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Peligra la convivencia

El ‘procés’ deslegitima las instituciones democráticas e intimida a los disidentes

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, durante un pleno del Parlamento de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, durante un pleno del Parlamento de Cataluña. EFE

A medida que se acerca la fecha de septiembre fijada para el intento de convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña, se reduce el número de los partidarios de la secesión. Y la situación se crispa exponencialmente.

Los nervios de los dirigentes soberanistas, que acaban de sobrepasar el plazo de 18 meses autoimpuesto para la desconexión; la aspereza de su atrabiliaria crítica a la democracia española; la reiteración de sus desacatos a la justicia y algunos —aislados, pero preocupantes — incidentes violentos, configuran el fin de la revolución pacífica de la “ilusión” y las “sonrisas”, progresivamente sustituidas por muecas.

Lo sustancial es la inquietante vinculación entre el intento de deslegitimación de las instituciones y la legalidad democráticas y los conatos de tensión en la calle.

Al sonsonete acuñado por Artur Mas de la deficiente calidad democrática del Estado español, una fantasía desacreditada a nivel europeo e internacional, se le acaba de unir su sucesor, Carles Puigdemont. El president se ha autodesbordado al comparar la Constitución española con la turca. Olvida quizá que un 90% de votantes catalanes la votó, y con entusiasmo.

Toda democracia registra fallos e imperfecciones y, entre las más avanzadas, la española no es una excepción, pero eso no la descalifica. Ni siquiera la grave lacra de la corrupción, que los nacionalistas blandieron inicialmente (sobre todo a raíz del caso Gürtel) como dicterio contra ella... hasta que el saqueo del Palau y el caso del 3% han ridiculizado la inculpación de otros doblada de autoexculpación. El oasis catalán ha resultado una triste falacia.

Esos intentos deslegitimadores devienen coartada de actos ilegales, cada vez más frecuentes, cometidos por dirigentes de la antigua Convergència y de Esquerra. Y como el antidemocratismo es indivisible, acaban derivando en la deslegitimación de las propias instituciones y leyes catalanas.

El desprecio al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que alertó de que una partida del presupuesto (la destinada a financiar el referéndum) contravenía la legalidad ha sido el penúltimo ejemplo. El último, el desprecio a la similar advertencia de los letrados del Parlament. Quien se mofa de reglas e instituciones que se ha otorgado a sí mismo deslegitima su propia autoridad, rompe la moral colectiva y propicia que otros vayan todavía más allá.

El acoso a la sede del PP en Barcelona por parte de la CUP, la nueva hoja de ruta de la Assemblea Nacional Catalana que prevé la emergencia de actos violentos y el acoso brutal contra un acto de Societat Civil Catalana (SCC) en la Universidad Autónoma de Barcelona son hitos recientes de esta escalada, que se inició verbalmente y se continúa mediante presión, intimidación o violencia física. ¿A qué extrañarse si hasta el propio consejero de Asuntos Internacionales, Raül Romeva, insultó a los miles de manifestantes de SCC, tildándoles abusivamente de “falangistas”?

Si Romeva, que fue el cabeza de lista de Junts pel Sí —y que busca el apoyo y se fotografía con los parlamentarios cubano/norteamericanos a los que ayer los suyos calificaban de gusanos— se disloca así, ¿qué cabe esperar de sus socios antisistema? La responsabilidad de los desbordamientos compete a la Generalitat.

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