Todos saben de qué va

La reunión celebrada el pasado miércoles entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no dejó más cerca la formación de un Gobierno de coalición sino que, bien al contrario, aumentó la sensación de que no quedará otro remedio que repetir las elecciones. Desde el punto de vista formal, la reunión cumplió mucho más los objetivos de Podemos que los del PSOE. Pablo Iglesias repitió que está dispuesto a “dejarse la piel” para conseguir que se forme un Gobierno, pero en la realidad los socialistas no percibieron, ni mucho menos, esa impresión. Sánchez se mostró bastante insatisfecho, mientras que Pablo Iglesias dio la impresión de sentirse contento.

A raíz de los acuerdos del Comité Federal del PSOE, la apuesta de Pedro Sánchez ha sido a favor de un acuerdo tripartito, con Podemos y Ciudadanos, una propuesta que no ha avanzado en estos meses por la mutua exclusión de Podemos y Ciudadanos y que sigue sin tener la menor acogida. El intento de Sánchez de romper esa situación esta semana convenciendo a Iglesias para negociar un programa de gobierno con Ciudadanos no tuvo, en realidad, el menor eco. El líder de Podemos aceptó reunirse con Ciudadanos, pero explicó con rotundidad que solo pretendía pedirles que se quitaran de en medio, para seguir adelante con su propio proyecto “a la valenciana”.

Iglesias se mostró complacido con la reunión, básicamente porque necesita combatir la imagen de que Podemos es el responsable de que no exista acuerdo y de que se convoquen nuevas elecciones, una imagen que puede tener costes electorales. La preocupación de Iglesias por cambiar esa peligrosa impresión estuvo patente en toda la rueda de prensa posterior al encuentro con Sánchez, una táctica, incluidas las famosas notas sobre “cesiones” que tan hábilmente llegaron a la televisión, que aparentemente tuvo éxito.

Fuera de los efectos propagandísticos, no hubo ningún avance real. Más bien, los socialistas sacaron la impresión de que Pablo Iglesias se estaba esforzando en mejorar su imagen, cara, precisamente, a unas nuevas elecciones. Y eso es lo que temen que haga en las próximas semanas: utilizar las mesas de negociación, no para ir cerrando acuerdos, sino para volver a atraer los focos mediáticos preelectorales. En esas condiciones, no es de extrañar que la mesa de negociación tripartita se convoque con tanta parsimonia.

Quedan algunas semanas por delante y todavía no es posible dar por cerrado el periodo de negociación, pero las señales no son alentadoras. Las únicas novedades llegan del campo de la economía: el anuncio de que el Gobierno de Rajoy ha incumplido en un punto el tope del déficit fijado por la UE y de que se aplicará en toda su extensión la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las comunidades autónomas para imponerles nuevos topes de gasto, ha hecho saltar las alarmas, especialmente, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Compromís, el grupo de Mónica Oltra, asociado a Podemos, es consciente de que necesita un nuevo Gobierno que afloje una cuerda que no les permite cumplir prácticamente ninguna de sus promesas electorales. Lo mismo sucede en Cataluña, donde el presidente Puigdemont, que ha imprimido un ritmo más lento a la “desconexión”, sabe que el 95% de su gasto depende en estos momentos de la Hacienda española. Todos son conscientes de que será el mismo Gobierno Rajoy el que presentará en Bruselas en abril su programa de estabilidad. Y el que, si no sucede nada, acudirá en junio (todavía en funciones o de pleno derecho) a una nueva ronda de negociaciones sobre esos topes de déficit. Salvo que exista un acuerdo antes y haya nuevo Gobierno. En esas estamos.