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¿A qué países les sale más cara la violencia?

América Latina y el Caribe pagan el doble por el crimen que las regiones desarrolladas, según un estudio del BID

Pablo Linde
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El crimen sale caro. Especialmente en América Latina y el Caribe. La violencia le cuesta a la región un mínimo de un 3,5% de su Producto Interior Bruto, sobre todo en gastos directos, como seguridad, prisiones y justicia, pero también teniendo en cuenta algunos indirectos, como la productividad perdida por las muertes y los encarcelamientos. Este coste relativo es el doble que el de los países desarrollados, según el estudio Los costos del crimen y de la violencia, publicado este mes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los datos no son sorprendentes, a tenor de la realidad de la región. Los logros en la reducción de la pobreza extrema —desde 1995 a 2008 se recortó a la mitad, anticipándose en siete años a los Objetivos de Desarrollo del Milenio— no han ido de la mano con la rebaja de la violencia. Al contrario: el crimen y la violencia en la región se encuentran en niveles epidémicos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ella habita el 9% de la población mundial, pero se registra cerca de un tercio de los homicidios de todo el mundo. Esto la convierte en la más violenta, zonas de guerra aparte. Seis de cada diez robos se cometen con violencia y el 90% de los asesinatos quedan sin resolver. Sus prisiones también se han convertido en las más abarrotadas del planeta.

El estudio divide los costos en tres grandes capítulos. El primero es el social, que incluye tanto la productividad perdida por presos y víctimas mortales como el descenso de la calidad de vida por delitos violentos. Todo esto suma el 0,64% del PIB. El segundo, el gasto privado en seguridad por empresas y hogares para prevenir la violencia, asciende al: 1,37%. Por último, la inversión pública en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones: 1,51%.

Los costes de la violencia equivalen a los que se gastan en infraestructuras, o al doble de lo que se invierte en la niñez en la región

“Las estimaciones son conservadoras”, apunta Laura Jaitman, editora del documento. Es así porque solo incluye los costes directos y algunos ligeramente indirectos, como son los sociales, pero no tiene en cuenta todo lo que se pierden en turismo o inversión de empresas. “La idea era hacer un estudio comparable y sistemático con elementos que se pudieran medir”, explica.

Con todo, los costes son considerables si se comparan con otras partidas: es el mismo dinero que la región destina a infraestructuras, el doble de lo que se dedica a niñez y equivale a la renta del 30% más pobre de la población en este mismo territorio.

El estudio incluye 17 países de América Latina y el Caribe y, para comparar, una muestra representativa de seis países desarrollados: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá y Francia. La contraposición revela que, aunque en porcentaje del PIB el coste público es similar en ambos casos, los Gobiernos latinoamericanos y caribeños destinan el 5% de sus presupuestos en seguridad: el doble que los países desarrollados. “Esto demuestra que los Estados están preocupados por el problema y gastan dinero para atajarlo. La proporción de policías por habitante es el doble que en Estados Unidos, por ejemplo. Con este informe queremos lanzar preguntas: ¿se están gastando bien los presupuestos? ¿podrían ser más efectivos?”, cuestiona Jaitman.

Los datos no son homogéneos. Varían mucho en función de los países. Honduras y El Salvador lideran la clasificación (en términos relativos, ver gráfico), con más de un 6% de su PIB perdido por la violencia, casi el doble de la media regional. Son cifras que se corresponden con la tremenda violencia en Centroamérica, donde la tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 habitantes, 20 veces superior, por ejemplo, que en Chile.

Las cifras muestran también el perfil de las víctimas y victimarios. En el triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), la mitad de los fallecidos son hombres de entre 15 y 30 años, fruto de la delincuencia organizada, que muchas veces está relacionada con el narcotráfico, pero no siempre: también hay conflictos territoriales y políticos que la explican. “Perder una masa tan grande de jóvenes por la violencia es muy preocupante para el futuro”, asegura la autora del estudio, que también analiza el coste de los feminicidios: el doble que en los países desarrollados.

Este reportaje ha sido posible gracias a la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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