Diálogo dentro de la ley

El artículo del presidente y del vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, publicado ayer en EL PAÍS, tiene un evidente valor informativo. Traslada, además, una invitación al diálogo que compartimos y celebramos; de ahí nuestra decisión de publicarlo. No obstante, hemos de recordar que dicho diálogo sólo puede tener cabida en el marco de la Constitución: un texto que obliga a todos, comenzando por el presidente del Gobierno, y del que nadie puede disponer a su antojo.

Discrepamos frontalmente, por tanto, de la premisa que inspira a los firmantes del artículo. Ni el presidente del Gobierno ni las Cortes podrían organizar un referéndum independentista en Cataluña sin violar la propia Constitución, que consagra la unidad territorial como principio inspirador de la convivencia democrática. No se puede pedir, en consecuencia, que el diálogo comience por un imposible político y jurídico, esto es, por el reconocimiento del derecho de secesión de Cataluña.

Cuestión bien diferente es su crítica, acertada y que compartimos, al inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy ante la cuestión catalana; su pasividad —cuando no hostilidad, como cuando el PP puso urnas en Andalucía contra el Estatut— frente a las reivindicaciones nacionalistas. Como compartimos la crítica al abuso de la Justicia como única receta y la denuncia del abandono a los ciudadanos catalanes (también a los no separatistas), porque responde a lo sucedido estos últimos años. Con todo, nos parece que Puigdemont y Junqueras sortean su responsabilidad en esa incomunicación: la discontinuidad de los contactos en la Moncloa o la negativa del president a acudir a la Conferencia de presidentes son jalones de lo que olvidan.

Más grave nos parece su advertencia de que convocarán el referéndum, ya de forma pactada, ya ilegal, lo cual no deja de trasladar una amenaza clara y directa, por más que se esconda bajo una fórmula indirecta (“no vamos a renunciar a ejercer ese derecho”), sobre todo si se recuerdan sus preparativos en el Parlament para impulsar una secesión exprés.

La entera comparación de España y Reino Unido es infundada. Las Constituciones difieren (una escrita, la otra no); sus soberanías originarias son diversas; y aquí no hay referendo vinculante (salvo para ratificar la Constitución o los Estatutos), sino consultivo. Así que el caso escocés sirve a la propaganda, no a la exactitud. El catalán tiene más conexión con otros territorios europeos, como el de Baviera o el del Norte de Italia, cuyos Tribunales Constitucionales rechazaron también propuestas similares.

Pero aunque no fuera así, todo el razonamiento secesionista quiebra porque condiciona —no en el texto que comentamos, sí en la práctica diaria— el diálogo político a incluir la convocatoria del referéndum en su agenda. La secuencia adecuada es: primero reunirse; después, crear medidas de confianza mutua; enseguida, pactar asuntos de fácil acuerdo; y dejar para el final los más espinosos. El diálogo se practica, mejor que predicarlo. Se explora y se agota, se aprovecha hasta el límite. No se condiciona su celebración a un resultado previamente establecido.