¿Podría Cataluña ser Suecia?

El elemento más importante para una democracia sana es la información. Dada la tremenda politización de las partes en el asunto catalán, resulta muy difícil discernir entre el grano y la paja. Por eso los académicos juegan un rol tan importante. El Col.lectiu Wilson ha jugado un papel principal en el procés,ofreciendo mimbres intelectuales al discurso independentista. Es importante analizar hasta qué punto los deseos del Col.lectiu se corresponden con la realidad política.

En este artículo trato un argumento central (aunque poco discutido) del Col.lectiu y del independentismo. Este argumento se presenta en el punto 10 del último comunicado del grupo: “La independencia constituiría una oportunidad para acabar con las estructuras institucionales y económicas ineficientes y para establecer reglas del juego nuevas que permitirían hacer de Catalunya un país atractivo para la creación de riqueza y su disfrute”.

La idea del reset institucional es enormemente atractiva: en una Cataluña libre de las ataduras de Madrid, podríamos empezar de cero y diseñar unas instituciones como las de Suecia. Ese reset institucional es un argumento importantísimo en la justificación económica de la independencia: la evidencia demuestra que unas instituciones fuertes, imparciales y eficientes son la clave del crecimiento económico.

La lógica es muy sencilla: si la justicia es neutral y efectiva, hay más seguridad jurídica, aumenta la confianza y eso repercute en una mayor inversión. Si los contratos públicos se los llevan los mejores, y no los enchufados, se premia a las empresas más productivas. Si los reguladores garantizan la competencia y no protegen a los poderosos, las empresas compiten y los precios bajan. Si la administración es meritocrática y no politizada, los funcionarios y políticos se controlan mutuamente y hay menos corrupción. Las instituciones, en suma, son la clave para acercarse al modelo económico soñado del Col.lectiu Wilson: solamente con unas instituciones fuertes podremos revertir la tendencia de la bajísima productividad (la esencia del problema) que compartimos catalanes y el resto de españoles.

El coste de crear un nuevo Estado reduce a nada los supuestos dividendos de la separación

La pregunta central por tanto es: ¿ofrece la independencia el mejor camino para lograr ese objetivo? Veamos primero la situación de partida. En “calidad de gobierno”, un estudio del Instituto de Buen Gobierno de la Universidad de Göteborg encuentra que Cataluña está por debajo de la media de las regiones españolas, y más o menos a la altura de Portugal. En número de casos de corrupción, los datos ponen un poco mejor a Cataluña (por ejemplo en grandes casos de corrupción registrados por el CGPJ). Estas diferencias institucionales son difíciles de capturar, pero no es necesario convencer a ningún catalán de que los problemas de capitalismo de amiguetes y de corrupción son, al menos, tan graves en Cataluña como en el resto de España.

El siguiente paso es preguntarse si el panorama político de la independencia va a permitir construir esas mejores instituciones. En este momento el parlamento catalán está enormemente fragmentado. Tanto es así que Junts pel Sí no ha sido capaz de ofrecer un programa político compartido; ni tan solo de mínimos. La razón es sencilla. Los diferentes integrantes de la lista solo tienen en común una cosa: quieren la independencia. No están de acuerdo en ni una sola propuesta de reforma. Como sugieren Ferran Martínez y Luis Martí, en un post reciente en el blog Piedras de Papel: “parecería que la independencia es la mejora institucional en sí misma”. Un amigo lo resume de otra manera: “endavant, endavant, sense idea i sense plan”.

Los primeros cinco miembros de Junts pel Sí (Romeva, Forcadell, Casals, Mas y Junqueras) se repartirían el poder en un futuro Gobierno independiente, pero ¿coinciden las prioridades políticas de esos líderes con las instituciones y reformas que imagina el Col.lectiu?

Estas son algunas de las propuestas de reforma del profesor Jordi Galí (del Col.lectiu), en un artículo en EL PAÍS: “Una administración pública basada en la austeridad, eficiencia y servicio de calidad al ciudadano; un contrato laboral único indefinido; una fiscalidad sobre empresas y trabajadores que favorezca la inversión extranjera y la atracción de talento; la adopción del inglés como tercera lengua oficial”.

Artur Mas no ha hecho nada por promocionar esas reformas en sus mandatos, probablemente porque (como le sucede a PP y PSOE) su mochila de compromisos y favores no le permite alterar el statu quo de forma significativa. Romeva y Junqueras dudo que suscriban ninguna de esas propuestas. Y si añadimos a las más fervorosas nacionalistas Casals y Forcadell y a las CUP (que están abiertamente en contra de la UE y de la economía social de mercado), el panorama pinta más bien negro.

Artur Mas no ha hecho nada por promocionar reformas institucionales en sus mandatos

De por sí, aunque hubiera un amplio consenso, es difícil lograr cambios institucionales de fondo. Pero si ningún líder del supuesto nuevo país comulga con tus ideas reformistas y la mitad de la población no cree que en tu proyecto, entonces ese reset institucional es simplemente imposible. No se engañen, la independencia no ofrece ninguna solución al capitalismo de amiguetes, ni a la corrupción, ni tampoco a la baja productividad de Cataluña.

Y si la independencia no es una garantía de reformismo y crecimiento (sino probablemente de lo contrario), entonces el resto del castillo argumentativo de Wilson resulta mucho más difícil de defender fuera de los parámetros identitarios. Particularmente porque entonces las cuentas del dividendo fiscal de la independencia tendrían que ser más grandes que los costes de transición hacia el nuevo Estado. En otras palabras, si no hay una mejora en las instituciones y la productividad de la economía como resultado de la independencia, entonces lo única ventaja económica de la independencia es lo que dejamos de “pagar” a España.

No entraré aquí a discutirlo, pero si el “expolio” fiscal no es tal y a los hipotéticos 16.000 millones anuales de dividendo, le restamos todos los gastos de creación de un nuevo Estado; la pérdida de empresas y bancos que decidirían cambiar su residencia fiscal; el aumento de costes de financiación por intereses (de un Estado con el único historial crediticio de haber hecho default sobre España); la huida de capitales por la incertidumbre sobre la pertenencia al euro y la solvencia; los costes del efecto frontera, de la pérdida de sinergias comerciales y de un potencial boicot comercial español… entonces los potenciales beneficios de la independencia se reducen a prácticamente nada y el argumento económico para la independencia queda desmontado.

Llegados a este punto, quizás los catalanes deberíamos plantearnos otra pregunta: ¿no sería más fácil intentar reformar juntos España para lograr las instituciones y la economía que todos queremos?

Antonio Roldán Monés es candidato de Ciudadanos al Congreso y coautor, junto a Luis Garicano, de Recuperar el futuro: Doce propuestas que cambiarán España. @toniroldanm