¿Debe la ciencia impregnar la política?

Un viejo apotegma escolástico afirma en latín “nihil volitum quin praecognitum”, que traducido al lenguaje actual sería “no se quiere (ama) aquello que no se conoce previamente. Pues bien, en pleno siglo  XXI nuestros políticos siguen haciendo bueno este latinajo, al menos en todo aquello que se refiere a la ciencia y tecnología, probablemente los motores más importantes actualmente para el progreso económico y social de un país.

En el momento político y económico convulso en que se encuentra nuestro país, la clase política está más pendiente de sí misma que de lo que realmente importa y da valor a su propia existencia, que es la de trabajar por conseguir el progreso y bienestar para los ciudadanos que les han dado su confianza.

Hablar en estas circunstancias de ciencia o de política científica podría parecer algo frívolo y exótico que no se corresponde con el momento de crisis económica y política actual. Sin embargo, es en los momentos difíciles cuando las personas, pero también los países, muestran la pasta de la que están hechos y dan valor a aquello que realmente importa. En este sentido, las actitudes son muy diferentes de unos países a otros, normalmente siguiendo criterios que pueden relacionarse con su propia idiosincrasia y tradición. Lamentablemente, desde la Revolución Industrial, hace ya más de dos siglos, España no es un país que haya destacado por su contribución al acervo de la ciencia internacional, si exceptuamos algún periodo relativamente corto como el primer tercio del siglo XX con la creación de la Junta de Ampliación de Estudios que vino acompañado de científicos de la talla de Miguel Catalán, José Rodríguez Carracedo, Blas Cabrera, Julio Palacios, Arturo Duperier, Enrique Moles y muchos otros, en la denominada Edad de Plata de la ciencia española.

No es verdad que en tiempos de crisis económica los países disminuyen la inversión en ciencia y tecnología, la denominada I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), sino que algunos países han reforzado su sistema de ciencia e innovación dándole mayor protagonismo como el instrumento más eficaz para hacer frente a la crisis. Esto solo es posible si se cree en las posibilidades y rentabilidad de invertir en ciencia y tecnología como verdaderos motores económicos y de progreso. Aunque algunos países han incrementado su inversión en ciencia y otros de alto nivel de desarrollo (por encima de la media europea) hayan desacelerado el ritmo de inversión, esto no implica que no sigan reforzando su sistema de I+D+i.

España no es un país que haya destacado por su contribución al acervo de la ciencia internacional

En nuestro país, por el contrario, los recortes en nuestro sistema de ciencia y tecnología han sido del orden del 30%-35%, valores estos que hacen insostenible un sistema de ciencia como el nuestro. Esto se entenderá fácilmente si se considera que los datos presupuestados en I+D+i para 2016 representan el 66% de los recursos dedicados en el año 2009 –el techo histórico– y el 75% de lo dispuesto para el año 2011, el último de la pasada legislatura. Estos datos hacen imposible una convergencia hacia la media europea, de la que nos aleja progresivamente.

La ciencia es, sin duda, una de las creaciones más sublimes del ser humano, ya que no solo nos permite entender mejor el mundo que nos rodea sino que, además, permite conocernos a nosotros mismos y satisfacer la curiosidad intrínseca de la naturaleza humana. Pero, además, es un motor para la creación de riqueza y puestos de trabajo estables del que los países avanzados de nuestro entorno no dudan. Utilizando el aforismo, casi antiguo, de Jorge Wagensberg, "los países ricos hacen ciencia no porque sean ricos, sino porque quieren seguir siendo ricos". Este juego de palabras, en apariencia, no es fácilmente asimilable por nuestros políticos, aquellos que deciden las prioridades de los países, como muestra la actual debilidad de nuestro sistema de ciencia y tecnología, algo solo justificable si se desconoce la ciencia y sus posibilidades de creación de riqueza.

En un país como el nuestro, no muy dado al asociacionismo ni a los pactos –basta con ver las dificultades de los partidos políticos para hacer proyectos comunes-, parece imposible establecer por consenso las líneas maestras en las que se debe sustentar un Estado política y socialmente fuerte. Los pilares en los que se basa la convivencia ciudadana y su progreso tecnológico y cultural son la educación, la salud, la justicia y también la investigación científica y tecnológica. De hecho, existen pactos de Estado en los países avanzados en donde estos pilares configuran el propio país. Un ejemplo destacado es Finlandia, donde el pacto por la educación tiene ya más de 40 años con un éxito evidente. En España no solo los pactos brillan por su ausencia sino que, además, en momentos de crisis estos pilares sociales sufren sistemáticamente recortes que llegan en algunos casos a poner en riesgo su propia existencia con el consiguiente perjuicio que ello conlleva que, generalmente, se manifiesta en las siguientes generaciones.

No es verdad que en tiempos de crisis económica los países disminuyen la inversión en ciencia y tecnología

Desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) queremos manifestar nuestra preocupación por la situación actual de la ciencia y la tecnología pero, a la vez, queremos realizar propuestas que ayuden a acabar con este desencuentro histórico existente entre política y ciencia en España. En este sentido, la creación de la figura de un científico asesor “independiente” adjunto a la presidencia de Gobierno, cuya principal función fuese la de incluir la ciencia en la agenda política –lo que es premisa necesaria para plantearse hacer auténticas políticas científicas– permitiría que las tomas de decisiones relacionadas con aspectos vinculados a la ciencia y tecnología que afectan directamente a la economía del país se vean desde la óptica de la ciencia. Sin duda, una nueva perspectiva que podría tener interesantes beneficios. Además, esta figura podría coordinar igualmente la acción de los diferentes científicos y tecnólogos que actúan en diferentes ministerios sin ningún tipo de coordinación entre ellos.

Una propuesta disruptiva pero muy creativa aunque no totalmente novedosa, ya que se hace en algunos países, es el llevar la ciencia y la tecnología al Parlamento. Sí, al Parlamento español para dedicarle un pleno anual. Esto obligaría a que nuestros responsables políticos tuviesen que hacer los deberes y leer sobre la I+D de su país, entender para lo que sirve y su enorme potencial para el crecimiento económico y social. Es evidente que las respectivas comisiones para la ciencia y tecnología de los partidos políticos en el Congreso no han tenido el éxito deseable en los últimos tiempos, por lo que es imprescindible cambiar de modelo y, además, de modo urgente. Un sistema de ciencia débil –comparativamente con nuestro entorno– al que se le dedica aproximadamente el 1,3% del PIB, frente al 2,0% de la media europea y por encima del 3% en países modelo como Finlandia, Suecia, Alemania o Austria nos aleja progresivamente de Europa de modo alarmante.

Desde la llegada de la democracia, nuestro país manifestó un interés creciente por la ciencia. En estas décadas se han conseguido cosas importantes como ser la décima potencia científica mundial, hecho este basado en las magníficas generaciones de científicos formados no solo en España sino, también, en el extranjero con estancias de varios años en países científica y tecnológicamente avanzados. Esta cantera de científicos que actualmente se ven obligados a buscar en otros países lo que el suyo no les concede –una posición donde poder desarrollar su creatividad y conocimiento– ya está sufriendo seriamente los terribles efectos de los recortes en ciencia de los últimos años. Estamos obligados a acabar con esta sangría de talento y ustedes señores políticos, nuestros representantes que deciden como y cuando actuar, están obligados a poner remedio a esta situación. Pero, como dice el apotegma escolástico, para ello es preciso que conozcan y amen la ciencia que se hace en España.

Nazario Martín es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)