El dinero y las campañas electorales

Observar hoy la política estadounidense es ver el dinero en acción. Las elecciones de 2016 van a ser con toda probabilidad las más caras de la historia reciente; el gasto total sobrepasará los 6.000 millones de dólares (5.350 millones de euros) de las campañas presidenciales y legislativas de 2012. Donald Trump encarna esta locura y, al mismo tiempo, es la excepción que confirma la regla, porque, como no deja de presumir, por lo menos es dinero suyo. Todos los demás necesitan donaciones, hoy canalizadas en su mayoría a través de grupos como los súper PAC (Comités de Acción Política), autorizados a recaudar cantidades ilimitadas de personas y empresas.

Las sumas de las que hablamos empequeñecen las de cualquier otra democracia estable. En la primera mitad del 2015 se recaudaron ya 400 millones de dólares, pese a que las elecciones no se celebran hasta el otoño del próximo año. Se prevé que el gasto en anuncios televisivos alcanzará un total de 4.400 millones. En las elecciones británicas de 2010, todos los candidatos y partidos gastaron el equivalente a menos de 70 millones de dólares.

En las últimas elecciones en Canadá, el gasto máximo autorizado por la ley a los partidos fue de 19 millones de dólares (25 millones de dólares canadienses) durante los primeros 37 días, más el equivalente a otros 523.600 para cada día posterior. En 2004, el Tribunal Supremo de Canadá rechazó un recurso contra esta regulación tan estricta y alegó que “las personas deben tener las mismas oportunidades de participar en el proceso electoral” y que “la riqueza es el principal obstáculo para ello”. “Si los que tienen acceso a más recursos monopolizan el discurso electoral”, explicaba, “sus rivales se verán privados de una oportunidad razonable para hablar y hacerse oír”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una opinión muy distinta. En 2010, en su fallo sobre el caso Citizens United, dictaminó que “prohibir el gasto corporativo independiente es... impedir la libertad de expresión”. Como escribe el estudioso legal Robert Post en una crítica demoledora del razonamiento del Tribunal, “este párrafo equipara los derechos de las empresas comerciales con los que prevé la Primera Enmienda para las personas naturales” (o, como respondió el excandidato presidencial Mitt Romney a una interpelación, “las empresas son gente, amigo mío”). En un libro titulado Citizens Divided, Post demuestra que el fallo del Tribunal tergiversa el espíritu y el propósito esencial de la Primera Enmienda: que para que las personas puedan gobernarse a sí mismas necesitan no solo la libertad de expresión política sino también la integridad representativa del proceso electoral.

Evidentemente, el papel desmesurado del dinero en la política estadounidense no es nada nuevo. En 1883, Henry George, uno de los economistas políticos más populares de la época, escribió que “el gobierno popular será un fraude” mientras “las elecciones se ganen utilizando el dinero y no puedan ganarse sin él”. No está claro que con el dinero hoy se ganen tan fácilmente, dado que circula entre tantos candidatos, pero ¿alguien duda de que “no pueden ganarse sin él”?

El gobierno popular será un fraude mientras los comicios no se puedan ganar sin fondos

Lo que es una novedad en el papel del dinero es la dimensión y la falta de restricciones del gasto, desde la decisión sobre Citizens United y la aparición de los súper PAC. El Center for Responsive Politics tiene cifras que muestran que el gasto de dinero externo en las campañas presidenciales en 2004 y 2008 aumentó considerablemente, pero que en 2012 casi se triplicó; y todo indica que la tendencia no ha hecho más que empezar.

La historiadora estadounidense Doris Kearns Goodwin afirma que la proliferación de candidatos republicanos, tanto que ni siquiera caben en el escenario cuando hay un debate televisado, se debe, al menos en parte, a la facilidad de los ricos y las empresas para proponer a sus propios hombres... o a Carly Fiorina. Un análisis de The New York Times ha descubierto que más de la mitad del dinero recaudado por los candidatos republicanos hasta mediados de este año procede de unas 130 familias y sus empresas (en el lado demócrata, la cosa no está mucho mejor). Y el juez Goodwin, de California, ha pedido a sus conciudadanos que “luchen para revocar Citizens United”.

El catedrático de Derecho de Harvard y experto en Internet Larry Lessig ha ido más allá y ha presentado su candidatura con un programa único: limpiar la política estadounidense, con un proyecto de Ley de Igualdad Ciudadana que abarca la reforma de inscripción para votar, la manipulación de circunscripciones (gerrymandering), el sistema de voto y la financiación de las campañas. Cuando consiga esos modestos objetivos, presentará su dimisión y entregará el mando a su vicepresidente. Hace unos meses dijo que se presentaría si conseguía reunir más de un millón de dólares, cosa que ha logrado. Para ustedes o para mí no es una cantidad pequeña, pero el súper PAC de Jeb Bush, Derecho a Alzarse, prevé gastar 37 millones de dólares en televisión de aquí a que termine febrero. En definitiva, uno de los problemas de la reforma de la financiación de las campañas es... cómo financiar esa campaña.

Más de la mitad de los fondos recaudados por los candidatos republicanos proceden de 130 familias

Los espectadores de los programas televisivos de entrevistas y los lectores de los medios digitales quizá estén muy al tanto de la cruzada cívica de Lessig. Pero quienes sigan la política como hacen la mayoría de los estadounidenses, seguramente no tendrán ni idea. ¿Una movilización cívica en la Red frente a 4.400 millones de dólares en anuncios en televisión? Fue suficiente para detener un par de leyes mal concebidas sobre propiedad intelectual y piratería, pero aquello no era nada comparado con el partido que se juega ahora.

Por eso creo que ahora no se va a conseguir nada, pero ese no es motivo para no intentarlo. Winston Churchill dijo en una ocasión que los estadounidenses hacen lo correcto después de haber agotado todas las demás posibilidades. Todavía tienen cosas que agotar; me da la impresión de que el año que viene será peor, y 2020 quizá también, antes de que la situación empiece a mejorar. Pero la idea de que la influencia excesiva del dinero está perjudicando el bien democrático fundamental de la integridad representativa ya está entrando en la conciencia colectiva. Llegará el día, y será pronto. Los estadounidenses no son los únicos interesados en la salud de su democracia.

Timothy Garton Ash es profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, donde dirige el proyecto freespeechdebate.com project, e investigador titular en la Hoover Institution, Universidad de Stanford. Su último libro es Los hechos son subversivos.

Traducción de María L. Rodríguez Tapia.