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‘Hacienda somos todos’, entre el axioma y el eslogan

La precisión de la abogada del Estado resulta desdichada por dos razones: era innecesaria y transmite la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin llegan a la sala del juicio por el caso Noos
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin llegan a la sala del juicio por el caso Noos EL PAÍS

Extraño resulta este proceso por el caso Nóos. El fiscal actúa en la práctica como un abogado defensor, Hacienda produce informes sin parar para que quede claro que la infanta Cristina no ha cometido delito y la Abogacía del Estado se comporta como eficiente auxiliar de la defensa. Nadie entiende que la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública escriba otro informe para argüir que Cristina de Borbón no cometió delito fiscal, porque tal escrito repite los argumentos expuestos durante todo el proceso. El ministerio podría haberse ahorrado el papel y las horas de trabajo de la funcionaria (Caridad Gómez Mourelo). Y menos todavía se entiende que, en el curso de su encendida exposición exculpatoria, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, asombrara a los presentes explicando que la frase Hacienda somos todos “es de ámbito publicitario y no aplicable a derecho”. Solo le faltó añadir “y los Reyes son los padres”, pero Cayetana Álvarez de Toledo no se lo hubiera perdonado.

No es que no se entienda lo que quería decir la señora Ripoll. Pretendía trasladar a la sala con la contundencia debida (o la requerida por sus superiores) que los delitos o infracciones fiscales del caso solo afectan a la Hacienda pública; no perjudican al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, si el perjudicado único (Hacienda) no reclama, pues se aplica la doctrina Botín y asunto resuelto. Pero el caso es que, primero, es discutible que en este caso solo haya un damnificado (Hacienda); existe una obligación o principio de redistribución justa de las cargas tributarias (artículo 31 de la Constitución). Un delito o infracción fiscal lesiona los intereses de todos los ciudadanos; y, en virtud de ese daño social, Hacienda debería haberse presentado contra los autores de los presuntos delitos en el caso Nóos.

Segundo, la Abogacía del Estado podría haber recurrido sencillamente al “no hay delito; no acusamos a la Infanta”, más corto e igual de dudoso, aunque menos conflictivo. Pero la abogada se empeñó no solo en negar, sino en “defender a la defensa” de Cristina de Borbón y cayó en el despropósito. Cuando la señora Ripoll dice que el venerable (nació en 1977) eslogan Hacienda somos todos es mera publicidad y no es aplicable a derecho, ¿se refiere a la frase en sí o a los principios constitucionales en que está basada, que obligan a todos los españoles a contribuir a las cargas del Estado? Aunque el primero no sea aplicable, los segundos sí lo son. Y, por tanto, como queda dicho, no es solo Hacienda quien tiene que contabilizar su daño. La precisión de la señora Ripoll resulta desdichada por dos razones: era innecesaria y transmite a los ciudadanos la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa.

Y una farsa es lo que están representando algunas instituciones públicas en este caso. Hacienda va en cabeza de las extravagancias, porque, igual que sucedió con los pagos en negro del PP, ha invertido totalmente sus prácticas inquisitorias; si con los contribuyentes en general solo cree lo que está documentado y sellado en papel timbrado, en lo que se refiere a Nóos acepta cualquier cosa que se diga en defensa de Cristina de Borbón.

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