En beneficio del consumidor

En los últimos 10 años han cambiado radicalmente los hábitos de consumo de los españoles. Es un hecho que puede comprobarse con sólo salir a la calle, pasearse por el centro de las ciudades, entrar en las tiendas o acudir a los hipermercados. El cambio de hábitos tiene que ver con la proliferación de distintos horarios laborales, la aparición de nuevos tipos de familia, la búsqueda de ofertas (la crisis ha reducido las rentas) y la vinculación de las zonas comerciales con las promociones turísticas. Ya no es posible tener abierto entre las 9 y las 14 y, por la tarde, entre las 17 y 20 horas. Aparecen horarios comerciales continuados y en muchos casos, nocturnos o de madrugada.

La posición política y comercial más indefendible es la de imponer por ley las horas de apertura y cierre. Es una práctica todavía muy extendida en algunas comunidades autónomas de signo nacionalista. Este proteccionismo se explica por el voto de los pequeños comerciantes que sostiene las opciones nacionalistas. El pequeño comercio se encuentra con más dificultades para soportar horarios flexibles y se defiende imponiendo las mismas limitaciones a sus grandes competidores. Pero la fuerza de los cambios sociales es superior a los intereses que defienden las tiendas y los comercios tradicionales.

La norma correcta es la libertad absoluta de horarios. Y no porque, como en otros tiempos argumentó Esperanza Aguirre, la liberalización aumente los ingresos del comercio —sólo en algunos sectores se producen crecimientos significativos de las ventas— sino porque es un servicio al que tiene derecho el consumidor. Con una precisión: no basta con decretar la libertad de horarios; los municipios tienen que dotarse de las infraestructuras adecuadas, con el fin de evitar los colapsos en los núcleos urbanos. Se trata de evitar, por ejemplo, que la apertura de una tienda en el centro de Madrid provoque atascos de tráfico y convierta en intransitables las aceras.