El (gran) problema de la informalidad en Latinoamérica
La informalidad laboral lastra las aspiraciones económicas de los países latinoamericanos y frena el aumento de la productividad.
Cada día, de camino a su trabajo, seguramente se cruce con cientos de ellos. Y es muy probable que en su círculo cercano haya varias personas en esa misma situación. Quizás, incluso usted sea uno de aquellos. Estoy hablando de los trabajadores informales, los que en América Latina ascienden a 130 millones o casi la mitad de los empleados. Ellos constituyen uno de los principales frenos de la productividad y, por ende, del crecimiento económico sostenido así como del bienestar de los habitantes de la región.
Veamos cómo opera: un trabajador informal no paga impuestos al Estado, no contribuye al sistema de seguridad social, y es probable que tampoco atienda a las normas y reglamentos de calidad y protección al consumidor y del medio ambiente, porque no está obligado.
De esta forma, la escasez de trabajadores formales se traduce en una menor recaudación de impuestos, lo que deriva en menos disponibilidad de recursos para invertir en programas sociales o infraestructura, por ejemplo. Se genera además una alta vulnerabilidad del sistema de pensiones y de salud, a la vez que no se obtiene el rendimiento deseado de las actividades productivas, porque el trabajo informal tiende a ser de baja calidad y no suele aportar valor añadido a las diferentes actividades económicas.
Pero la responsabilidad de esta situación no debería caer sobre los propios trabajadores, que en muchas ocasiones optan por la informalidad porque no encuentran empleos atractivos, o porque directamente no consiguen un trabajo en el circuito formal.
Hay una característica compartida en Latinoamérica que debería hacernos reflexionar: cuanto más educado y formado está el trabajador, menos probable será que trabaje en la informalidad
Se trata de un problema muy arraigado en la región, que se resume en abundancia de mano de obra y, al mismo tiempo, escasez de empleos de calidad o aquellos que ofrecen buenos salarios, una afiliación a sistemas de seguridad social y aportan conocimiento que mejora a la sociedad. A esto se suma que las empresas —y todo el aparato productivo— en ocasiones no encuentran el capital humano que necesitan.
Esta situación representa, al día de hoy, el principal obstáculo para que Latinoamérica vuelva a los niveles de crecimiento vigoroso de la primera década de este siglo. Dado el bajo precio de las materias primas y la todavía inestable situación macroeconómica global, en los próximos años los gobiernos latinoamericanos deberán retomar políticas públicas que fomenten la formalidad laboral con claros beneficios en la productividad.
En comparación con otras regiones del mundo, el sector privado latinoamericano, que emplea a la mayoría de los trabajadores de la región, no genera suficientes trabajos de calidad. Las empresas grandes no ofrecen todos los buenos empleos que deberían, y las empresas pequeñas no crecen lo suficiente, lo cual reduce su capacidad de generar mejores empleos.
El carácter contra-cíclico de la informalidad y los bajos ingresos percibidos por la población menos educada y más vulnerable, son indicios de la relevancia de la informalidad de subsistencia en la región y de los riesgos que enfrentamos en el actual ciclo de bajo crecimiento.
Objetivo: aumentar la productividad
Las políticas para incrementar la formalidad del empleo y la actividad productiva deben partir de reconocer que existe una relación bidireccional clara y fuerte entre formalidad y productividad. Sólo en la medida en que las empresas o trabajadores sean productivos tendrán las capacidades para asumir los costos que implica ser formal, pero también, las empresas o trabajadores formales que tienen mayor acceso a financiamiento y a canales formales de comercialización tienen más oportunidades e incentivos para aumentar la productividad.
En este sentido, desde CAF –banco de desarrollo de América Latina– estamos desarrollando actividades para impulsar en conjunto con los gobiernos de la región, las políticas públicas dirigidas a superar la informalidad en cada una de sus variantes. En particular, se debe atender la informalidad de subsistencia aumentando los niveles de educación y/o competencias de la fuerza laboral. De igual manera, es necesario actuar sobre la informalidad inducida, en particular aquella que afecta a las mujeres y a las minorías étnicas.
El desafío reside en generar las condiciones necesarias para aumentar de manera sostenible el número de trabajadores formales. Aunque la realidad en la región es heterogénea (en algunos países hay trabas burocráticas, en otros el costo del trabajador formal es alto, en otros no se penaliza ni controla la informalidad, etc.), hay una característica compartida que debería hacernos reflexionar: cuanto más educado y formado está el trabajador, menos probable será que trabaje en la informalidad.
Juan Carlos Elorza es director de desarrollo productivo y financiero en CAF.
