El Consejo de Transparencia insta a divulgar la tesis de Francisco Camps

La resolución del organismo de la Generalitat se produce después de que EL PAÍS publicara que el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra Jorge Urdánoz descubrió en enero de 2015 que ningún investigador, estudiante o docente podía leer el trabajo académico de Camps. Urdánoz presentó el pasado septiembre una reclamación al Consejo de Transparencia, que ahora insta a la Miguel Hernández a facilitar el acceso a la tesis “en un plazo máximo de un mes”.

Dos semanas después de ser absuelto de un delito de soborno por recibir trajes de la red corrupta Gürtel, Camps leyó durante 40 minutos su tesis. Fue el 10 de febrero de 2012. Un día antes de la entrada en vigor de una disposición del Real Decreto 99/2011 que obligaba a los doctores a publicar y colgar sus investigaciones en formato PDF para su consulta pública.

Programa antiplagios

La investigación del expresidente -según su entorno- se sometió por voluntad propia del exdirigente a un programa informático para detectar plagios. La aplicación halló “muchas concomitancias”, que es como se denominan contenidos procedentes de otros trabajos académicos, sentencias y documentos. Sin embargo, estas similitudes no responden a un plagio, según el círculo de quien fue el factótum del PP valenciano. “Es un trabajo que se nutre de muchos libros, estudios y análisis”, justifican para añadir que el político dedicó 15 años de su vida a una investigación que incluye 780 pies de página y 20 hojas de bibliografía.

Fuentes del entorno de Camps aseguran que el político dejó constancia el pasado 30 de marzo de un escrito en la ventanilla única del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), un organismo del que es miembro, para que se autorizara a la Universidad Miguel Hernández la consulta “en sala” de su tesis. Esto significa que el volumen, de 697 páginas, no puede salir de las dependencias de la universidad ilicitana. La supuesta liberación de la tesis -según el entorno de Camps- se produjo después de que saliera a la venta el pasado marzo un libro de 850 páginas que reproduce -precisan- el contenido íntegro de la investigación. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de la Universidad Miguel Hernández.

La tesis de Francisco Camps fue dirigida por el profesor de la Universitat de València Vicente Garrido Mayol, quien ocupa desde 2003 la presidencia del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana. Camps designó a Garrido en el cargo. Y cuando el expresidente valenciano dimitió de la Generalitat para sentarse en el banquillo por el caso Gürtel entró a formar parte del CJC como miembro nato de este organismo jurídico con un sueldo anual de 58.000 euros. También disfruta de coche oficial, despacho y secretaria.

El expresidente inauguró entonces su carrera como docente en la Universidad Católica San Vicente Mártir, propiedad de una fundación del Arzobispado de Valencia. Y el pasado año formó parte de un equipo de 14 profesores de un postgrado en legislación marítima. 

El principal activo de la universidad privada que empleó a Camps es la carrera de Medicina. Su autorización llegó en 2007 en una polémica decisión del expresidente autonómico. El político llegó a desafiar a los rectores valencianos y al Ministerio de Ciencia, entonces en manos del PSOE, para conseguir que el centro católico impartiera el codiciado título.