Ruta por los vertederos incontrolados de Madrid

Están los casos aislados, los de ese señor que hace limpieza en el trastero y, por no buscar más, echa la basura en cualquier camino. Luego, los esporádicos: esos chapuzas que, por ahorrarse unos euros, hacen lo mismo con los sacos de obra. Y, finalmente, los constantes, aquellos que montan negocios pirata dedicados precisamente a eso, a deshacerse de todo tipo de residuos sólidos (parachoques, neumáticos, puertas, retretes y bañeras, cascotes, plásticos vacíos de aceite de camión...) en puntos lo suficientemente escondidos, pero lo suficientemente cercanos a carreteras principales, que acaban convirtiéndose en auténticas escombreras irregulares e incontroladas.

Aunque la Comunidad de Madrid se niega a llamarlos vertederos — “Son puntos donde hay vertidos ilegales y que, si no se atajan a tiempo, efectivamente, se pueden convertir en vertederos”, sostiene el director general de Medio Ambiente, Mariano González—, se trata de zonas donde se acumulan las basuras, en algunos casos desde hace muchos años, ocupando cientos de metros de caminos. Hay al menos una docena, la mayoría en el límite sur de la capital con los municipios de Leganés, Rivas o Alcorcón, pero también están localizados un poco más al sur (Valdemoro), y al norte (El Molar y Torrelaguna), a los cuales habría que sumar el vertedero en el que se ha convertido el río Guadarrama a su paso por el poblado de Las Sabinas entre Móstoles y Arroyomolinos tras años y años echando (tanto en las márgenes como al agua) desde colchones hasta neveras.

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Esta ruta comienza en Leganés, en el triángulo que forma la confluencia de la carretera de Toledo (A-42) y la A-45. Allí está el polígono Prado Overa, flanqueado al norte y al sur por caminos de tierra llenos de todo tipo de residuos: en una tarde de mediados de octubre, destacan en una zona unas cuantas lunas de coche, muebles de cocina desmembrados o los restos vegetales de un jardín; mientras, en la otra los que llama poderosamente la atención es cómo los escombros llegan casi hasta la misma puerta de las últimas naves.

“Con la crisis, estas actividades se han incrementado. Se ahorran los costes del vertido y además hacen negocio con ellos, sustituyendo a los vertederos legales”, se queja María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. El capitán de la Guardia Civil José Hernández Sierra, responsable del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Madrid, no ha percibido ningún aumento, pero admite que se trata de un problema grave que viene de tiempo atrás. "Hemos trabajado mucho y hemos dedicado muchos esfuerzos en la zona de la Cañada Real y ahora estamos viendo y valorando esos otros puntos que van apareciendo", asegura Sierra.

Uno de ellos está al oeste, al sur del distrito de Villaverde de la capita, en el Polígono Marconi, tristemente conocido como uno de los grandes centros de la prostitución callejera en la región. Lo confirma la sucesión de mujeres que reciben al visitante a media tarde, algunas calentándose con fogatas hechas de trozos de muebles viejos, otras saliendo de infraviviendas hechas en viejas casetas de obra. Donde acaban las naves y empiezan las pistas de arena que las separan de la M-45, aparecen las montañas de basura. Un poco más abajo, siguiendo los caminos, hay otro enorme foco más.

Enseguida salta a la vista lo complicado que es vigilar esta maraña de caminos, más aún cuando en volcar una carga un camión puede tardar apenas unos pocos minutos y es necesario pillarle in fraganti para denunciar a alguien. Si ocurre, el infractor se enfrentará seguramente a una multa que puede ir de los 901 a los 51.000 euros, ya que en estos casos es muy difícil que se reúnan las características de peligrosidad necesarias para acusarles de un delito medioambiental, aseguran los ecologistas. Sin embargo, el capitán Sierra insiste en que en la última reforma del código penal se abrió una nueva vía para acusarles, pues se habla de la peligrosidad se habla de "daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas".

Su trabajo, añade, es perseguir y denunciar, normalmente, a la Comunidad de Madrid, que en 2014 recibió 143 denuncias e impuso 81 sanciones y el año pasado fueron 145 y 70. Pero el Gobierno regional asegura que gran parte de ellas se las remite a los Ayuntamientos que son los que tienen las competencias sancionadoras en estos casos. Pero las obligaciones sancionadoras y de vigilancia se vuelven confusas en esos caminos limítrofes entre términos municipales distintos y entre caminos públicos (a veces protegidos, potestad de la Comunidad de Madrid) y fincas privadas. Una confusión que llega a su culmen cuando además las administraciones se pelean entre sí.

Es lo que que ocurrió recientemente cuando el Ayuntamiento de Madrid, que anunció una campaña que intensificará “la vigilancia y control del vertido de residuos ilegales”, reclamó también a la Comunidad que asuma su competencia sobre “el censo, el control y la vigilancia para que no se produzcan”. El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, no tardó en contestar mandando de vuelta esas competencias que parece que queman: “Para evitar que haya vertederos ilegales, los Ayuntamientos tienen que intervenir en un primer momento”.

Habría que recordar, en todo caso, que el consejero aseguró el pasado mes de septiembre en el Pleno de la Asamblea que solo hay un vertedero ilegal en la Comunidad —“Lo dice la Unión Europea y el Ministerio, uno es uno”—, en referencia en un espacio ya clausurado en Valdemingómez, entre Madrid y Rivas, que no está incluido en el recuento hecho en este artículo. Para el consejero, el resto de los que se mencionan en estas líneas serían esos puntos de vertido, de los que habla su director general de Medio Ambiente, susceptibles de convertirse en tales si los Ayuntamientos no intervienen a tiempo.

Y, mientras las autoridades discuten quién tiene que hacer qué, los residuos se siguen acumulando en sitios perfectamente conocidos, muchos de ellos, reiteradamente denunciados, como el del Camino de Valdecarros, al sur del Ensanche de Vallecas, en un lateral de la M-50, o el de Blancares, en Valdemoro, muy cerca de Ciempozuelos. “En la mayoría de los casos, son conocidos por Ayuntamientos y Comunidad de Madrid, pero se hace la vista gorda, por clientelismo, desidia o por falta de medios”, asegura María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción.

En el distrito de Villa de Vallecas, un vertedero incontrolado formado por cientos de metros de montañas de residuos está muy cerca de las últimas casas del Ensanche. Siguiendo el sendero hacia el oeste, se llega al antiguo poblado de las Barranquillas, desmantelado hace casi un lustro. Los restos de casas se dejaron en el lugar, para evitar que se volvieran a levantar, pero a aquellos cascotes se ha unido mucha más basura desde entonces. La imagen es muy parecida a la de todas las demás escombreras: todo tipo de basuras desperdigadas y constantes huellas de unos incendios que al parecer son una manera muy común de hacer hueco para más desechos y de borrar las huellas del delito.

Ese es, en todo caso, apenas uno de los peligros de estos vertederos/escombreras/puntos de vertido ilegales/irregulares/incontrolados (que cada uno elija el nombre que quiera). "Tienen un efecto demoledor sobre el paisaje, pero también contaminan el suelo (aceites y lixiviados), el agua (escorrentía contaminada, fecales) y la atmósfera (escape de gases de efecto invernadero de frigoríficos, quema de vertederos como en Seseña)”, resume Nieto. Además, no solo perjudican la fauna, sino que hacen una “competencia desleal a las empresas legales de reciclaje y recogida de residuos”, añade.

El capitán Sierra del Seprona asume que el control de estos vertidos no es fácil, y más aún en una región como Madrid, con un enorme movimiento de escombros. Por su parte, habla de seguir vigilando las zonas localizadas, comprobar las nuevas que les vayan denunciando, y de investigar los casos más graves... Pero ¿es mejorable? "Claro, siempre se pueden poner más recursos", admite.

El director general de Medio Ambiente, Mariano González, asegura que la “Estrategia de gestión sostenible de los residuos" que se está negociando en estos momentos con la oposición, los Ayuntamientos y las organizaciones del sector tratará estos asuntos. “La Comunidad de Madrid tiene capacidad para gestionar cinco millones de toneladas anuales de residuos de construcción y demolición y solo estamos gestionando dos”.

En El Molar, al norte de Madrid, uno de los puntos donde más escombros se tiran está, precisamente, en los alrededores de un centro de tratamiento legal de ese tipo de residuos.