de derecho, sino que pueden ayudar a cerrar en falso algunas investigaciones ciertas sobre la corrupción política en Cataluña. Es urgente que se aclaren los hechos y las responsabilidades políticas y, si es procedente, que se lleve a los tribunales a los funcionarios que actuaron fuera de la legalidad.