40 años en búsqueda de equilibrio, y el mito de Sísifo

Abordaré el tema con datos, hechos y personas, pero sin números. Los debates se vienen centrando en las cifras, sin duda importantes, pero que muchas veces no dejan ver el bosque de las estrategias y valores que con tenaz ciclicidad impulsan o bloquean el desarrollo científico y tecnológico en España.

En los trabajos sobre Filosofía de la política científica, he podido poner de relieve que la política científica moderna nace en Europa en el primer tercio del siglo XX. En aquel tiempo, España estuvo cerca de la vanguardia (circunstancia que sin duda sorprenderá a muchos conciudadanos) gracias a la apuesta que por la educación y la investigación hicieron respectivamente la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), con personalidades científicas y políticas implicadas como Santiago Ramón y Cajal, José Castillejo, Juan Negrín, entre otros muchos. Ese periodo brillante, medio siglo aproximadamente, ha sido reconocido por historiadores de la ciencia como Laín Entralgo, López Piñero y Sánchez Ron como la “edad de plata” de la ciencia (y la tecnología) españolas.

Este periodo tuvo un brusco final con la Guerra Civil. Es cierto que, desde el lado de los vencedores, se trató de restaurar la situación con la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre los restos de la JAE en noviembre de 1939, aunque con un profundo trastoque ideológico. La creación y el desarrollo posterior del CSIC se debieron al esfuerzo personal de quien sería su secretario general, José María Albareda, que fue becario de la JAE y conoció la misión de dicha institución.

Al CSIC se atribuyó en origen la ejecución de la política científica, pero pronto tropezó con las dificultades habituales que se suelen dar en España asociadas con luchas tribales. Este fracaso del CSIC condujo a los tecnócratas a asumir un papel protagonista en la gestión de la ciencia: por ello se creó la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) en 1958 que quedó adscrita a la Presidencia de Gobierno, aunque su asiento físico estuvo en las oficinas centrales del CSIC. Manuel Lora Tamayo, químico orgánico de prestigio fue su primer presidente. Lora Tamayo ocupó posteriormente la cartera de Educación Nacional desde cuya titularidad apostó por la política científica y promovió la primera evaluación de la ciencia en España que realizó la OCDE; asimismo cambió el nombre de su cartera a la de Ministerio de Educación y Ciencia. El CSIC fue reconocido como principal ejecutor en el sector público de la investigación científica y técnica en España.

La transición a la democracia trajo cambios importantes en el ámbito de la gestión de la ciencia. Primero, la crítica situación económica que llevó a los Pactos de la Moncloa, determinó que este ámbito de la política se aparcara: “Ahora no toca”, fue la frase atribuida a Jordi Pujol. Sin embargo, y por suerte, con UCD se creó el Ministerio de Universidades e Investigación (1979-1981) bajo la dirección de Luis González Seara. Este ministerio llevó a cabo una reforma en el organigrama de la gestión de la ciencia en España que incluyó la incorporación de la CAICYT a dicho ministerio, reforma de calado que facilitó el proceso de modernización que siguió a las elecciones de octubre de 1982.

El PSOE llegó al gobierno con tal programa de modernización en el que afortunadamente estaba incluida la apuesta por transformar lo que prefiero denominar espacio científico-técnico. En este entorno ha habido muchos logros a lo largo de los cuarenta años pero también fracasos y decepciones.

Entre los activos cabe citar: La adopción de las políticas para y por la ciencia en la agenda política con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de la Ciencia de 1986; la adaptación de la gestión de la investigación científica según el modelo norteamericano basado en la estrategia de “La ciencia como frontera sin límites” (Vannevar Bush, Roosevelt y Truman) y las prácticas de la National Science Foundation, adaptación que puso en marcha la evaluación de proyectos y actividades científicas por expertos y se completó con la aplicación de principios de planificación estratégica (Planes Nacionales y programas temáticos de I+D); la decidida apuesta de las universidades, en especial de su personal más cualificado, al reto del desarrollo científico y tecnológico español; la internacionalización de la producción de los conocimientos de las instituciones científicas y técnicas españolas; la creación de grandes infraestructuras (por ejemplo, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el CIEMAT), iniciativa que se vio acompañada por la mejora de las instalaciones y equipos de muchos laboratorios y grupos de investigación españoles; la creación del Instituto de Salud Carlos III como base para el desarrollo exponencial de la investigación biomédica, proceso en el que sobresale la brillante incorporación de los hospitales a esta tarea; la progresiva participación con éxito en proyectos europeos…

Logros efímeros fueron: El incremento pautado de los presupuestos para la financiación de la I+D y la innovación (apenas dos legislaturas, después se ha recurrido a actuar por impulsos y a aplicar trucos de ingeniería financiera). También fue de corta duración la disposición de la Intervención General del Estado y de las burocracias controladoras a aceptar que el control en investigación fuera de rendición de cuentas y no previo.

En todo caso, el dato más importante ha sido el redescubrimiento de la existencia de un capital humano de gran calidad y enorme potencial.

El fracaso más significativo se cifra en no haber conseguido la institucionalización de la investigación científica y técnica en el seno de la Administración española ni en nuestra sociedad. La ausencia de este reconocimiento y de un estatuto especial supone que este ámbito esté sujeto al albur de los cambios de gobierno y de fluctuaciones económicas y políticas. En suma, todo este contexto dirige a que la función que sigue el desarrollo la ciencia y la tecnología en España sea sinusoidal y no alcance la sigmoidea. Tampoco ha logrado este objetivo la ley aprobada en junio de 2011 (Ley 14/2011) sobre Ciencia, tecnología e innovación.

Ante esta situación que evoca el mito de Sísifo, los científicos invocan siempre la necesidad de un Pacto de Estado. Mi experiencia de 50 años dedicado a la práctica y el análisis de la actividad investigadora me indica que eso es imposible en nuestro país y los hechos lo prueban tozudamente. La única remota posibilidad, que no me satisface, de esta solución propuesta sería la de colocar estas actividades bajo el amparo del Jefe del Estado.

La solución que propugno es democrática y ajustada al ejercicio de la gobernanza, es decir, legitimada social y éticamente. Reclamo un pacto social, un nuevo contrato social, en el que deben participar todos los agentes sociales. Con estas premisas, quizás deban liderar los científicos la vertebración de los agentes: empresarios, representantes sindicales y políticos interesados que quieran sumarse al proceso, que idealmente podría ser objeto de discusión y decisión en el Parlamento.

Emilio Muñoz, doctor en Farmacia vinculado al CSIC, fue uno de los responsables del nuevo sistema científico español tras la llegada de la democracia, como director general de Política Científica (1982-1986) y como presidente del CSIC (1988-1991).