Lo que nos une frente a lo que nos separa

Jugar con la cuestión de la nacionalidad es arriesgado.Además de razones jurídicas y prácticas, hay intereses sentimentales muy sensibles detrás de ello. Sobre todo en un país que, pese a la ya extensa andadura democrática, aún mantiene la memoria de una dictadura que procedió a la homologación de la nacionalidad española con los vencedores de la Guerra Civil. Y en paralelo se han realimentado identidades nacionalistas por contraposición a la española.

Aun así, en el momento de exacerbación del secesionismo en Cataluña, la encuesta de Metroscopia publicada el domingo pasado trajo la sorpresa de que un número muy amplio de sus ciudadanos (57%) son partidarios de la doble nacionalidad catalana y española —además de otro 17% que solo quiere tener la española—. Se trata de una hipótesis virtual, puesto que el derecho a esa doble nacionalidad se limita a una promesa de la campaña de Junts pel Sí. Pero muy reveladora, porque nada menos que el 46% de los votantes de la candidatura independentista se encuentran entre los partidarios de no perder la nacionalidad española (y el 58% de los de las CUP).

Es difícil saber con precisión si esos deseos responden al sentimiento de una doble identidad, de no poner en peligro los lazos personales y familiares con otros muchos españoles o si traducen una voluntad práctica de mantener el derecho al pasaporte o las prestaciones del Estado español. Lo cierto es que los datos proporcionaban un motivo magnífico para resaltar lo que nos une en vez de lo que nos separa. Sin embargo, el debate ha girado inmediatamente a la explotación electoral. Desde el Gobierno se da por hecho que, de consumarse la secesión, los catalanes perderían la nacionalidad española: así parece creerlo el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y lo afirma rotundamente su ministro José Manuel García Margallo, que ejerce de voz del Ejecutivo para asuntos de Cataluña. (Paradójicamente, dada su condición de responsable de Exteriores).

Expertos y abogados han sido consultados. Y no parece tan fácil ni automático perder la nacionalidad española. La Constitución incluye una prohibición tajante de privar de la misma a los españoles de origen. Algunos expertos dudan de cómo interpretarlo, alegando que esa Constitución se elaboró sin pensar en el supuesto de secesiones. Pero no es menos cierto que el Código Civil limita los supuestos de pérdida de la nacionalidad española y prevé que los españoles que residan en el extranjero y adquieran “voluntariamente” otra nacionalidad pueden evitar la pérdida de la española, siempre que en el plazo de tres años declaren su voluntad de conservarla.

¿Había necesidad de desatar esta polémica sobre un supuesto que muchos deseamos que no llegue a consumarse? La nacionalidad vincula a cada persona con la población de un Estado, eso es lo importante. Mejor habría sido aprovechar los deseos de tantos catalanes de seguir siendo españoles, para confirmar la voluntad de mantener juntos una convivencia positiva y constructiva.