Andorra y el virus

No es extraño que la banca de un pequeño país que apenas acaba de abandonar su condición de paraíso fiscal se vea envuelta en un grandioso escándalo de blanqueo de capitales. Pero es menos frecuente que eso suceda al mismo tiempo —como en el caso del grupo Banca Privada d’Andorra/Banco de Madrid— que se desvelan los flujos de tres poderosas mafias internacionales (de origen chino y ruso y del chavismo venezolano), amén de trapicheos como los de la familia Pujol.

Y todavía lo es menos que el asunto acabe perjudicando al país vecino como sucede con la filial de BPA, el Banco de Madrid. Para España lo complicado del caso es que pone en cuestión la celeridad y la calidad de la actuación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de Economía. El discurso del ministro de que el virus andorrano no contagiará al sistema español es sensato, pero ¿por qué no se evitó antes incluso el mínimo rebote registrado? Su inspección había detectado graves irregularidades en julio de 2014; ¿por qué no las notificó hasta el estallido del asunto, provocado por las investigaciones del Tesoro estadounidense?

La actuación del Tesoro en la detección de los flujos financieros vinculados al terrorismo, el narcotráfico y las grandes redes, que se ha sustanciado en cuantiosas multas a pequeños y grandes bancos desde el atentado contra las Torres Gemelas, ha sido beneficiosa para norteamericanos y europeos. El principal interrogante versa sobre la —aparentemente— escasa coordinación.

Para Andorra, el golpe reputacional y financiero es enorme. Porque los corralitos financieros no han menudeado en Europa a excepción del caso chipriota; porque el sistema financiero es columna vertebral de la economía andorrana; y porque BPA supone más de un quinto de ese sistema.

Pero, además, los efectos del escándalo desbordan la economía privada. En los años de crisis, el Estado andorrano creó unas mínimas redes de bienestar e infraestructuras que habían sido tradicionalmente inexistentes; dada la nula presión fiscal, los financió con deuda colocada en la banca local, de modo que si la crisis del sistema financiero aumenta, lo que se pondría en juego sería la propia pervivencia del Estado, que solo en los últimos años ha emprendido un lento esfuerzo de modernización.

Para asegurar la estabilidad, Andorra debe establecer cortafuegos entre la entidad dañada y el resto. Y acelerar la transparencia, el fin del secreto bancario y el intercambio total de información con los países vecinos para perseguir no solo la criminalidad organizada sino también los delitos fiscales. Cuanto antes lo haga, más vacunado quedará el país de las malas afecciones del pasado. Quizás todo eso no sea suficiente. Pero es indispensable.