Alegres decorados para tapar la triste realidad fiscal
La lista de morosos es información irrelevante para el contribuyente e inútil para actuar contra el fraude
Los Gobiernos del PP son diestros en levantar decorados políticos y gestos de cartón piedra. De la misma forma que Esperanza Aguirre inauguraba hospitales sin terminar, apenas un set quirúrgico como en una sitcom televisiva, o los Gobiernos de Aznar sostenían año tras año, con las cuentas provisionales, que habían conseguido superávit fiscal, logro desmentido después por los números definitivos, la Hacienda gestionada por el señor Montoro hace promesas con la mano derecha (la publicación de listas de defraudadores) mientras que con la izquierda construye un trampantojo donde los datos de fondo se sustituyen por graciosos garabatos y estadísticas sin valor. Por ejemplo, la información sobre los bienes de los españoles en el extranjero (modelo 720) es un ameno divertimento, quizá con interés sociológico, pero irrelevante a efectos fiscales. Las cantidades difundidas están declaradas o amnistiadas y poco más hay que decir.
El próximo decorado fiscal que presentará la Agencia Tributaria es el espectáculo de luz y sonido conocido como lista de morosos. Se anuncia con gran aparato para comienzos de diciembre. Es la ocasión, dicen los carteles, para que usted, contribuyente, pueda conocer cuáles son las empresas con una deuda fiscal superior al millón. Pero la relevancia de tal información es discutible, si no sencillamente desechable. Si una empresa no paga sus impuestos entra en un procedimiento de pago voluntario o bien, sucesivamente, de recaudación ejecutiva, donde se le aplican recargos de apremio de entre el 5% y el 20%. Las empresas que no han pagado, pero tienen avales o patrimonio para hacerlo, solicitan un aplazamiento ya desde la fase voluntaria, que no implica apremios. Así que el resultado probable es que las aproximadamente 5.000 empresas que se conocerán en diciembre son aquellas perfectamente investigadas pero que, en general, no pueden pagar.
Y esa relación ¿en qué mejora la información del ciudadano o contribuye a conocer el perímetro del fraude fiscal? Pues en nada. Se trata de que la inspección fiscal detecte bases imponibles ocultas y obligue a tributar a sus titulares, no de exponer en una picota a sociedades con dificultades para pagar cuyas bases imponibles se conocen y cuyo prontuario fiscal es de carril. Interesa más saber, si acaso, cuál es el futuro judicial de la sanción a Cemex (400 millones) o qué pretende hacer la dirección política del ministerio para percibir los 52.000 millones pendientes de cobro por sanciones complementarias y deuda descubierta.
Todo este relamido decorado fiscal responde a los mismos nervios políticos. A Montoro y a su equipo se les hacen los dedos huéspedes por enseñar una gestión apabullante y presentarse ante la opinión pública brillando con la purpurina de los grandes logros contra el fraude. Que sean ficticios resulta secundario. Por eso se han inventado una excepción temporal. La relación de morosos tenía que publicarse a mediados de año, después del 31 de julio, cuando vencen los plazos de recaudación ejecutiva. Pero claro, hay elecciones. Solución: montar un decorado con información fiscal de segunda clase.
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