Descomposición

El proceso secesionista y la corrupción pujolista someten a la vida pública catalana a una acelerada descomposición. El partido de Artur Mas, Convergència (CDC), exhibe una putrefacción tan avanzada que hasta su líder lo dio ayer por enterrado. Aseguró que la alianza de CDC con dos grupos satélites para el 20-D preludia un nuevo partido. Pero como será el suyo y de los dirigentes convergentes y practicará su política ventajista, será el partido de siempre: el de los pujolistas —ahora— separatistas. Quienes no han adoptado el nuevo credo y recelan de los pactos con la extrema izquierda antieuropea (la CUP) para salvar a su amortizado líder se van dando de baja: en los cargos, en la militancia, en el voto y en la adhesión al solitario presidente en funciones.

El acta de defunción de CDC no se acompaña de alborozos entre los afines. La escuálida manifestación de ayer de la Assemblea Nacional Catalana para presionar a la CUP en defensa de reeditar la desastrosa presidencia de Mas demuestra que la agitación continua tiene límites; que la unidad es más endeble de lo que aparenta, como demostró la contraprogramación de actos por CDC y Esquerra, que intuyeron su estrepitoso fracaso; y que sin el descarado apoyo mediático oficialista, el club de fans moviliza un máximo de 2.000 fieles. En la otra acera, las tentaciones pactistas de algunos dirigentes de la CUP ante las súplicas de Mas empezaron a recibir contestación callejera.

El secesionismo se ha apoltronado en la parálisis, a ver si el paso del tiempo sutura sus fracturas internas y le permite investir algún presidente. Nada peor. En lo inmediato impide resolver problemas urgentes; y en el medio plazo, cualquier presidente que dependa de un programa de Gobierno diseñado por los 10 diputados antisistema y de su voto cotidiano solo podrá ejercer como Gobierno antisistema.

Por eso acierta el Círculo de Economía al reclamar un giro rotundo, configurando una mayoría parlamentaria “estable y respetuosa con la legalidad”, o en su defecto, la convocatoria de nuevas elecciones. Y es que la resolución parlamentaria de ruptura firmada por CDC, Esquerra y la CUP ha producido “desde el minuto uno” consecuencias muy negativas para los catalanes. La deuda ha sido rebajada a bono basura, y grandes grupos empresariales han anunciado el traslado de sus sedes fuera de Cataluña: lo ha hecho el del presidente de los hoteleros barceloneses, Jordi Clos (Derby); el holding de la primera compañía de aguas, Agbar (Suez Environnement), añadiéndose al del líder agroalimentario Vall Company o al de la pujante tecnofarmacéutica Grifols. Presumiendo quizá la ignorancia de sus votantes, el candidato pujolista para el 20-D, Francesc Homs, atribuye estas deserciones a razones fiscales o de cohesión: ¡como si estas se hubiesen modificado en los dos últimos años!

Y el refuerzo del control del Gobierno sobre los recursos del fondo de liquidez autonómica (FLA) a la Generalitat carecería de justificante de no mediar la resolución rupturista. Pues hasta ahora, ni un euro del FLA ha ido a sufragar actividades ilegales. Pero es que ninguna institución había proclamado oficialmente su determinación de desacatar la legalidad constitucional.