La paz en Colombia no alcanza a Uber y los taxistas

Salvando las distancias, hay un embrollo en Colombia a la altura del proceso de paz que se desarrolla en La Habana con la guerrilla de las FARC, al menos en cuanto a explicación a los ciudadanos se refiere. También tiene que ver con la reglamentación e implementación. En este caso del servicio de Uber, satanizado por el gremio de taxistas, que lo considera una competencia desleal y omnipresente para la población, que consume vorazmente los múltiples servicios que ofrece: el tradicional, para bicis, para mascotas...

La pasada semana, el presidente, Juan Manuel Santos, había conseguido escenificar la palabra consenso, tan maldita y esquivada en este país últimamente. Rodeado de los principales dirigentes del poderoso gremio de los taxis, los amarillos, los de toda la vida, y de Uber, Santos presentó un decreto que regula el servicio de taxis de lujo, lo que incluiría la plataforma de moda en todo el mundo. Parecía ponerse fin a la polémica entre los taxis amarillos tradicionales que inundan una ciudad y los blancos, generalmente los que ofrecen un servicio más exclusivo, entre los que se encuentran los de Uber.

Tras la puesta en escena, los parabienes y las felicitaciones otra vez, a la hora de entrar en el detalle se volvió a enredar el asunto. A partir de ahora, si Uber quiere seguir prestando sus servicios tendrá que convertirse en empresa de transporte. Hasta ahí, todo estaría claro. El problema es que la plataforma ha repetido insistentemente que ellos son una aplicación y que no son propietarios de un vehículo para prestar su servicio en todo el mundo. ¿Entonces? Da la impresión de que Colombia regresa, en cierta manera, a la casilla de salida. El decreto no especifica si Uber es legal o ilegal, como sostienen los taxistas, aunque sí lo hace el proyecto de ley presentado en el Congreso unos días después. Ahora falta que el Congreso lo apruebe, lo que no parece que vaya a ser inmediato. Un atasco monumental.