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Despejar la confusión sobre la muerte digna

La mayoría de los españoles está a favor de facilitar el fin de la vida sin dolor, incluidos católicos y votantes del PP

Pablo Iglesias besa a Marta Sibina Camps tras defender la proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia.
Pablo Iglesias besa a Marta Sibina Camps tras defender la proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia.

La palabra eutanasia sigue dando miedo. Obliga a pensar en un concepto, el de la muerte, que todos preferimos orillar. Legalmente esa práctica está penalizada en España y así continuará, al haber fracasado el intento de Unidos Podemos de legalizarla a través de una propuesta discutida el martes por el pleno del Congreso de los Diputados.

Y sin embargo, es uno de esos temas soterrados en la sociedad al que la política no le queda otro remedio que entrar. Se daba por hecho que el PP iba a votar en contra de la admisión a trámite, pero no tanto que el PSOE se abstuviera. Este punto evidencia otra querella de las muchas que enfrentan a partidos de izquierda. Hay que dialogar y discutir muy seriamente sobre un asunto en el que de poco vale colgarse la medalla del yo lo dije y el PSOE no me apoya, como se lamenta Unidos Podemos.

El apoyo social a medidas sobre la muerte digna es mucho más elevado en España de lo que parece. A la pregunta de si un enfermo incurable debe tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor, el 84% de los españoles cree que sí, según explica José Pablo Ferrándiz sobre la base de una encuesta de Metroscopia de febrero pasado. El apoyo es mucho más amplio entre los jóvenes (90% entre los menores de 35 años) pero claramente mayoritario entre los mayores (74% entre los de 65 y más años), incluso entre los que se declaran votantes del PP. Otro dato llamativo proviene de los católicos practicantes: el 56% se muestra a favor.

Ocho Parlamentos autonómicos han adoptado textos de derecho a la muerte digna. El de Madrid lo ha aprobado por unanimidad de sus partidos, incluido el PP. En la memoria quedan los tiempos en que Manuel Lamela, consejero de Sanidad en los primeros mandatos de Esperanza Aguirre, la emprendió contra el doctor Luis Montes, coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa, por denuncias anónimas en las que se acusaba al médico de sedaciones a enfermos terminales en dosis incorrectas. Los tribunales sobreseyeron el asunto y una encuesta de 2008 ya descubrió que el 70% estaba de acuerdo con que un enfermo incurable tuviera derecho a algún producto para poner fin a su vida sin dolor. El apoyo a esa medida no ha dejado de crecer desde entonces.

Es importante superar la confusión que se aprecia entre el suicidio asistido, la eutanasia y la sedación paliativa. La legislación debería ser muy precisa para evitar las reticencias de algunos médicos, preocupados por la seguridad jurídica o por sus convicciones, lo mismo que deben cerrarse las rendijas a posibles abusos de las familias o los entornos amistosos de los pacientes cuando estos no se encuentran en condiciones de decidir. Lo inadmisible es que las polémicas politiqueras lleven a dejar pasar el tiempo. Nunca se deben abandonar problemas de la ciudadanía tan íntimos como este en una vía muerta y a merced de peleas políticas.

 

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