Un Brasil de Temer

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff, lejos de resolver la profunda crisis institucional que vive Brasil, la profundiza. Al tiempo, abre profundos interrogantes sobre el futuro de un país hasta hace muy poco ejemplo mundial de economía emergente y que ha conseguido sacar a decenas de millones de personas de la pobreza.

La decisión del Senado, tras más de 20 horas de sesión, culmina un proceso iniciado por la oposición en el Congreso e implica que durante los próximos seis meses Rousseff quedará apartada de la jefatura del Estado. En ese tiempo, la mandataria será sometida a juicio bajo la acusación de usar y maquillar las cuentas del Estado para financiar proyectos y presentar un mejor balance ante el electorado. Una mala práctica, pero utilizada por sus predecesores en el cargo —cierto que en mucha menor cuantía— y por Gobiernos democráticos de otras latitudes.

Hay que recordar que en ningún caso Rousseff será juzgada por los sonados casos de corrupción política y empresarial que han destruido la reputación del país ante su propia ciudadanía y ante la opinión pública internacional. Y no lo será porque las autoridades judiciales no han encontrado pruebas que permitan encausar por tan graves delitos a la desde hoy suspendida presidenta.

Durante los próximos 180 días —y hasta 2019 en el caso de que Rousseff sea definitivamente destituida— ocupará la más alta magistratura de Brasil el vicepresidente Michel Temer, del Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB). Una formación liberal de centro derecha —plagada de escándalos judiciales— que el pasado 29 de marzo abandonó la coalición de Gobierno sin que por ello Temer —que daba por hecha la destitución de Rousseff en grabaciones ahora conocidas— dejara la vicepresidencia.

También hay que recordar que Temer pertenece al mismo partido que el verdadero motor de la destitución de Rousseff, Eduardo Cunha, que desde la presidencia del Congreso ha impulsado el proceso. Cunha —segundo en la línea institucional de sucesión a la presidencia del país— fue destituido la semana pasada por corrupción y lavado de dinero. Sin olvidar que la presidenta ha perdido la confianza de las dos Cámaras, no pueden extrañar las acusaciones de conspiración lanzadas por Rousseff y su equipo, ni las dudas sobre lo adecuado de un presidente que llega al cargo con la clase política enfrentada y un electorado irritado, dividido y estupefacto ante el espectáculo al que asiste.

Mientras tanto, Temer se enfrenta a una tarea titánica en un país que no puede permitirse más parálisis. Hay varios problemas prioritarios que deben ser tratados: con urgencia, la recesión económica que amenaza con destruir a una clase media que ha visto aumentar su bienestar en las últimas décadas y que es la base de la estabilidad del país; después, la profunda crisis de credibilidad de la clase política ante la lluvia diaria de escándalos, procesamientos y revelaciones de nuevos casos de corrupción; por fin, la fragmentación parlamentaria que hace ingobernable el país. Aunque su arranque haya sido muy cuestionable, Temer está obligado a abordar con seriedad estos desafíos.