Ecuador: de la reconstrucción al desarrollo

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Ecuador, 16 de abril de 2016: un terremoto de magnitud 7,8 deja 661 muertos en 14 provincias, con una estimación de daños económicos de 3.000 millones de dólares. Los equipos de emergencia se despliegan y, casi de inmediato, empiezan las labores de reconstrucción.

En este punto de la historia es donde la visión de una planificación urbana más resiliente y sostenible a largo plazo juega un papel fundamental para evitar la degradación de la ciudad. La urgencia no debe condicionar el futuro y la respuesta que se de en ese momento a los retos de provisión de vivienda y servicios deben considerar los factores de segregación social e impulsar la actividad económica para mejorar la situación previa al desastre.

Cuando llega el impacto, surge una oportunidad para reestructurar las áreas urbanas y transformarlas en lugares mejores a través del planeamiento del territorio como herramienta vertebradora. Así, la nueva visión urbana debería definir como prioridad el uso de suelos aptos y seguros. Esto es, una política que confronte los requerimientos de la urgencia pero sin olvidar el desarrollo futuro: la utilización racional del suelo, la protección del medio ambiente, la reducción de la desigualdad, la mejora del acceso a la vivienda y la generación de nuevas oportunidades económicas dentro del marco de competencias locales.

Las ciudades están expuestas a diversas amenazas y en muchos casos, sus planes urbanos obvian las áreas de riesgo por las implicaciones económicas que representa el traslado a áreas seguras en zonas previamente ocupadas. O, cuando esto no es viable, dejan de lado las medidas de prevención necesarias para reducir el impacto así como el plan de emergencia que incluya las localizaciones donde se ubicarán de manera transitoria o definitiva las familias afectadas. También sería necesario considerar la necesidad de situar en emplazamientos seguros aquellos usos de carácter estratégico para la atención de emergencias (centros de atención hospitalaria, estaciones de bomberos, estaciones de policía...).

Podría parecer que la inversión en la protección de estos elementos y de otras infraestructuras críticas tiene un coste elevado, aunque es un hecho reconocido que el coste de la recuperación siempre es mucho mayor. En palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, "las pérdidas directas relacionadas con inundaciones, terremotos y sequía han sido infraestimadas en al menos en un 50%. En lo que va de siglo, están en el rango de los 2,5 billones de dólares".

Desde la perspectiva de la planificación urbana, la reconstrucción de las áreas dañadas deberá estar basada en un análisis multiescalar que considere la ciudad desde la diversidad de unidades del territorio. “Reconstruir mejor” no sólo se refiere a mejorar la calidad de las edificaciones, sino también a aprovechar el potencial de las áreas afectadas u otras áreas degradadas de la ciudad para revitalizar la vida urbana.

La coordinación entre la emergencia y el planeamiento permitiría acelerar la recuperación real de las ciudades

La población desplazada por el desastre se deberá integrar mediante actuaciones de "acupuntura urbana" en áreas consolidadas o a transformar —que permitan la revitalización del tejido en desuso— o bien en áreas aún no desarrolladas en las que se prime la mezcla social y de usos y se fomente una estructura urbana conectada, sostenible y económicamente activa orientada a la reducción de la desigualdad.

En el caso de la relocalización en nuevos asentamientos de comunidades enteras ubicadas en sectores con alto nivel de riesgo, las actuaciones deberían estar basadas en principios del desarrollo urbano sostenible, entendido éste en su acepción más amplia e integral.

La visión planificada de la ciudad presente y futura se basa en criterios básicos: la definición de los suelos no aptos para el desarrollo y en consecuencia, de las áreas de riesgos mitigables y de aquellas cuyos usos se han de trasladar; las infraestructuras y los equipamientos incluida la red de espacio público y las áreas verdes y las actividades económicas que han de sostener el desarrollo equilibrado del territorio.

La coordinación entre la emergencia y el planeamiento permitiría acelerar la recuperación real de las ciudades, promoviendo la resiliencia e incrementando la capacidad de las poblaciones frente a los riesgos que las amenazan para convertirlas en lugares más seguros y mejores.

El plan resultante debería ser, en primera instancia, un soporte rápido a la toma de decisiones orientadas a la reconstrucción pero su misión posterior será actuar como un dinamizador social a través de procesos de participación que permitan la vinculación de todos los actores involucrados y con especial atención a los más vulnerables, alzando la voz de las personas en los procesos de decisión de las ciudades que habitan hacia un futuro más seguro y mejor.

La iniciativa propuesta por ONU Habitat para la recuperación en Ecuador promueve este principio de colaboración entre emergencia y planificación con la esperanza de que sea el punto de partida para afrontar los retos que representa la vida urbana. Y poniendo de relieve la necesidad de que todo proceso de reconstrucción o recuperación incluya la mejora de la capacidad del territorio a través de un planeamiento urbano resiliente.

Maíta Fernández-Armesto es coordinadora sénior del Programa de ciudades resilientes de ONU Hábitat en España.