Activistas y bancos, unidos para proteger el medio ambiente

Es una alianza inaudita, pero cada vez más frecuente en Australia. Ante la negativa del Gobierno a reforzar la lucha contra el cambio climático, la presión de los ecologistas fuerza a los grandes bancos a retirar el apoyo a proyectos mineros multimillonarios.

La última batalla se libró entre dos especies amenazadas –la serpiente ornamental y el lagarto yakka– y el gigante minero indio Adani. El proyecto de 16.500 millones de dólares australianos (10.297 millones de euros) iba a convertir las marismas donde habitan el lagarto y la serpiente en la mayor mina de carbón de Australia y en una de las minas abiertas más grandes del mundo. Adani Carmichael tendría capacidad para extraer 60.000 toneladas de carbón al año, que Australia exportaría en barco desde uno de los puertos mineros situados frente a la Gran Barrera de Coral.

El Gobierno Federal ignoró los informes medioambientales que alertaban de los riesgos para la serpiente ornamental y el lagarto yakka y aprobó el proyecto. Pero en enero de 2015 el Mackay Conservation Group llevó el caso al Tribunal Federal, que en agosto dio la razón a los ecologistas.

El mismo día, Commonwealth Bank, el mayor banco australiano y principal asesor financiero del proyecto, anunció que retiraba su apoyo a la mina. La entidad británica Standard Chartered, la otra institución financiera implicada en el proyecto, se retiró la semana siguiente; y en septiembre, National Australia Bank (NAB), otra gran institución económica australiana, confirmó que no aportaría fondos a la mina.

El activista de Greenpeace Nikola Casule cuenta que este tipo de campañas tienen como objetivo “impactar la imagen del banco de forma que se den cuenta de que el coste de estar implicados en un proyecto es mayor que el beneficio que obtienen”.

Planes como el de Adani Carmichael, así como la ampliación de seis puertos mineros frente a la Gran Barrera de Coral, han llevado a Greenpeace a situar este santuario de biodiversidad marina en el segundo puesto de su lista de prioridades, solo por detrás del deshielo del Ártico.

“Hay un deterioro de las políticas climáticas en Australia y no es porque la amenaza sea menor, sino porque tenemos un gobierno que es mucho más cómplice con las mineras de combustibles fósiles”, subraya Casule. Y añade: “Cuando el Gobierno no es capaz de liderar, otras instituciones lo harán, y el sector financiero se ha dado cuenta de que puede tener un papel importante en este campo”.

En los últimos años, se han multiplicado las campañas de desinversión porque las organizaciones ecologistas han centrado su discurso en los riesgos financieros y en los llamados activos varados, infraestructuras que podrían dejar de ser viables si los gobiernos endurecen la legislación para proteger el medio ambiente. “Al principio no nos tomaban en serio porque no nos veían como una voz seria en materia de finanzas, pero el mensaje ha ido calando”, cuenta Casule.

La caída del precio del combustible en los mercados internacionales ha convertido la inversión en proyectos mineros en algo cada vez más difícil de justificar desde el punto de vista financiero. La tonelada de carbón australiano se vende a 54.7 euros (62.18 dólares americanos), el precio más bajo de los últimos ocho años.

Hay un deterioro de las políticas climáticas en Australia y no es porque la amenaza sea menor Nikola Casule, activista de Greenpeace

Después de que NAB anunciara que no iba a invertir en Adani Carmichael, su antiguo director ejecutivo, Cameron Clyne, declaró al rotativo Australian Financial Review: “Costaría encontrar una institución financiera que tomara una decisión distinta de la que ha tomado NAB. Este proyecto, desde todos los puntos de vista, no tiene sentido”.

En un país donde la minería, que representa el 8,5% de la economía, sigue financiada por los grandes bancos, Los bancos y fondos de inversión evitan hacer declaraciones sobre proyectos específicos: “Commonwealth Bank evalúa los riesgos medioambientales de acuerdo con su lista de nueve compromisos”, declara un portavoz de la entidad, que recalca que “la minería, el petróleo y la extracción de gas representan una proporción muy baja de nuestro crédito, solo un 1.9% y dentro de esto el carbón negro representa un 5%”.

El gobierno que ama el carbón

Pese a que la desinversión de las principales instituciones financieras ha sido clave para frenar grandes proyectos mineros como Adani Carmichael o Abbott Port, el papel del Gobierno sigue siendo esencial en su continuidad. El director ejecutivo del fondo de pensiones NGS Super, Anthony Rodwell-Ball, asegura que ha retirado fondos de inversiones que consideraba “inmorales”, pero no contempla dejar de invertir en carbón y en combustibles fósiles.

“Podemos dejar de invertir en tabaco, pero Australia todavía es una economía basada en el combustible fósil. ¿En qué invertiríamos si no?”, pregunta. Rodwell-Ball sostiene que los activistas “están presionando en el lugar equivocado. Esperar que los fondos de pensiones podamos cambiar estas cosas es ser inocente. Estas son cuestiones políticas de gran calado y la presión debería caer sobre el Gobierno”.

El ejecutivo conservador, de hecho, es famoso por su apoyo abierto a la industria minera. “No debemos demonizar el carbón, el carbón es bueno para la humanidad, es bueno para la prosperidad, es una parte esencial de nuestro futuro económico”, declaró el anterior primer ministro, Tony Abbott, en noviembre de 2014.

Célebre por haber afirmado antes de ser primer ministro que el cambio climático es “una mierda”, Abbott dejó de negar la existencia del fenómeno al ganar las elecciones, pero su propuesta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% por debajo de los niveles de 2005 en 2030 fue recibida con escepticismo. La propia la agencia gubernamental Climate Change Authority recomendaba que el objetivo fuera de entre 40% y 60%. Abbott reconoció que el objetivo no era tan ambicioso como el de la Unión Europea, pero destacó que era “mejor que el de Japón, Corea del Sur y China”.

Casule alerta que Australia está hoy muy aislada en el panorama internacional. "Tenemos una de las emisiones per cápita más altas del mundo, pero es el carbón que exportamos a otros países el principal problema”. Australia es, de hecho, el mayor exportador de carbón del mundo.

“Si los proyectos no se pueden financiar, el mineral no podrá exportarse desde Australia. Hay quienes argumentan que el carbón puede comprarse en otra parte, pero por eso estamos desarrollando campañas también en otros países”. La presión de los activistas en la calle y en las redes sociales, unida al argumento económico y a la certeza de que el cambio climático es un problema real y urgente, hacen que “las instituciones financieras vean el riesgo que corren si no cambian la forma en cómo hacen negocios, pero también el papel que pueden tener en esta transición”.