Pensiones en serio

Los problemas financieros del sistema de pensiones corren el grave riesgo de agravarse debido a la reaparición de la escalada de los precios. La tasa de inflación española está remontando poco a poco durante los úlimos meses, hasta el punto de que en diciembre de 2016 ha terminado en el 1,5%. Como la revalorización establecida por ley es del 0,25%, el poder adquisitivo de los pensionistas comienza desde este mes una tendencia descendente. La disminución del poder de compra de los pensionistas reduce evidentemente el consumo; pero es que, además, si la recuperación de los precios continúa (la probabilidad es elevada, por la presión de la energía) se va a producir una pauperización y exclusión de los pensionistas difícil de corregir en un Estado que ha perdido resortes de protección social.

Los síntomas de deterioro del sistema son ya de la suficiente gravedad como para que el Gobierno considere la reforma de las pensiones como una prioridad. Y no solo por el problema de la inflación resucitada. La llamada hucha de las pensiones se agotará a mediados de 2017, de forma que el déficit (diferencia entre ingresos y compromisos adquiridos) a partir de ese momento tendrá que financiarse con deuda. Y conviene recordar que España tendrá que refinanciar este año 170.000 millones de deuda pública, la tercera cuantía más importante de la Unión. La oportunidad es aquí y ahora; pensionistas y contribuyentes tienen que estar convencidos desde este momento de que el Gobierno actuará con decisiones contundentes para mantener el nivel de las prestaciones y garantizar el poder adquisitivo.

No basta con convocar el llamado Pacto de Toledo; es imperativo articular una solución consensuada a la mayor brevedad posible. Hasta ahora el ritmo de reforma del sistema es desesperadamente lento. Se reconoce el problema, se anuncia una subida de la base máxima de cotización en un 3%, pero se carece por el momento de un plan articulado para afrontar la caída de ingresos del sistema y el crecimiento del número de pensionistas. Los expertos acuden a cámara lenta al Congreso (ahora mismo, cualquier tarea está parada por vacaciones) y los primeros dictámenes se esperan para marzo; pero, a este ritmo, llegará junio sin acuerdo ni solcuiones.

Sin un programa claro, la inquietud no se desvanecerá. Es necesario saber si una parte de las pensiones no contributivas pasará a financiarse vía Presupuestos, como corresponde; o si habrá una decisión política para reducir el coste de las tarifas planas de la Seguridad Social que no contribuyen a crear empleo —es uno de los grandes fracasos de la mal llamada política social del Gobierno— pero cargan con gastos innecesarios al sistema; es urgente establecer normas que incentiven jubilarse a más edad o permitan complementar la jubilación con empleo remunerado que aporte ingresos a la Seguridad Social.

El sistema de pensiones públicas no va a entrar en quiebra; pero cualquiera entiende que en un sistema de reparto, si los ingresos bajan y el número de pensionistas aumenta, la cuantía de la prestación tiene que bajar. Y esta es una clara discriminación intergeneracional. La reforma del PP de 2012 se ha revelado como papel mojado; la de ahora tiene que ir en serio.