En Túnez, un porro ya no llevará a la cárcel

El Consejo de Ministros de Túnez ha aprobado el borrador de una ley que suaviza de forma sustancial las penas por el consumo o posesión de pequeñas cantidades de droga, una vieja reivindicación de la sociedad civil tunecina, aún en transición de un Estado policial a una robusta democracia. Actualmente, el castigo mínimo por la posesión de un cigarrillo de cannabis, conocido como zatlaen el dialecto local, es de un año de cárcel. Según un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), a finales del 2015 había 7.451 personas encarceladas en el país por delitos relacionados con el consumo o tráfico de estupefacientes, cerca de un 30% del total. De ellos, aproximadamente un 70% fueron condenados por posesión de pequeñas cantidades de cannabis.

A partir de ahora, los jueces aplicarán multas y penas alternativas a la cárcel, solo permitida en casos de múltiple reincidencia. “La nueva legislación no trata el consumo de drogas como un problema penal, sino social, y ofrece a las personas con adicción vías para el tratamiento. Es un paso adelante muy importante y podría convertirse en un modelo para toda la región”, explica Amna Guellali, responsable de HRW en Túnez. Un informe presentado la semana pasada por HRW recoge la pesadilla que representa la aplicación de la actual norma. Muchos de los condenados sufren malos tratos por parte de la policía. A menudo, el cumplimiento de la pena se realiza en celdas compartidas con peligrosos criminales. Debido a la masificación de los centros penitenciarios, no existen camas suficientes para todos y se deben realizar turnos para dormir. Cumplida la condena, el estigma de haber sido un reo dificulta la consecución de un empleo en un país con una tasa de paro juvenil cercana al 50%.

“La ley presenta algún defecto, por ejemplo, todavía recoge la obligatoriedad de someterse a tests de orina sin necesidad de un permiso judicial. Además, castiga la incitación al consumo de drogas, que podría aplicarse contra las personas que hacen campaña por su legalización”, explica Mahmud Yakub, un abogado de la Red en Busca de la Justicia en Túnez.