Una guerra de visados se cierne sobre el Atlántico

Europa y EE UU se enfrentan por un asunto potencialmente más grave que el tratado comercial, el espionaje o el caso Google. Se trata del régimen de visados que todavía impone Washington a cinco países comunitarios: Polonia, Rumania, Bulgaria, Croacia y Chipre. El resto de europeos (incluidos los no comunitarios del área Schengen, como los suizos) pueden viajar libremente a territorio estadounidense, pero cuando Bruselas exime a un país de visado para acceder a la UE, exige reciprocidad para sus más de 500 millones de ciudadanos.

El caso incomoda a la Comisión, que no quiere asumir una decisión tan sensible como reinstaurar los visados para estadounidenses que se desplacen al viejo continente. Así que en lugar de decretar la medida cuando correspondía, el pasado 12 de abril —en vísperas del viaje de Barack Obama a Europa—, Bruselas se aferró a la vía intermedia: evaluar el impacto antes de decidir.

El horizonte dibujado es devastador. Los norteamericanos —Canadá también exige visados a Rumania y Bulgaria— son los extranjeros que más viajan a la UE. Así que obligarlos a tramitar papeles para desplazarse reduciría el turismo al menos un 5%, con especial impacto en países como España, Francia, Alemania e Italia, según un informe de la Comisión Europea. La medida complicaría la vida también a los europeos con destino a Estados Unidos. Porque la Administración norteamericana impondría visado a todos, con un coste anual de unos 2.500 millones de euros adicionales para ciudadanos y empresas comunitarios.

Todo este panorama tan sombrío encierra una evidente llamada al pragmatismo. ¿Por qué no seguir dialogando con Norteamérica en lugar de adoptar una medida tan dañina económica y diplomáticamente como la reintroducción de visados? “La reciprocidad absoluta continuará entre las prioridades de nuestra relación bilateral con estos países y buscaremos una salida equilibrada y justa”, ha expresado, casi resignado, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos. Los 28 y el Parlamento Europeo tienen la palabra.