Influencias y favores

Hasta el momento, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato adjudicado sin concurso público por las cámaras de comercio al despacho Equipo Económico, SL (EE, fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2006) y la adjudicación de dos millones de euros aprobada por la empresa Madrid Network al mismo despacho del ministro han merecido esto: un silencio pertinaz, algunas vagas explicaciones personales en las que abundan las pérdidas de memoria (que no son el medio adecuado para aclarar un caso de presuntas irregularidades administrativas) y un comunicado exculpatorio, emitido por EE, en el que, una vez más, los hechos básicos se confunden con una larga y estéril cambiada legal.

La explicación de EE aclara bien poco sobre el contrato con Madrid Network. Nadie ha puesto en duda su derecho a contratar con cualquier entidad; pero, en cuanto a su interpretación de que Red de Parques y Clusters de Madrid (antiguo nombre de Madrid Network) sea una empresa que opera bajo las reglas del derecho privado, merece una consideración que sí es pertinente para delimitar si hubo o no trato de favor hacia EE. Madrid Network se financia en gran parte con dinero público: por tanto, sean cuales sean las reglas de decisión sobre los contratos, tiene que dar explicaciones sobre el destino del dinero que gasta cuando los representantes públicos las solicitan. Las entidades públicas de derecho privado no están exentas de las normas de transparencia, aunque a EE, presidida por un exsecretario de Estado (también con Montoro), le cueste admitirlo.

A la espera de que el ministro de Hacienda ofrezca su versión y de que Madrid Network detalle la relación de contratos con empresas de servicios que ha solicitado la oposición en la Asamblea de Madrid, los hechos —desde la ausencia de concurso público en el contrato con las Cámaras hasta la circunstancia de que Antonio Beteta, presidente de Madrid Network, fuera nombrado después secretario de Estado de Administraciones Públicas en el equipo del ministro actual— justifican una investigación sobre si hubo o no trato de favor hacia EE gracias a la influencia de su fundador.

Y esa investigación debe conducirse por dos vías. La primera, la judicial, puede iniciarse —si lo estima la Fiscalía Anticorrupción— en el caso del contrato con las cámaras. La segunda es política. El ministro tiene que explicar en el Congreso y ante la opinión pública sus relaciones con EE, antes y después de dejar la sociedad. La explicación política obliga también de lleno a Antonio Beteta, en este caso ante la Asamblea de Madrid. El detalle de sus aclaraciones debería incluir las razones por las cuales se contratan con empresas privadas tareas de análisis y asesoramiento que tendrían que estar incluidas en las retribuciones de los funcionarios públicos. Quizá no hubo solo trato de favor, sino también despilfarro de recursos públicos en favor de negocios privados y en perjuicio de otros gastos necesarios.