Defender al ahorrador

Reunir las reclamaciones financieras y la protección de los inversores en una Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversión Financiera es una idea defendible. Pero lo más importante para garantizar la utilidad de esta nueva agencia, cuya creación está pactada por el PP y Ciudadanos, será dotarla de independencia respecto del aparato administrativo (el ministerio de Economía, principalmente), facilitar suficientes recursos monetarios para que pueda actuar a instancias propias, salvaguardar un sistema de elección del equipo directivo que sea independiente del clientelismo político (por currículum y prestigio) y atribuirle competencias de acción e imposición de sanciones sobre las entidades en defensa de clientes e inversores.

Y estas son precisamente las atribuciones que quiere imponer el PSOE en el trámite parlamentario. Los organismos reguladores y las agencias de protección no pueden ser simples organismos autónomos administrativos que actúen sólo a instancias del ministerio correspondiente e inactivos sin su nihil obstat. Sin embargo, esta es la concepción vicaria que han aplicado los Gobiernos del PP, reacios a compartir el poder de decisión con otras instituciones arbitrales independientes. No es de extrañar pues que los reguladores españoles, copados por políticos y con una capacidad raquítica de decisión, se aprecien en Europa como una anomalía inservible a efectos de gestión y decisión.

Una Autoridad de Protección Financiera Independiente, con capacidad para imponer sanciones y arbitrar conflictos, hubiera ahorrado muchas fricciones políticas al Gobierno en casos como el de las preferentes o el de las cláusulas suelo. Pero, hay que insistir en ello, para cumplir ese papel y ganarse la confianza de los ciudadanos necesita independencia y poder. Esas son las características que imponen respeto a los reguladores y, por cierto, previenen desmanes.