Esas “señoritas” que se dicen putas no saben estar

Tratar con la Iglesia suele conllevar el peligro de alud de argumentos religiosos frente a los legales. Hechos o convicciones, ciencia o fe, leyes o doctrina son territorios que en un estado aconfesional y de derecho deben tener límites nítidos para todos los ciudadanos, sean creyentes, agnósticos o alérgicos a la sotana. Y dibujar la frontera clara entre pecado y delito, entre el confesionario y el tribunal, es sobre todo una obligación para los agentes de la justicia y la ley.

La distinción no es superficial, y prueba de ello es la deriva que la jerarquía católica impuso en los casos de pederastia cuando abordó las denuncias en el marco interno de la Iglesia y tuvo dificultades para trasladarlo al territorio penal.

En esta ocasión, sin embargo, Iglesia y justicia parecen jugar en una liga de vasos comunicantes en la que el peor papel lo tiene la fiscal, Marisa Morando.

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, perdonó (en sentido cristiano) a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que le pidió disculpas por haberse quedado en sujetador en una protesta en 2011 en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta aquí, conforme a los cánones. Maestre fue condenada a multa de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos.

El perdón arzobispal obviamente “no tiene relevancia penal”, recoge la fiscal en su escrito contra el recurso de Maestre a su condena, y así debe ser: que pecados y delitos transcurran siempre en distintos carriles, como el perdón y las sentencias. Lo que sorprende es que sea la funcionaria de la justicia, la fiscal Morando, quien utilice argumentos morales y religiosos ante un hecho que solo debe ser jurídico. Observen el lenguaje: “Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras, o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar, espacio sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario (mayúscula textual), lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios, implica un ánimo evidente de ofender", asegura la fiscal.

Y sigue: “En la playa es normal estar sin sujetador para broncearse todo el cuerpo. Pero era un templo, no una playa. En el presente caso, la conducta de la acusada, quedándose en sujetador, traspasa lo que podría ser una falta de protocolo o de saber estar. Esa falta de protocolo y falta de saber estar sería que se quedase en sujetador en un pleno del ayuntamiento o quedarse en sujetador en una recepción oficial. Pero eso no lo ha hecho, seguramente porque respeta esos actos y lo que representan”. “El alarde de su forma de vivir que implica las expresiones que llevaban pintadas en sus torsos, tales como 'violenta, bollera, puta, libre, lesbiana', supera con mucho la libertad de expresión”.

La Iglesia católica ya se quedó atrás en lo que respecta a las mujeres, los homosexuales y casados. Está probado. Ahora, es nuestra fiscalía quien ha preferido renquear al atacar a Maestre por algo más que “no saber estar”, una apreciación moral cuya inclusión en el código penal, francamente, se nos escapó.