El Cairo, a por los defensores de los derechos humanos

Tras el golpe de Estado de 2013, se desató en Egipto la más intensa campaña de represión política y social de su historia contemporánea. Desde entonces, unas 50.000 personas han sido arrestadas por su oposición al régimen liderado por el mariscal Al Sisi, más de 3.000 han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, centenares han sufrido terribles torturas en comisarías y prisiones, y multitud de partidos políticos y medios han sido proscritos. Si hoy es posible tener una idea aproximada de la magnitud de la tragedia es gracias al trabajo de valientes organizaciones de derechos humanos que, a pesar de los enormes peligros y las dificultades a las que se enfrentan, han documentado estos abusos. Y precisamente por eso, el régimen pretende erradicarlas.

El mes pasado, un tribunal de El Cairo accedió a la petición de la Fiscalía de congelar los bienes de cinco prominentes defensores de los derechos humanos además de cinco organizaciones dedicadas a esta misma labor, como el Cairo Center for Human Rights. Asimismo, decretó la prohibición de salir del país a 11 personas mientras se procede a la investigación de varios cargos en su contra, entre ellos, la recepción de financiación ilegal del extranjero y llevar a cabo actos que “dañan los intereses nacionales”. En caso de ser procesados, y después de una reciente enmienda del Código Penal, se enfrentarían a penas de cadena perpetua.

El fallo del tribunal es fruto de la reapertura de una vieja investigación de la Fiscalía en 2011 contra más de una veintena de organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y la democracia. En 2013, la justicia egipcia sentenció a penas de cárcel a 43 empleados de ONG, una quincena de ellos de nacionalidad extranjera que pudieron huir del país previamente. El caso tuvo una enorme repercusión internacional, pues entre las instituciones prohibidas figuraban una vinculada al Partido Demócrata y otra al Republicano de EE UU.