Los vecinos invisibles del presidente Santos

“Ahora habrá que hacerle sitio también a éstos”. María Cristina se refiere a la camada de gatos que acaba de nacer y que ha acomodado en una caja de cartón bajo el fregadero. Seis gatitos son muchos para los 20 metros cuadrados en los que conviven María Cristina, sus dos hijos y un perro enorme que parece haberse adueñado del único sofá. “Esto es pequeño pero hay gente que vive peor”, dice mientras le caen encima varias gotas que se escapan del techo. Los agujeros del tejado de zinc dejan en evidencia su optimismo. Ni el techo ni las paredes, construidas con tablas de madera recicladas, son suficientes para aislar a esta familia de la lluvia y el frio de Bogotá, por mucho que las hayan revestido con papel de periódico “para aislar”. María Cristina Nariño, de 36 años, vive en el Barrio Ramírez, uno de los numerosos asentamientos irregulares que existen en la capital colombiana. Aquí conviven desde hace 40 años pobladores e ingentes cantidades de basura. Un mar de plásticos, neumáticos y envases a apenas 15 minutos caminando de la residencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

El barrio Ramírez crece sin control a pesar de estar en una ladera con riesgo sísmico y de inundaciones

“Se podría decir que somos sus vecinos y mira cómo estamos”, sonríe María Cristina. Ramírez pertenece al área de Santa Fe, situada entre los montes de Monserrate y el centro histórico, donde se alza el Palacio Nariño —residencia oficial del presidente—. Muy cerca de los principales museos, hoteles y edificios gubernamentales, 300 personas viven hoy en infraviviendas y sin acceso a los servicios públicos más básicos. En las seis hectáreas que ocuparon hace años de manera ilegal no hay calles asfaltadas ni red de alcantarillado ni luz ni agua corriente en las casas. “Sólo hay un contador y ahí nos enganchamos”, reconoce María Cristina y señala las tres bombillas que cuelgan del techo. Lo mismo ocurre con el agua, todos utilizan la misma manguera que se van turnando por familias. No tienen miedo de que la policía les coja, aseguran ser invisibles. “Por aquí solo vienen cada cuatro años a pedirnos votos con una libra de chocolate y un poco de pan, como si fuéramos marranos”.

El fenómeno de los barrios pirata es frecuente en esta ciudad con más de 7,8 millones de habitantes, sin un control urbanístico suficiente y con cotas de desigualdad que la han convertido en la quinta capital latinoamericana con mayor brecha entre ricos y pobres. Según el estudio Observatorio del Mercado Informal de Tierras en Bogotá, las hectáreas de origen informal suman más de 8.000, casi el 30% de la superficie urbana. Los pobladores de Ramírez llegaron tras desaparecer las viejas fábricas ladrilleras que se levantaban al pie de los montes orientales. Ocurrió hacia finales de los años setenta y la mayoría eran familias de recicladores con muy bajos ingresos. “Al principio solo había unas 20, luego fuimos creciendo”, cuenta José Esteban Garzón, de 74 años, uno de los primeros habitantes. “La gente construía las casas con lo que encontraba, con lo que sacaba del reciclaje, tablas, sacos de arena...”. Esas familias se extendieron y fueron ampliando los precarios cobertizos, donde llegaban a convivir hasta tres generaciones. Poco a poco también se sumaron decenas de personas desplazadas por el conflicto interno colombiano. Más de 6.500 llegaron hasta 2010 al área urbana de Santa Fe. Todos ellos se instalaron a uno y otro lado de las veredas polvorientas, flanqueadas por enormes piras de basura.

A pesar de su visible estado de abandono, estas tierras tienen dueño. “Son de titularidad privada. Su propietaria vive en Europa, pero hasta ahora nunca se ha preocupado por ellas”, explica Jaime García, arquitecto municipal de Santa Fe. La razón, según el técnico, podría ser el escaso valor de los terrenos. “El 70% no es viable, está en pendiente en un terreno muy inestable donde no se puede construir”. La propia Alcaldía Mayor de Bogotá lo advirtió en un estudio de 2013, donde alertaba de riesgos como “fenómenos de remoción en masa, inundación, riesgo sísmico, colapso estructural, incendios forestales, desbordamiento”. Y sin embargo, ahí siguen los habitantes de Ramírez, invisibles.

Muy cerca de los principales museos, hoteles y edificios gubernamentales, 300 personas viven hoy en infraviviendas y sin los servicios públicos más básicos

“Ningún proyecto contempla ahora mismo una solución para estas personas”, afirma el arquitecto. En 2008, el gobierno de Bogotá inició un proyecto de legalización de asentamientos irregulares por el que ya han pasado 42 barrios. En estudio permanecen al menos un centenar más, pero desde la Secretaría de Habitabilidad confirman que Ramírez no está entre ellos. La culpa la tiene una norma —el decreto nacional 564 de 2006— que solo permite regularizar aquellos asentamientos que ya estuviesen consolidados antes del 27 de junio de 2003. Según planos de entonces, en esa fecha había viviendas en Ramírez pero estaban demasiado dispersas. Funcionarios de la Secretaría reconocen que esta rigidez legislativa está impidiendo que muchos barrios de invasión puedan ser legalizados y dotados de servicios. La única opción que les queda a María Cristina y sus vecinos es la reubicación en otra zona de Bogotá y tampoco se plantea de momento. La Caja de Vivienda Popular es la administración responsable del reasentamiento de familias que, como este caso, habitan en zonas de alto riesgo. Sin embargo, este organismo público reconoce que el barrio no está entre sus planes prioritarios.

Un barco pirata para un barrio pirata

Hoy Ramírez sigue creciendo, clandestinos pero a la vista de todos. Ante la inacción de propietarios y administración, se levantan nuevas casas hechas de retales en la ladera de los montes donde, a la peligrosidad del terreno, se suman riesgos sanitarios derivados de la insalubridad. Algunos estudios municipales ya han advertido de los altos índices de enfermedades respiratorias y gastrointestinales registrados en los niños de entre uno y cinco años que viven en esta zona. Por otra parte, la proximidad de puntos de venta de droga y grupos delictivos, en un lugar donde la policía no entra, también coloca a las nuevas generaciones en un estado de extrema vulnerabilidad.

Por aquí solo vienen cada cuatro años a pedirnos votos con una libra de chocolate y un poco de pan

María Cristina Nariño, vecina

No obstante, el verdadero peligro al que se enfrentan es la marginación. “Los niños de los otros barrios no nos dejan jugar en su parque”, relata Wilson Arley, de 12 años. Esta es la razón que ha obrado el milagro de hacer llegar un barco al centro de Bogotá. Está construido de tablas de madera, viejos tubos de plástico y neumáticos, muchos neumáticos. “Es un barco pirata para un barrio pirata”, cuenta Mauricio Ochoa, Salado, uno de los vecinos más populares y diseñador del primer parque infantil de Ramírez. “Un día me di cuenta de que había muchas ruedas tiradas por el suelo y pensé en hacer algo. Se me ocurrió construir un parque para que los niños tengan un lugar donde estar y se alejen de todo lo malo que hay aquí”. Con la ayuda del colectivo social Armemos Parche, en cinco meses han convertido toneladas de residuos en un velero con columpios, balancines y hasta su propio mar azul. “Los niños son la puerta para transformar las cosas, con los adultos es más difícil”, dice Nicolás Becerra, voluntario de Armemos Parche. Para María Cristina, la esperanza también está en sus hijos. “Yo siempre les digo, subíos a la montaña más alta y mirad que hay un mundo más grande que este”. De momento ya tienen algo más que muchos otros niños, un barco listo para zarpar y poner por fin color a este barrio invisible, como quien marca la cruz en el mapa del tesoro.