¿Hay que castigar a los enfermos por sus malos hábitos?

¿Deben tener sanidad gratuita los fumadores, los obesos y los bebedores? La pregunta ha sido formulada por Atomium-Instituto Europeo para la Ciencia, los Medios de Comunicación y la Democracia, una entidad creada en el seno del Parlamento Europeo para estimular el debate de cuestiones sociales sobre bases científicas. Se estima que un tercio de la población europea sufre patologías crónicas relacionadas con hábitos poco saludables. La OMS considera que no fumar, evitar el abuso del alcohol, eliminar la comida basura y realizar media hora de ejercicio diario evitaría el 80% de los casos de enfermedad cardiovascular, ictus y diabetes del adulto. De hecho, combatir esos hábitos de riesgo es la prioridad de las políticas de prevención. Pero ¿es lícito ir más allá y plantearse medidas punitivas para reducir su incidencia?

La propuesta podría parecer económicamente ventajosa y hasta justa, por cuanto hace recaer en el propio individuo las consecuencias de sus decisiones. El argumento sería que si la amenaza de retirarles la asistencia les disuade de los malos hábitos, habrán ganado tanto el individuo, que tendrá mejor salud, como el sistema, que ahorrará dinero. Y si no surte efecto, al menos el sistema, que pagamos entre todos, se ahorrará el coste de su mala conducta.

Sería bueno que la gente fuera consciente de esos costes, pero este enfoque, de corte utilitarista, ignora aspectos fundamentales de la realidad. No es casualidad que las mayores tasas de obesidad se den entre los más pobres. La obesidad se ha convertido de hecho en un síntoma de pobreza y no es difícil situar entre las causas la falta de cultura y educación nutricional, que les hace consumidores de productos de tan baja calidad como alto contenido de grasas y azúcares. En cuanto al tabaco y al alcohol, es cierto que constituyen las principales causas de muerte evitable, pero no se puede olvidar que son sustancias adictivas que se venden libremente y de las que no todos los adictos pueden desengancharse fácilmente. Para poder determinar que un individuo es culpable de su mala salud habría que eliminar antes las condiciones socioculturales que determinan o estimulan esos hábitos insalubres.

De prosperar las tesis punitivas, tampoco está claro que lograran reducir sustancialmente las enfermedades crónicas y, en cambio, sí que tendrían efectos nocivos sobre la parte más vulnerable de la población, que sería así doblemente víctima: primero por los condicionantes sociales que dañan su salud, y luego por quedar excluido de la cobertura sanitaria pública, lo que agravaría aún más su estado. Y una última consideración: puestos a buscar culpables, ¿por qué señalar solo al enfermo? ¿No habría que actuar contra los productos que directamente provocan esos problemas de salud? ¿No habría que actuar contra el tabaco, la bollería industrial con valores calóricos estratosféricos, las grasas trans que dañan las arterias o los aperitivos de alto contenido en sodio que elevan el umbral de tolerancia a la sal y provocan hipertensión? El debate, como se ve, es complejo y antes de castigar a los pacientes, parece más justo, más seguro y más efectivo insistir e invertir en políticas de prevención.