México: las mujeres torturadas del número 16

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Escribo en el hotel notándome sucio y me he duchado. Siento en mí las palabras de Verónica Razo y de otras cuatro mujeres que visité en el llamado Centro de Readaptación Social número 16, en el Estado de Morelos a unas dos horas y media en coche desde México DF.

Esta prisión está en mitad de la nada, es el siglo XXII en un páramo. Antes de poder sentarnos con esas cinco mujeres nos sometimos, acompañados por funcionarios que nos franquean con diligencia la entrada, a estrictos controles de seguridad diseñados para confirmar una y otra vez tu identidad y en los que teníamos que enseñar cuerpos y rostros a una cámara remota o a una máquina de rayos X. Puertas se abren y se cierran automaticamente a nuestro paso, y muros grises infranqueables y alambradas de púas son el paisaje habitual de una población de mujeres presas que no llega al millar. Es una prisión matrioska: una cárcel llena de cárceles y desde el interior de sus celdas las reclusas no pueden ver la puesta de sol. El lugar más amable a la vista —columpios y toboganes para niños pequeños que permanecen junto a sus madres en la penitenciaría— está vacío.

Estas mujeres comparten tres hechos vitales: fueron torturadas por las fuerzas de seguridad, no han obtenido justicia por lo sufrido y enfrentan la posibilidad (casi la certidumbre) de pasar media vida en la cárcel acusadas de formar parte de la delincuencia organizada. Verónica, desde luego, es inocente. Lleva presa casi seis años y no ha visto nunca al juez que decidirá su destino o al abogado que lleva su caso. Hemos revisado su expediente judicial y no hay ninguna prueba contra ella. Más bien esas páginas muestran cómo la policía mexicana trabaja en un modelo, a la vez rutinario y medieval, de investigación policial: tortura a un inocente hasta que se declara culpable. Hombres armados y enmascarados la metieron en un galpón y la torturaron asfixiándola con una bolsa de plástico y sufrió descargas eléctricas. Luego fue violada una y otra vez obligándola a firmar una confesión de culpabilidad. Dos años después de su detención, psicólogos de la Procuraduría General de la República confirmaron que Verónica presentaba síntomas coincidentes con la tortura que decía haber sufrido. Sigue en prisión a pesar de haber identificado a uno de sus torturadores, el que la miraba de frente y le hablaba al oído mientras la amenazaba e insultaba. El torturador (llamémosle presunto) nunca fue interrogado; no digamos siquiera detenido.

Estas mujeres comparten tres hechos vitales: fueron torturadas por las fuerzas de seguridad, no han obtenido justicia por lo sufrido y enfrentan la posibilidad de pasar media vida en la cárcel

Esta vez Verónica no llora, vestida de marrón penitenciario, con su número de presa sobre el pecho, relata la indignación —no el desánimo— que le produce seguir en la cárcel mientras el juez se demora en practicar diligencias que le permitirían atisbar la libertad. Esta mañana Verónica luce bien —se ha arreglado el pelo con trencitas— porque su familia ha venido de visita a la prisión. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no ha podido ir a la universidad a causa de la carga económica que el encarcelamiento de Verónica ha supuesto para la familia. Su madre ha dejado la casa y han vendido el coche y un pequeño local para poder apoyar económicamente a su hija presa.

Las otras cuatro mujeres se sientan juntas ante nosotros. Todas lloran al hablar, nos abrazan al llegar y nos despiden abrazadas. Son parte de cien mujeres torturadas en México por las fuerzas de seguridad que Amnistía Internacional pudo documentar en un informe el año 2016. El 93% habían sido víctimas de golpes o palizas durante su detención y el 41% fueron semiasfixiadas con una bolsa de plástico. Se llaman Mónica Esparza, Yuritxi Renata Ortiz, Florencia Jovita Herrera y Magdalena Saavedra. Llevan años en prisión, ninguno de sus torturadores ha sido identificado y se han convertido, a la fuerza, en abogadas expertas en sí mismas y escudriñan huecos y salidas a su situación entre una maraña de artículos de codigos procesales y penales, y así lograr, también, que sus abusadores respondan ante la justicia por lo que han hecho. No sé si son inocentes pero sí que fueron torturadas. Florencia es la más indefensa, la mayor y la más tímida ante nosotros: no lee ni escribe. Trabajaba como empleada doméstica cuando policías municipales allanaron su casa acusándola de haber participado en un secuestro. Estuvo 11 horas desaparecida junto a su nieto de 11 años al que también se llevó la policía. La golpearon durante horas mientras mantenían a su nieto tendido en un colchón. Los dictámenes de los médicos mostraban lesiones y moretones evidentes por el cuerpo. Delante de nosotros se queja todavía de fuertes dolores en el pecho.

Uno siente alivio cuando, al atardecer, abandona la prisión, pero también congoja. Es una mezcla de tristeza e indignación. La esperanza de poder encontrar la salida a este laberinto cruel radica en las manos de un hombre poderoso, Osorio Chong, secretario de Gobernación, que amablemente recibe a la madre y a los dos hijos de Verónica Razo, junto a nosotros, al día siguiente de la visita a la prisión. Se compromete a trasladar a Verónica a una cárcel más cercana al lugar dónde vive su abogado y su familia. También afirma que en 15 días revisará su expediente. ¿Por qué ha tardado casi seis años en hacerlo?.

Cuando va a a terminar la reunión entrego al secretario de Gobernación un papel con los nombres de las cuatro mujeres presas y le pido que investigue las torturas y vejaciones a la que fueron sometidas. Cuando salimos el secretario Osorio Chong da la mano a la madre de Verónica y le desea suerte y fe. Termino el artículo y no logro desprenderme de este olor a sucio.

Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional en España.