Dureza con el fraude

Instalar la idea de que el delito fiscal conduce a la cárcel es una advertencia importante para la parte de la población que incumple sus obligaciones tributarias. De ahí la importancia de las noticias publicadas por este periódico, que dan cuenta de un aumento del número de personas encarceladas por delito fiscal: 144 actualmente, frente a las 82 de 2012.

España tiene que dejar de ser un país de jauja para los delincuentes tributarios. La duda es si esos resultados son realmente el fruto de una estrategia precisa y coordinada. La Fiscalía del Estado ha aclarado que no existe ninguna indicación genérica para perseguir el delito fiscal, y cabe preguntarse el porqué de esa actitud. Sí se dispone de explicaciones sobre el empuje de la abogacía del Estado y el mayor grado de conciencia adquirido por los jueces, que ya no aceptan lo que ayer se toleraba o se trataba como una simple infracción.

Pero tales cambios tampoco garantizan un trato igual respecto a otras circunstancias. Así, algunos tribunales no suspenden la entrada en prisión de los condenados a penas inferiores a dos años, pero otros continúan haciéndolo incluso con sentencias más graves, como la Audiencia de Castellón, que ha permitido la libertad de Carlos Fabra —expresidente de la Diputación de esa provincia— mientras se tramita una solicitud de indulto para el condenado.

Dejar de abonar los impuestos merma la bolsa común, y eso se traduce en falta de recursos con los que sufragar los servicios a la colectividad. Las personas de notoriedad pública pilladas en falta han acelerado el rechazo social, si bien unos cuantos nombres de famosos no lo explican todo, porque defraudar se había convertido en una actividad demasiado comprendida en la sociedad y excesivamente compartida. Los ciudadanos cumplidores hacen bien en no soportar más a los que se valen de cualquier artificio para esconder dinero al fisco.

España necesita corregir la sospecha de ser uno de los países de la Unión Europea con mayor proporción de su actividad escamoteada al control fiscal; y debe cerrar los portillos por los que los grandes contribuyentes se cuelan para minimizar su contribución a las arcas públicas. Combatir las zonas negras de la economía tiene que convertirse en un objetivo prioritario de la sociedad y de sus instituciones.