Las dos caras tras el terremoto de Ecuador

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Obviamente, una y otra cara están íntimamente ligadas. Si las infraestructuras estuvieran intactas, la vida de la gente no se habría resentido. Pero mientras los hoteles resquebrajados y los edificios con los cristales rotos se ven a simple vista, la amenaza del zika y las diarreas, por ejemplo, son más difíciles de percibir seis meses después del temblor.

Contra ellas lucha el equipo del doctor Carlos Tello Ponce, el director del centro de salud 24 de mayo de Manta, en la provincia de Manabí, la más afectada por el seísmo. Poco después de producirse, una legión de médicos se trasladó desde Quito, Guayaquil y otras partes del país para atender a los afectados. Lo primero era suturar heridas, cortar hemorragias y lidiar con los traumatismos de los supervivientes de la tragedia en la que 663 personas murieron. Y aunque este trabajo terminó, todavía le queda mucha labor allí.

El suyo y otros equipos recorren los 105 asentamientos informales en los que, según los últimos datos, todavía quedaban más de 7.000 personas viviendo. Son los que no han querido integrarse en los 24 albergues oficiales que ha montado el Gobierno y en los que aún se alojan más de 8.000 afectados. Las razones son diversas: hay quien prefiere vivir libremente sin someterse al régimen militar (literalmente) que regenta las infraestructuras de acogida públicas. Otros no quieren alejarse de sus casas, ya sea porque tienen pertenencias que quieren vigilar o porque están a la espera de que acudan los inspectores a evaluar daños para conceder ayudas.

Estos asentamientos son carpas de lona improvisadas sobre una infraestructura de madera donde duermen los vecinos, generalmente con pocas condiciones higiénicas y sanitarias. En el mejor de los casos, acuden a las viviendas de sus vecinos más afortunados para hacer sus necesidades. En otras, tienen que hacerlas a campo abierto. Por lo general son ONG las que se encargan de velar porque los suministros de agua sean adecuados. A la vez, han de concienciar a los vecinos para que no la almacenen en tanques abiertos, que es lo más frecuente, porque se han convertido en un nido para los mosquitos que, potencialmente transmiten el zika. Desde el terremoto se han reportado más de 2.300 casos.

En el refugio informal de La Callada, en Manta (provincia de Manabí) una torre con un tanque abastece a la docena de familias que llevan medio año viviendo bajo carpas a la espera de poder volver a sus viviendas o de encontrar nuevas en los numerosos casos en los que las suyas han quedado inhabitables. Por la mañana, el equipo del Centro de Salud 24 de mayo, en coordinación con la organización religiosa Toca de Asís acuden para llevar servicios de la salud a los vecinos. El terremoto, al menos, ha servido como excusa para llevar una asistencia de la que muchos prescindían. “¿Hace cuatro años que no te haces el papanicolau [una citología vaginal para detectar el cáncer cervicouterino]? ¡Qué bandida!”, recrimina en tono cariñoso la doctora María Verónica Silva, de esta ONG, a una de las vecinas del refugio. En paralelo al doctor Tello chequea la salud de los residentes y de todos los vecinos que se quieren acercar. Tensión arterial disparada, obesidad o riesgo de diabetes son frecuentes en una población que es muy vulnerable a estos males debido, en parte, a una alimentación desequilibrada.

Con el terremoto, los problemas de nutrición empeoraron. Las carencias, especialmente en los niños, fueron uno de los retos tras el temblor. Es una de esas caras menos visibles de la tragedia. Unicef repartió micronutrientes a más de 250.000 críos para evitar casos de desnutrición, algo que en esta etapa es clave para no condicionar el resto de sus vidas.

Con el terremoto los problemas de nutrición empeoraron. Las carencias, especialmente en los niños, fueron uno de los retos tras el temblor

Katherine Silva, oficial de Salud y Nutrición de Unicef en Ecuador, se encontró con una paradoja en esta lucha por evitar la malnutrición. En la avalancha de solidaridad que suele levantarse cada vez que sucede una tragedia como esta, miles de donaciones de comida llegaron a los albergues oficiales. Entre ella, había generosas cantidades de fórmulas para lactantes que fueron entregadas a las madres que, en ocasiones, sustituyeron el pecho por el preparado. Una de las batallas de la organización es precisamente concienciar a la población de que los seis primeros meses de vida, el bebé debe ser alimentado exclusivamente de leche materna, algo que, según numerosa literatura científica, beneficia al desarrollo saludable del menor. “El problema es que eso no lo saben muchos de los responsables de los albergues; tampoco algunas madres, así que hemos tenido que hacer una fuerte campaña educativa para que no se repartan más fórmulas”, explica Silva.

En el antiguo aeropuerto de Portoviejo, donde se montó el albergue oficial más grande del país, lo han conseguido. Silva sonríe con satisfacción cuando le comunican que desde hace meses están rechazando estos preparados y concienciando a las madres sobre la importancia de dar el pecho. Estas instalaciones son una curiosa mezcla de disciplina militar, pues son ellos quienes están a cargo de los centros e imponen los horarios, y trabajo social. “Nosotros sabemos hacer cumplir órdenes, pero ignoramos cómo cubrir las necesidades que pueden tener las personas aquí”, reconoce el mayor Hernández, máximo responsable del centro de Portoviejo.

De las 1.300 personas que en un principio se instalaron en el refugio quedan más de 500. A medida que pueden se van marchando a sus viviendas, o a otras provisionales con las ayudas que da el Gobierno. Pero otros prefieren no agotar el apoyo económico todavía. “Me dan seis meses de subsidio, ¿después qué, dónde voy?”, se pregunta Efrain Álava, de 48 años. Como suele suceder en estas tragedias, los más damnificados son los que menos tenían. Él apenas contaba con una chabola en un terreno que cedió a las primeras de cambio. “Por suerte no me pasó nada, pero fue horrible; vi como las casas se caían encima de la gente”, explica este trabajador informal que se va ganando la vida limpiando coches o haciendo encargos.

En el albergue al menos puede dormir bajo el techo de una de las muchas tiendas de campañas donadas por la cooperación china que, con sus caracteres mandarines, se pueden ver esparcidas por toda la provincia de Manabí. Pero esta relativa tranquilidad que vive el centro puede tener las horas contadas. En Ecuador, donde la centralidad proporciona una temperatura muy parecida durante todo el año, el invierno y el verano se distinguen sobre todo por las lluvias. Ha terminado la época seca y está a punto de comenzar la de precipitaciones. Los terrenos donde se asientan los albergues, llenos de cientos de tiendas de campaña, no están preparados para mantener las condiciones higiénicas con las lluvias, los mosquitos se multiplicarán y amenazas como las del zika volverán a cobrar protagonismo. En este albergue, por ejemplo, no existe sistema de alcantarillado. “El invierno será un reto”, reconoce el mayor Hernández, que espera que el refugio pueda clausurarse en seis meses, un año después del terremoto, aunque el plazo límite del Gobierno contemplaría mantenerlo hasta 2018 si fuera necesario.

Hasta que eso suceda, la vida continuará en los refugios tratando de sortear lluvias y otros inconvenientes. La infancia es la más vulnerable a ellos. Más allá de la susceptibilidad a enfermedades y diarreas, la salvaguarda de la educación fue uno de los primeros objetivos. Unicef, en colaboración con el Gobierno, repartió material escolar y montó aulas de apoyo para minimizar la pérdida de clases. Y, junto al ministerio de Deporte, organiza actividades lúdicas para que los pequeños no pierdan la alegría. Bailes, juegos y ejercicio ayudan a distraer de la disciplina militar de los refugios durante unas horas.

Uno de los programas estrella de apoyo a la infancia ha sido Retorno a la alegría, en el que los adolescentes han trabajado con los niños menores para compartir experiencias y aprender a superar los miedos que se generaron tras los temblores. Uno de los chicos más implicados ha sido Rosswell Duval, de Jama. A sus 15 años se hacía cargo de hasta 25 niños durante un par de horas al día, lo que también servía para liberar a los padres del cuidado. “La clave era motivarlos con juegos, darles confianza, todo con un sentido pedagógico para que aprendieran jugando”, relata. Esta actividad extraescolar ha servido en los meses después del terremoto como una especie de terapia de grupo que, como sucedía con la salud, ha acercado recursos a los niños que antes no tenían. “Hemos conseguido que algunos que estaban poco integrados en clase hicieran amigos, que los más problemáticos se calmasen un poco”, cuenta Duval, que sigue trabajando con grupos cada vez más reducidos.

Si hay que mirar la cara positiva al terremoto que hace medio año conmocionó Ecuador, puede ser esa: la de la gente que ha seguido luchando y ayudándose, pese a que muchas de sus infraestructuras hayan caído por el camino. Pero, como reflexiona Olmedo Altamirano, responsable de programas de agua de Unicef, "muchos donantes solo ven infraestructuras caídas, no personas".