El PP insiste en salvar la memoria de la represión

El Partido Popular votó ayer en la Asamblea de Madrid en contra de la propuesta del Comisionado de la Memoria Histórica, que se constituyó en mayo y que preside Francisca Sauquillo, de retirar las distinciones que la capital otorgó en su día a ocho personas y cinco entidades próximas a la dictadura franquista. El argumento que utilizó fue que “las distinciones ya están extinguidas”.

La iniciativa se puso en marcha para cumplir la llamada ley de la memoria histórica, aprobada en 2007 en el Congreso, y que ha estado sujeta desde entonces con demasiada frecuencia a la gresca política. El artículo 15 de dicha ley, en su punto primero, establece que “las Administraciones, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Al referirse a que esas distinciones están “ya extinguidas” lo que seguramente pretende señalar el Partido Popular es que el pasado ha pasado, en lo que tiene toda la razón. Aquellas personas que colaboraron con el golpe de los militares rebeldes o intervinieron en la represión que sucedió a la Guerra Civil o exaltaron al dictador en su afán por destruir al enemigo o que trabajaron con ahínco para bendecir su legado, sí, todas ellas (o casi todas) ya no están, murieron, desaparecieron. Y aquellas entidades que fueron pilares del régimen, sus baluartes, tampoco existen ya, el tiempo las trituró, las borró, polvo son. Sí, forman parte del pasado.

De lo que se trata es de saber si se trata de un pasado que deba reivindicarse o al que convenga quitarle, más bien, los reconocimientos que en su día se le otorgaron. La ley de la memoria histórica obliga a retirar todo tipo de exaltación de aquellos tristes horrores. ¿Es tan complicado hacerlo de una vez? ¿No desperdicia el PP otra oportunidad para normalizar la enfermiza relación de este país con el pasado apoyando una iniciativa que retira unos honores que no debieron otorgarse a quienes estuvieron ahí dándole duro a la tarea de consolidar una sangrienta dictadura?

Es cierto que la referida ley se convirtió con demasiada rapidez en un instrumento del que las fuerzas políticas se sirvieron para practicar la esgrima y soldar emocionalmente a sus correligionarios con referencias al cenagoso pantano de la guerra y la dictadura. Convertida en arma arrojadiza de unos contra otros ha producido algunos disparates, pero acaso entre las víctimas (o entre sus herederos) —que esperaron algún tipo de reparación cuanto menos simbólica a su sufrimiento— ha generado también una honda frustración. Y no debió nunca llegarse a este punto. Quizá sea ya hora de cumplir la ley sin hacer tanto ruido y tanta alharaca.