¿Quién mata a los defensores?

Mientras políticos y expertos constitucionales debaten cómo transformar en leyes el contenido del Acuerdo de Paz aprobado por el Congreso colombiano, 57 defemiles nsores de los derechos humanos han sido asesinados a lo largo de 2016. Es una cifra alarmante que aporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero es probable que sea aún mayor.

Según los datos del año pasado, uno de cada tres defensores de derechos humanos asesinados en el mundo era colombiano.

La gran mayoría de las víctimas son activistas en zonas rurales. Muchos son agricultores pobres que tratan de recuperar sus tierras tras haber sido desplazados, o activistas ambientales que luchan contra proyectos mineros o agroindustriales que usurpan su medio de vida.

La Fiscalía vincula a las víctimas con actividades ilegales o los considera activistas que tratan de llenar el vacío de poder dejado por las FARC, pero los defensores de derechos humanos no comparten estas tesis.

¿Quién los está matando y por qué? A pesar de la magnitud de los asesinatos, no está claro. No obstante, hay algunos elementos comunes.

Muchas víctimas pertenecen a la izquierda política. Desde 2012, 126 miembros de Marcha Patriótica han sido asesinados, según las estadísticas que maneja la propia organización. Este horror recuerda un exterminio anterior: el sufrido durante los años ochenta por miles de integrantes del partido de izquierdas Unión Patriótica a manos de una coalición de militares y paramilitares.

Al igual que Marcha Patriótica hoy, la Unión Patriótica fue vista como un puente potencial para que los combatientes pasaran de perseguir sus objetivos políticos a través de las armas para formar parte de un partido político.

A diferencia de aquel entonces, la mayoría de las fuerzas armadas apoya hoy el proceso de paz y el plan de las FARC para transformarse en un movimiento político que persiga sus objetivos con medios democráticos y no militares. Aunque las autoridades sostienen que no existe un plan organizado para exterminar a los movimientos políticos de izquierdas como Marcha Patriótica, sí hay indicios de que quienes están detrás de los asesinatos son algo más que simples criminales.

Detrás de las amenazas y los asesinatos existe un claro interés político por continuar con el actual conflicto armado, propiciado por un Estado de derecho débil que permite mantener la tierra robada a las comunidades campesinas y la impunidad casi completa de los crímenes.

Las autoridades colombianas deben tomarse muy en serio los ataques contra movimientos como la Marcha Patriótica, no solo para proteger el derecho de la ciudadanía a organizarse en movimientos políticos, sino también porque los combatientes de las FARC temen desmovilizarse cuando ven que perseguir sus metas a través de un movimiento político implica graves riesgos de muerte.

Colombia tiene una larga historia de asesinatos de líderes de izquierda y las FARC saben que algunos de sus miembros serán asesinados. La cuestión es saber si serán pocos o muchos los combatientes desmovilizados que acaben asesinados. Si los riesgos se consideran significativos, muchos combatientes podrían negarse a desmovilizarse o intentar unirse a otros grupos armados ilegales. En otras palabras, el asesinato de defensores de derechos humanos y opositores políticos pone en peligro el proceso de paz.

Irónicamente, parte de la solución a este aumento de los ataques contra defensores de los derechos humanos radica en su causa: los acuerdos de paz. Muchas de las personas asesinadas fueron encargadas de trabajar por la paz a nivel local tratando de convencer a sus seguidores de que se involucraran en el proceso y reclamaran sus derechos como víctimas, por ejemplo para recuperar sus tierras y conocer la verdad sobre los crímenes.

El autor

Thomas Mortensen (@thfomo) es coordinador de InspirAction en Colombia, una organización sin ánimo de lucro presente en España desde 2009, apoyada por la oenegé internacional Christian Aid.

InspirAction se dedica a la incidencia política y a la sensibilización sobre la pobreza.

La buena noticia es que los Acuerdos de Paz incluyen mecanismos especiales para proteger a los defensores de los derechos humanos. Uno de estos mecanismos es el establecimiento de un Comité de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, para supervisar la seguridad y proporcionar orientación política. Otra institución nueva es un organismo independiente de la Fiscalía, que vigilaremos muy de cerca, para investigar la delincuencia organizada, incluidos los casos en que existen vínculos con servidores públicos. Si las autoridades consiguen abordar la impunidad abriendo investigaciones penales y sancionando a quienes están detrás de los crímenes, será un paso decisivo para acabar con los asesinatos y ayudará a legitimar el proceso de paz.