El largo y cálido verano africano: #StopExtrajudicialKillings

Kenia fue testigo en julio de una huelga de tres días del colectivo de la abogacía y de protestas sociales que se extendieron por toda la geografía del país y las redes sociales desde un epicentro muy concreto: Freedom Corner, el punto de Nairobi en el que Wangari Maathai movilizó a las mujeres del país para proteger este enclave de Uhuru Park de la urbanización y donde plantó, de paso, las semillas de la nominación a su Nobel de la Paz.

El motivo de la huelga fueron los secuestros, torturas y asesinatos del abogado Willie Kimani, su cliente Josphat Mwendwa y el taxista Joseph Muriere a manos de tres agentes de la policía. Un nuevo acto de violencia policial que sobrecogió a una nación que vive en estado de excepción por la lucha antiterrorista y donde las fuerzas armadas ostentan un triste récord en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, con cientos de secuestros y desapariciones de ciudadanos documentados. Los kenianos que normalmente no tenían problemas con las fuerzas de seguridad constataban, consternados, que el estado de terror policial salía de los guetos y las orillas más alejadas del país para llegar a las puertas de un juzgado de la capital, con total impunidad y descaro. Los datos más escabrosos de unas autopsias llenas de detalles horripilantes ponían la guinda a un caso que conmocionó a los kenianos y al resto del planeta.

“No tenemos que hablar sobre tratar con elementos matones en la policía”, escribió al respecto la indignada autora keniana Nanjala Nyabola en African Arguments. “Tenemos que hablar de abolir la Administración de la Policía y descolonizar la policía de Kenia”. Su queja surgió al tiempo que Human Rights Watch lanzaba una campaña centrada en las desapariciones de ciudadanos kenianos a manos de sus fuerzas armadas y que un hashtag, #StopExtrajudicialKillings, se hacía fuerte en la Red.

The divers who pulled the 2 bodies out say they retrieve bodies regularly from the river. Not isolated case. #StopExtrajudicialKillings

— Ory Okolloh Mwangi (@kenyanpundit) July 4, 2016

#Uganda will join in calling for #StopExtrajudicialKillings #JusticeInKenya https://t.co/WEVNZSrahZ

— Rosebell Kagumire (@RosebellK) July 4, 2016

It's a beautiful morning to shout #StopExtrajudicialKillings. We are at Freedom corner. Join us. #TeamCourage pic.twitter.com/alfyy5sm7n

— Boniface Mwangi (@bonifacemwangi) July 4, 2016

#StopExtrajudicialKillings protest in Nairobi starts at 10am. Assembly point: Freedom Corner. Spread the word. pic.twitter.com/QmwQGJZabm

— Boniface Mwangi (@bonifacemwangi) July 4, 2016

EDITORIAL CARTOON: Perhaps #Mavoko3 is the turning point in #StopExtrajudicialKillings via @ndula_victor pic.twitter.com/Xi0pY0RLMa

— The Star, Kenya (@TheStarKenya) July 4, 2016

Frente a la tradicional queja de la pasividad de las sociedades africanas al sur del Sáhara y la comparación, siempre odiosa, con el Magreb y las Primaveras Árabes, tenemos la realidad de unas sociedades civiles que se rebelan contra la corrupción, la violencia policial o las decisiones injustas de sus gobiernos tanto dentro como fuera de las redes sociales. Los africanos no se limitan a darle al me gusta en Facebook o acuñar hashtags y también pisan las calles para dar repercusión a sus protestas, aunque esas informaciones no nos lleguen con frecuencia.

En el caso keniano, hablamos de la mecha de la ira prendida por una historia concreta que implica a un abogado de International Justice Mission y un conductor de boda boda que denunció a la policía por dispararle y herirle sin motivos en abril y acosarle posteriormente. Los dos y su conductor fueron secuestrados, torturados, asesinados y lanzados a un río cerca del juzgado ante el que acababan de comparecer por este caso. Se detuvo a tres policías en el momento, aunque se acabó inculpando a cuatro miembros de la fuerza policial keniana. Treinta y tres organizaciones activistas hicieron público un comunicado conjunto, afirmando que “apoyar a las agencias de seguridad kenianas sin insistir en su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos convierte a los países donantes en cómplices”. Una advertencia principalmente dirigida a Gran Bretaña, antiguo colonizador del país, Estados Unidos, Suecia y a la propia ONU. “El asesinato de estos tres jóvenes kenianos a sangre fría debería importarle al presidente Uhuru Kenyatta”, afirmó entonces George Kegoro, de la Comisión por los Derechos Humanos de Kenia.

La situación es especialmente preocupante en la zona costera de Kenia, cerca de la frontera somalí, donde las operaciones contra Al Shabab se han saldado con desapariciones y una violencia extraordinaria desde 2011. Sobre todo, contra el colectivo de los kenianos de etnia somalí. Haki-Africa, un grupo de activistas con sede en Mombasa, ha documentado más de 70 desaparecidos en su zona durante los dos últimos años.

Sin reacción gubernamental salvo el recurso de las “manzanas podridas” ni una palabra crítica de la oposición, sin dimisiones ni cambios en el Ministerio de Interior, las redes sociales han amplificado un grito de indignación y alarma cuya imagen perfecta es la de un oficial de la Unidad de Servicio General alzándose sobre un ciudadano indefenso tirado en el suelo, a punto -aparentemente- de pisar su cabeza. Una imagen que dio la vuelta al mundo y se solapó con otras imágenes de brutalidad policial, como las de Uganda durante la bienvenida de la población al líder opositor Besyge al salir de prisión, etiquetadas con el hashtag #StopUgandaPoliceBrutality, y que nos recordaron la impunidad del aparato de seguridad en algunos países africanos y el excesivo uso de la violencia que ejercen contra los ciudadanos a los que deben proteger.

El periodista de la BBC Farai Sevenzo publicó una columna recientemente en la que se hacía eco de la impunidad y brutalidad de las fuerzas policiales africanas, a causa de la supuesta introducción del polígrafo en las pruebas de acceso a la policía nigeriana. Sevenzo recordaba la práctica de la policía zimbabuense de instalar controles en las carreteras en las que extorsionar a sus ciudadanos y la represión posterior a la huelga y los disturbios de este verano en Harare. También recordaba la brutalidad ejercida contra manifestantes etíopes e ilustraba su texto con tuits e imágenes de la keniana.

A principios de agosto, el juez Luka Kimaru acusó a la policía keniana de manejar mal las investigaciones de los asesinatos de Kimani, Mwenda y Muiruri y les pidió públicamente acabar con la impunidad con la que ejercen la violencia, de forma rutinaria, contra los ciudadanos. El juez llegó a solicitarles que construyan una relación de confianza entre los kenianos y trabajen de manera profesional. Kimaru describió una cultura de la impunidad que permite que se cometan actos de este tipo y con la que es necesario acabar. Una cultura y una mentalidad que, desgraciadamente, están muy presentes en las fuerzas de seguridad de algunos países africanos.

La Sociedad Legal de Kenia pedirá una compensación al gobierno por la muerte de Kimani.