Cine y televisión: un matrimonio en pie de guerra

Con la lista de los candidatos a los Premios Goya en la mano, los críticos no dudan en reconocer que la de 2016 ha sido una buena cosecha. Un monstruo viene a verme, El hombre de las mil caras y Tarde para la ira son las películas que optan a un mayor número de las estatuillas que se entregarán el próximo sábado. Cada una en su registro —un drama fantástico, la peripecia del espía Paesa y un thriller violento y vengativo—, todas tienen un denominador común: detrás de su producción hay una cadena de televisión, fuente imprescindible para financiar la creación cinematográfica.

Pese a tan estrecho vínculo, Mediaset le ha declarado la guerra informativa a los Goya. El grupo propietario de Telecinco y Cuatro —que suma 19 candidaturas en esta edición, 12 de ellas para Un monstruo viene a verme— anuncia que no asistirá a la gala ni le dará cobertura porque el patrocinador del evento, una marca de perfumes, está condenado en sentencia firme por competencia desleal. Resulta paradójico que se escude en este argumento tan peregrino una compañía que acumula una abundante colección de condenas por vulneración del derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen. El comentario ofensivo, el insulto y el oprobio son frecuentes en programas como Sálvame o sus antecesores, Salsa rosa y Aquí hay tomate.

Con la decisión de boicotear los Goya, Mediaset refuerza una contumaz política de enfado que le ha llevado a retirarse de la Academia de la Televisión por discrepancias con el sistema utilizado para conceder sus premios, ha dado la espalda al Festival de la TV, un escaparate para los estrenos de la temporada, y se ha desvinculado con cajas destempladas del Estudio General de Medios.

Cine y televisión forman un matrimonio indisoluble y no siempre bien avenido. Ambas industrias están unidas por los lazos de la ley que obliga a las cadenas a invertir una parte de sus ingresos (el 5% anual para las privadas y el 6% para las públicas) en la producción de filmes. A regañadientes, los operadores comerciales han desembolsado más de 2.000 millones de euros desde que la norma entró en vigor, en 1999. En este tiempo, la mayoría han cumplido religiosamente con la obligación —“es como pagar el IRPF, pero con más entusiasmo”, a decir del consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile— y han impulsado éxitos taquilleros y con proyección internacional. El fenómeno de Lo imposible llegó incluso a las salas de exhibición japonesas.

Si las cadenas tenían alguna esperanza en romper este vínculo con el cine, el Tribunal Constitucional ha escrito el peor guion posible al sentenciar que las obligaciones impuestas a las privadas son acordes con la Ley Fundamental y que una simple manifestación del poder regulatorio del Estado puede exigir que unas empresas destinen recursos para financiar otras. Cerrada esta batalla, los operadores tradicionales aspiran a que los nuevos actores del sector (Netflix, HBO) pasen también por taquilla y sean obligados a invertir en cine español. Pero es otra película. Quizá de ciencia ficción.