¿Qué hacías vos el día que detuvieron a Pinochet?

Por Ignacio Jovtis, responsable del trabajo sobre jurisdicción universal en Amnistía Internacional España

Recuerdo perfectamente qué estaba haciendo el 16 de octubre de 1998, cuando supe que Pinochet había sido detenido en Londres tras un requerimiento de la justicia española. Era primavera en Mar del Plata (Argentina) y estaba a punto de entrar a clase de Derecho Penal, Facultad de Derecho. La tele de la cafetería daba la noticia. Me acuerdo también de que salían varias noticias de una organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, que insistía en la necesidad de terminar con la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, y que mencionaba mucho un término que aún no sabía bien qué significaba: Jurisdicción Universal.

En el 98 recién comenzaba a estudiar la carrera y luchaba con el Derecho Romano que se me daba muy mal. Lo que menos me imaginaba era que diez años más tarde estaría trabajando para Amnistía Internacional en Londres; y que, 16 años después, sería el responsable de la organización en España sobre “jurisdicción universal”, esa palabra que posiblemente escuché por primera cuando se produjo el arresto de Pinochet.

Claro, en aquel momento se podía intuir que aquel acontecimiento era importante; pero a veces el transcurso del tiempo sirve para entender su verdadera relevancia y hacer justicia histórica: la detención del general Pinochet cambió para siempre la idea de justicia internacional.

Imagínense: un juez español le pide a un juez inglés que detenga a un ciudadano chileno por delitos (en este caso, tortura) que se habían cometido, no en España ni en Inglaterra, ¡en Chile!

El principio de jurisdicción universal ya existía y de hecho se encuentra reconocido en el derecho internacional desde hace muchísimos años. Sin embargo, empezaba a hacerse realidad y cristalizaba la esencia de la jurisdicción universal: una herramienta que tienen los jueces de todo el mundo de investigar las graves violaciones de derechos humanos (como crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, tortura o desaparición forzada) con independencia de la nacionalidad del autor o del lugar donde se haya cometido el delito.

Y España, en el centro de la escena. Había impulsado la investigación y era la primera vez que se detenía a un exjefe de gobierno sobre la base del principio de jurisdicción universal. España se convertía en un faro de esperanza para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos durante las dictaduras en Chile, Argentina... en toda América Latina.

En su tiempo también España ha sido referente también para que varios países (europeos y de otras regiones) incorporen este principio en sus legislaciones. En la actualidad, un total de 163 Estados (más del 80%) tienen una legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal para distintos delitos.

Pero desde hace unos años, España pasó de la cabeza al furgón de cola. En 2009 el Parlamento aprobó una reforma que limitaba el principio de jurisdicción universal; y en marzo de 2014, se realizó la segunda reforma, todavía más dura que la primera, que limita más la aplicación de la jurisdicción universal en España, y que coloca a quien fuera el faro de la jurisdicción universal en la delicada situación de estar incumpliendo diversas normativas y tratados internacionales aprobados y ratificados.

En estos días coordino el trabajo de Amnistía internacional que analiza esta reforma (algo que ni imaginaba en la primavera del 98 en Argentina, en la cafetería de la Facultad, viendo las noticias sobre la detención de Pinochet) y que llega a conclusiones alarmantes: La reforma llevada a cabo en España es un retroceso sustancial en la obligación de investigar, perseguir y sancionar las más graves violaciones de derechos humanos. Por eso, y ante una legislación tan preocupante, los jueces no deberían aplicar la Ley Orgánica que ha reformado la aplicación del principio de jurisdicción universal en España. Deberían hacer valer este principio, vigente por encima de cualquier otra ley, incluida la Constitución. Porque defender la jurisdicción universal es un acto de verdadera justicia además de una seria advertencia para los criminales más despiadados: no habrá sitio seguro para ellos en ningún lugar del mundo.