Multa: una decisión razonable

La decisión de la Comisión Europea de no multar a España por incumplir el objetivo de déficit a cambio de imponer un nuevo calendario de ajuste (4,6% de déficit sobre el PIB este año; 3,1% en 2017, y el 2,2% en 2018) es sin duda una solución razonable y la más coherente con el panorama político y económico conocido después del Brexit.

Es evidente que la economía española no se merecía la sanción —otra cosa es el Gobierno, por bajar los impuestos en pleno ajuste presupuestario— y que una multa, aunque no fuese cuantiosa, no solucionaba el problema de la estabilidad financiera pendiente. Aunque la economía haya salido bien librada (por el momento; está pendiente una resolución sobre fondos estructurales), nadie podrá decir que después del fracaso de cuatro años de un ajuste inútil a efectos de estabilidad esto sea un triunfo político.

En realidad, la benevolencia de la Comisión se debe al enrarecimiento peligroso de la situación institucional europea, desde el Brexit hasta la crisis de los bancos italianos y portugueses. De hecho, la tolerancia de Bruselas parece un adelanto del visto bueno futuro de las autoridades comunitarias a una solución para la banca italiana que evite el rescate y que sean accionistas y acreedores los primeros que paguen el coste del saneamiento bancario.

Dicho lo cual, debe quedar constancia de que las condiciones impuestas por Bruselas son de difícil cumplimiento. El déficit este año está disparado, y situarlo por debajo del 5% será una hazaña casi sin precedentes.

Y máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno en funciones sigue manejando parches (aumento de las retenciones del impuesto sobre sociedades, adelanto a julio de la fecha de cierre de los gastos administrativos) para resolver un problema que, como le recuerda Bruselas, es estructural.