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Para casos como este existen los indultos

El Consejo de Ministros ha valorado las "circunstancias sociales relevantes" en el caso de Josefa Hernández

Ha pasado cuatro días en prisión por negarse a demoler la vivienda que levantó en un paraje protegido de Betancuria (Fuerteventura) y, ayer, el Consejo de Ministros le concedió el indulto. Josefa Hernández, de 62 años, se ha hecho en solo una semana tan familiar que ya es conocida como “la abuela de Canarias”. Su caso ha despertado una oleada de simpatía entre los ciudadanos, los partidos políticos y las instituciones. Y ha movilizado a más de un ministro. Entre todos los miembros del Ejecutivo, los más activos han sido el titular de Industria, el canario José Manuel Soria, que ha clamado por su libertad, y el de Justicia, Rafael Catalá, que desde el primer momento abogó por la concesión del indulto.

Es en casos como el de Josefa Hernández en los que esta figura —gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena— cobra todo su sentido. A la hora de concederle el indulto han pesado “circunstancias sociales relevantes”. La mujer tiene a su cargo a dos hijos, uno de ellos con discapacidad, y tres nietos. Se entiende que su permanencia en prisión tendría un impacto muy negativo en su familia. No obstante, la gracia ha llegado cuando ya la Audiencia de Las Palmas había revocado el auto de la juez que ordenó su ingreso en prisión por un delito de desobediencia.

Además, se trata de un indulto parcial, que afecta exclusivamente a la pena privativa de libertad (los seis meses de cárcel a los que fue condenada en 2012), pero el fondo de la cuestión sigue en pie: tendrá que demoler las obras que realizó ilegalmente en su vivienda, ubicada en una parcela que heredó de su padre, en el parque rural de Betancuria. En realidad, la sentencia solo la obliga a derrumbar las áreas ampliadas en los últimos años, cuyas obras fueron rápidamente detectadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Y de ahí, a juicio. El Gobierno ha querido dejar claro que la ley hay que cumplirla, y las obras ilegales, demolerlas.

Eso no ha impedido que en estos días se hayan oído voces que consideren “desproporcionada” la orden de prisión de Josefa Hernández. Hay también quienes han visto un “agravio”, a tenor de ejemplos de irregularidades urbanísticas que proliferan en el litoral español, desde Galicia hasta Canarias, pasando por todo el arco mediterráneo. El Algarrobico, la gran mole hotelera levantada en Almería, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, es el gran emblema de los abusos.

Según la reforma de la Ley de Costas diseñada por Miguel Arias Cañete, hasta 140.000 viviendas del litoral construidas en zona de servidumbre podrían acogerse a la amnistía de obras. Y unas 12.000 casas ubicadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, quedar regularizadas, además de centenares de restaurantes, chiringuitos y hoteles. Aunque “la abuela de Canarias” ha sido indultada, para su humilde casa no hay amnistía.

 

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