Nicaragua: el proyecto para abrir el país en canal

En junio del 2013, el gobierno de Nicaragua promulgó la Ley 840 —Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas— también conocida como Ley del Gran Canal. Poco después llegó a un acuerdo con una empresa de Hong Kong para diseñar, construir y operar un canal interoceánico. El proyecto de la Empresa de Inversiones para el Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua de Hong Kong (HKND) pretende enlazar el Pacífico al Caribeño con una ruta de 278 kilómetros, unas tres veces más larga que el Canal de Panamá, así como el doble de ancho y de profundo. Esta empresa también incluirá una serie de subproyectos como el aeropuerto más grande de América Central, una serie de infraestructuras viales, factorías, varios complejos turísticos y dos puertos de aguas profundas. Una monumental obra estimada en 50.000 millones de dólares y que promete la generación de más de 200.000 empleos en la etapa de construcción así como una impactante subida de la economía de este país, el segundo más empobrecido de América Latina tras Haití, según el Banco Mundial. Pero la contrapartida es enorme: se han entregado todos los derechos de uso de tierra, aire, agua, espacios marítimos y recursos naturales que la empresa considere oportunos para llevar a cabo el proyecto, y sin ninguna contraprestación cuantificada económicamente.

Desde entonces han surgido grupos opositores, como el Grupo Cocibolca o el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, que alertan que el presidente Ortega ha empeñado el país ya que se incluyó en el acuerdo de concesión la obligación del Banco Central de Nicaragua de responder con sus bienes y las reservas internacionales de Nicaragua ante una eventual disputa que se presente con la empresa. Además, denuncian el carácter inconstitucional del proyecto, la falta de consulta, la futura pérdida de soberanía, y por la más que probable agresión a varias reservas de la biosfera, una de las mayores preocupaciones y, en particular, la de “comprometer el recurso acuífero más precioso del país, el lago Cocibolca, donde pasaría un tercio del recorrido total y que sufriría, en principio, de masivos dragados para alcanzar la cota de profundidad requerida.

En mayo de este año la empresa HKND entregó a la Comisión del Gran Canal de Nicaragua los estudios de impacto ambiental y social que tendrá la vía, un trabajo que siguen estudiando desde el gobierno sandinista sin que aún lo hayan sacado a la luz a pesar de que desde el Grupo Cocibolca y la Academia de Ciencias de Nicaragua lo hayan solicitado en numerosas ocasiones.

Octavio Ortega es miembro del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización que vela por los intereses de los campesinos, indígenas y descendientes afroamericanos implicados en el desarrollo del canal, “la Ley 840 es lesiva para los derechos del pueblo nicaragüense. Hasta tal punto que si la empresa decide que necesita papel higiénico para los más de 200.000 trabajadores que operen en la construcción, el gobierno tiene diez días para expropiar y entregarle una empresa que fabrique el producto”, afirma.

El Grupo Cocibolca es una plataforma surgida a raíz de la aprobación de la Ley del Gran Canal y está conformada por ocho organizaciones no gubernamentales como la Fundación Popol Na, Centro Humboldt o diversas asociaciones indígenas. Buscan mantener un diálogo abierto para generar una conciencia nacional informada sobre los impactos y riesgos de esta mega obra. Algo que hasta la fecha les ha sido imposible, ya que desde el gobierno les siguen negando el acceso al informe.

A pesar de tener el estudio blindado, la construcción del canal promete abusos ambientales e incluso puede provocar violaciones de derechos humanos. El gobierno de Nicaragua no ha consultado correctamente a las comunidades indígenas sobre la construcción del canal ya que el 52% de la ruta propuesta pasa por tierras tradicionales del pueblo indígena Rama y las comunidades cercanas Kriol. Y se teme que afecte de manera severa a las formas de vida de las comunidades y para muchas será su sentencia de muerte. Quedarán expuestos a perder su cultura, su arraigo a la tierra o su idioma, como es el caso de la comunidad de Bankukuk Taik donde han conseguido mantener el Rama, una frágil lengua ancestral hoy solo hablada por varias docenas de sus habitantes y que estaría condenada a su desaparición. Además, se estima que la construcción podría destruir 4,000 kilómetros cuadrados de selva tropical y pantanos, incluso cientos de miles de acres de bosque, reservas, pantanos y regiones en las cuales los pueblos indígenas de la costa caribeña dependen para su sustento.

Sus opciones serán limitadas a pesar de que la Constitución de Nicaragua de 1987 reconoce las culturas indígenas que viven en la tierra y su derecho a mantener sus idiomas y culturas. Y donde se les conceden autonomía y “uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales” a pueblos indígenas. Además, en 2008, Nicaragua firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al no ser consultados, el gobierno ha omitido respetar sus derechos a la autonomía y el consentimiento libre, previo, e informado.

Según Mónica López Baltodano, directora ejecutiva de la organización Popol Na y asesora del Grupo Cocibolca, en una entrevista en Onda Local “la concesión del Canal tiene consecuencias enormes para el país. El tema evidente, que está sobre la mesa, son las expropiaciones en las comunidades y territorios ubicados en la ruta y donde se realicen los subproyectos asociados, como aeropuertos, puertos de aguas profundas, centros turísticos y aquellos que vayan saliendo de la caja de sorpresas, ya que existe una disposición en la Ley del Canal que faculta al inversionista para ir incluyendo otros proyectos necesarios para su construcción y operación”.

Además, la falta de transparencia origina una serie de dudas entre los indígenas, campesinos y pobladores en general que están dentro del trazado del canal o en su área de influencia: diez kilómetros al norte y otros tantos al sur, y que se verán desplazados cuando las grandes máquinas comiencen a trabajar. Una falta de información que ocasiona que se levante en contra del proyecto un fuerte movimiento campesino con ya cincuenta manifestaciones que han tomado las calles en las ciudades o comunidades que se verán afectadas. Miles de personas que han mostrado su oposición levantando su voz con consignas tipo Ortega vende patria, Fuera chinos o No al canal y argumentos como el medio ambiente, la pérdida de soberanía del país, además de los desalojos y desplazamientos de población previstos pero aún no concretados.

La ciudadanía de estos territorios empezó a darse cuenta del impacto de El Canal “cuando empezaron a ver que se andaba haciendo el famoso censo, cuando empezaron a ver a funcionarios de la empresa china, al ejército y a la policía acompañándoles, a la Procuraduría General de la República. Esto ha desencadenado protestas organizadas desde los territorios en San Jorge, Tola, San Miguelito y Nueva Guinea. Son protestas legítimamente organizadas por la ciudadanía ante un proyecto totalmente inconsulto, que les amenaza con expropiarles sus propiedades y les obligaría a abandonarlas, sin que exista alguna garantía de reubicación”, manifestó López Baltodano en el medio Onda Local.

Sus tierras pasarán a ser propiedad de la empresa china al precio que esta ha estipulado con el gobierno de Daniel Ortega: según el valor catastral de las propiedades, muy por de bajo de su valor de compra y sin considerar las inversiones realizadas, lo que ha alarmado aún más a los pobladores del trazado.

Mauricio Fonseca tiene una granja de unas 34 hectáreas al norte de San Miguelito, al lado oriental del lago Cocibolca “según el IBI me dicen que mis tierras valen poco más de 40.000 córdobas cuando mi familia ha invertido más de 500.000 córdobas en adecuar el terreno y construir infraestructuras. Con ese dinero no tendremos ni para un mísero ranchito”, denuncia.

Roberto Delgado heredó hace diez años de su padre un terreno cerca de Rivas con una casa desvencijada de madera que él mismo rehabilitó y donde hoy vive con su mujer Alba y sus tres hijos. Según la hoja que nos han enviado, mi tierra y mi hogar valen un 10% de lo que hemos invertido solo en adecuar la casa. ¿Dónde pretenden que vayamos con la miseria que nos pretenden pagar?, es un insulto. He arrancado la bandera sandinista de mi finca, ya no me identifico con ellos. Ya no están con el pueblo, están contra él”.

Un informe independiente del Centro Humboldt afirma que el impacto será mucho mayor de lo que el gobierno está cuantificando. El informe encontró que 282 asentamientos y 24,100 casas se han identificado dentro del área de influencia directa, y se calcula que sean bastantes más de las 119,000 personas que indica el gobierno las que se vean afectadas por la construcción. Octavio Ortega apunta que llegarían a las 500.000 personas las expulsadas de sus tierras, no solo por el trazado del canal, sino por también por los subproyectos planteados. La construcción del canal traerá no solamente el desalojo de esos cientos de miles de personas sino también daños medioambientales irreversibles. La pérdida de comunidades Indígenas será acompañada de la pérdida de algunos de los más ricos y valiosos recursos de Nicaragua: sus tierras y aguas ecológicamente diversas. Lo más preocupante es el derecho que se concedió a la empresa china para expropiar la tierra y los recursos naturales que se encuentren a lo largo de la ruta del canal. A esto se le agrega que, según la Ley 840, en su artículo 16, establece que remediar o detener el deterioro de los bosques o de contaminación del lago Cocibolca no es responsabilidad de HKND Group, concesionaria del proyecto.

En los últimos meses, desde el propio gobierno del comandante Ortega se ha creado un gran desconcierto. El 15 de julio durante la visita del presidente de Taiwan, Ma Ying-Jeou, Daniel Ortega le ofreció construir un puerto de aguas profundas en Monkey Point, a solo seis kilómetros de Punta Águila, donde según el trazado del canal estaría el puerto de acceso en el Caribe. Algo irracional. Esta propuesta ha generado rumores y desconfianza a la viabilidad de la construcción de la mega obra. Además, en los últimos días, la prensa nacional nicaragüense se hace eco de la grave crisis que atraviesa el presidente de la empresa concesionaria HKND, Wang Jing, que ha perdido el 84% de su fortuna personal y un 57% las acciones de su empresa. En las calles de las principales comunidades las especulaciones están a la orden del día, muchos han recibido con ilusión la noticia del hundimiento del magnate chino y consideran que el sueño canalero del gobierno quedará ahí, pero seguirán adelante con la organización de la siguiente marcha, la número 54, a pesar de que en la última, que llegó este 27 de octubre a Managua, no fueron pocos los obstáculos que se encontraron por el camino. Muchos de los camiones que llevaban a los campesinos desde el caribe fueron retenidos por la policía. Los opositores al canal intentaron iniciar la marcha hasta la sede del Parlamento, pero a pocos metros se encontraron con vallas colocadas por simpatizantes del Gobierno y controladas por los temidos motorizados, sandinistas contratados para ejercer de turbas violentas, además, un fuerte cordón de policía antidisturbios no permitía acceder a la ruta prevista, en principio, aprobada por la alcaldía, lo que provocó forcejeos mutuos con el resultado de 8 personas heridas.

Roberto Rivas, campesino de la ciudad de Juigalpa, está decidido a seguir adelante y, más aún, alentado por las últimas noticias y los hechos acontecidos: “no retrocederemos ni un paso, que Ortega sepa que el movimiento campesino e indígena está más fuerte y unido que nunca. Que se destape la verdad. Ya basta de incoherencias y engaños. ¡Demostraremos que el canal es un cuento chino!”, exclama.