La prioridad del empleo

En España, las políticas activas de empleo se han limitado casi siempre a declaraciones de intenciones o a esquemas confusos, generalmente descoordinados, de subvenciones o bonificaciones a la creación de puestos que durante decenios han demostrado una ineficacia total para el propósito que fueron creadas. No es casualidad que el Ministerio de Trabajo nunca haya ofrecido un informe serio sobre la rentabilidad de cada ayuda o bonificación; simplemente se iban acumulando en estratos legislativos como capas muertas, sin finalidad ni seguimiento útil.

La idea del PSOE de “refundar el sistema público de empleo” es ambiciosa y obliga a mucho. La propuesta de suprimir las bonificaciones es razonable, puesto que se ha demostrado que ese no es el camino para crear o facilitar el empleo. De hecho, hay muy pocas vías para hacerlo y la única segura es aumentar la demanda e inducir un aumento de la producción. Si se quiere practicar una política activa eficaz de empleo, el camino es convertir las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (antes INEM) en agencias dinámicas de colocación; hasta ahora han operado como ventanillas para anotar parados. Para ello, hay que conferirles recursos humanos y financieros, cambiar la mentalidad de sus empleados, crear protocolos de seguimiento de todos y cada uno de los parados y romper la inercia laboral española, muy condicionada por la propiedad de la vivienda, a la inmovilidad geográfica.

Las propuestas socialistas son todavía demasiado genéricas para dar pie a un análisis consistente. Pero es evidente que, en términos genéricos, la gestión del empleo por las autonomías será más eficaz —siempre que exista un seguimiento unificado de los planes y actuaciones— que una centralizada; y que la prestación debe ir unida a la formación. La cuestión es cómo y con qué recursos se afrontan las nuevas políticas activas de empleo. Deben ser algo más que un lavado superficial de cara y la marca sin contenido que han sido hasta ahora.