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Presupuesto confuso

El Gobierno sigue sin concretar los criterios de política económica en 2016

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 responden a una primera anomalía, que es la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy de aprobarlos apresuradamente aunque no se sepa quien los gestionará después de las elecciones generales. Tan férrea decisión solo puede responder a motivos electorales. Economía y Hacienda han acelerado el paso para poner a disposición del presidente un instrumento más de captación de votantes. Esta circunstancia bastaría para explicar el aumento del gasto social el año próximo (3,8%), la mejora del sueldo de los funcionarios y la pretensión de restaurar la paga extraordinaria que se les eliminó en 2012.

El problema es que detrás de esta fachada social (en términos globales; ya se verá cómo se desarrolla en las partidas de gastos) hay poca acción económica sustancial. Calcula Hacienda que ahorrará 2.000 millones en gastos financieros y 5.500 millones por la disminución del número de parados. Conviene recordar que la tasa de cobertura del desempleo está en mínimos, con lo cual cabe la duda de si los ahorros proceden del descenso del paro o de la desprotección social. El Presupuesto es el mejor lugar para que el Gobierno explique cuál es el nivel de protección social que quiere mantener, porque no es aceptable ahorrar a costa de la cobertura social. Pero no parece dispuesto a comprometerse en un plan articulado y cuantificable al respecto.

Los márgenes de ahorro mencionados permiten suponer que el Gobierno dispondrá de algún espacio para incentivar la economía (vía inversión). Pero de nuevo se desconocen, más allá de generalidades sin valor, los propósitos del Ejecutivo en cuanto a su disposición para utilizar el presupuesto como instrumento de política económica. La reactivación de la economía (el crecimiento del segundo trimestre está en tasas anuales del 3,1%) proporcionará un aumento superior de los ingresos del Estado. Estamos a la espera de conocer cuánto de esa mejora fiscal irá a parar a la corrección de la deuda, a financiar más protección social y a incentivar la economía. Y sobre todo, esperamos saber a qué criterios obedecería ese reparto. De las cuentas y las explicaciones ofrecidas no se desprende que el Presupuesto de 2016 tenga un objetivo preciso, y menos de política económica, salvo, lógicamente, el electoral.

Queda, además, una cuenta por cuadrar. El año próximo el déficit público comprometido con Bruselas tendrá que bajar hasta el 2,8% del PIB (desde, en teoría, el 4,2% de este año). Ni los aumentos de gasto social ni los de personal son coherentes con ese propósito. Hacienda tendría que explicar, con números indiscutibles, cuál es la profundidad del ajuste (del Estado central y de las comunidades) que se ha ejecutado en 2015, cuánto es el que queda pendiente para 2016 más el que corresponda al ejercicio, cuánto se compensará con el aumento de los ingresos y dónde se recortará, si fuera necesario, el gasto. El Ejecutivo se limita a describir un mundo feliz en el que el déficit, la subida del gasto social, el aumento del gasto de personal y las inversiones quedan garantizados mágicamente por la subida de ingresos fiscales; y eso después de una rebaja de impuestos.

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